Una causa por lavado de dinero proveniente del robo a desaparecidos en dictadura irá a juicio

El juez Ramos Padilla concluyó la investigación que indica que los familiares de un represor esconden el origen del dinero con el que se compró un terreno en Chascomús.

(Foto: twitter)
20 de julio de 2020

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía federal de Dolores pidieron la elevación a juicio por presunto “lavado de activos” de represores de la última dictadura que se enriquecieron con propiedades de detenidos-desaparecidos fraguando operaciones inmobiliarias supuestamente consentidas por secuestrados en centros clandestinos de detención y torturas.

El pedido de elevación a juicio fue realizado en el marco de una causa que tramita en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, y que está caratulada “Castro, Juan Eleodoro y otros S/imposición de torturas”.

En ese expediente se investigan, entre otros delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad, la compra de unos terrenos en la localidad bonaerense de Chascomús por parte de Leonardo Miguel Save, ex agente inorgánico de inteligencia e integrante de la banda del difunto represor Aníbal Gordon, quien estaba virtualmente a cargo de a SIDE durante la dictadura.

El dinero para la compra de la propiedad, que fue adquirida a un valor muy por debajo del de mercado, fue obtenido –según la acusación- de presos políticos uruguayos detenidos en el centro clandestino conocido como Automotores Orletti.

De acuerdo con la acusación, la operación se concretó en octubre de 1976 con fondos robados en un operativo ilegal en la vivienda de Alberto Cecilio Mechoso Méndez, miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), de la Federación Anarquista Uruguaya y de la Organización Popular Revolucionaria-33 Orientales.

“Pocho” Mechoso Méndez había sido secuestrado poco antes de la operación inmobiliaria ahora bajo investigación, a fines de setiembre de 1976, y sus restos sólo fueron identificados por el Cuerpo de Antropología Forense en 2012.

La acusación apunta a los hijos de Save, María Natalia, Ana María, Marcelo Leonardo y María Eugenia, a quienes la fiscalía les imputa manejos financieros en los últimos 20 años con el objetivo de diluir la trazabilidad de la operación inmobiliaria en Chascomús.

La UIF se presentó como querellante en el expediente “siguiendo los nuevos lineamientos de política criminal del organismo y retomando el impulso procesal en causas donde se analiza el lavado de activos en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-económico-militar”, según explicaron voceros del organismo.

Idéntica actitud adoptó la UIF en otras causas similares seguidas, entre otros, a Jorge “El Tigre” Acosta y Jorge Vildoza, dos feroces represores acusados por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención que funcionó en la ESMA.

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