La extraña y dudosa muerte del concejal opositor de Caracas, Fernando Albán, al caer al vacío desde un décimo piso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) el pasado lunes, removió unas aguas que el gobierno de Nicolás Maduro había logrado tranquilizar, al menos temporalmente, tanto en el frente interno como en el plano internacional. El «suicidio» según la versión oficial, o «asesinato» en la mirada de la oposición venezolana del dirigente de Primero Justicia acusado de participar del intento de magnicidio del 4 de agosto pasado, reanimó a las alicaídas fuerzas opositoras en Venezuela y dieron un nuevo argumento a los frentes regionales que acusan al gobierno chavista de violar los Derechos Humanos.

Albán fue detenido el 5 de octubre al regresar de un viaje a Nueva York. Desde entonces estuvo incomunicado. La información oficial afirma que cuando iba a ser trasladado al tribunal, en un alto en «la sala de espera del Sebin», se levantó de pronto diciendo que iba al baño y «se lanzó por una ventana de las instalaciones cayendo al vacío, ocasionándole la muerte», según el ministro del Interior Néstor Reverol. El hecho generó numerosas suspicacias debido a que un acusado por tales crímenes debía haber sido custodiado con mayor rigor. «Hay responsabilidad de la custodia», reconocen en sectores cercanos al gobierno. Aunque rechazan las imputaciones de la oposición y sus aliados internacionales, la investigación apuntaría a los jefes de la custodia.

La Asamblea Nacional de mayoría opositora clamó a la ONU y a la OEA por la designación de un grupo de expertos para investigar el caso. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya anticipó su posición. «Condenamos la muerte de Fernando Albán, responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela», tuiteó. Algunos gobiernos también se pronunciaron, pidiendo una investigación «independiente, clara y transparente», como los de España y Brasil. Países integrantes del Grupo de Lima, entre ellos Argentina, emitieron un comunicado en el que urgen «al gobierno de Venezuela a realizar una investigación inmediata, imparcial e independiente, con aval internacional, para esclarecer los hechos y circunstancias que han ocasionado este terrible deceso y adoptar las medidas que correspondan». Según supo este diario, la Cancillería argentina se comunicó directamente con la Embajada de Venezuela en Buenos Aires para pronunciarse en este mismo sentido. Por su parte, el gobierno de Colombia, al que Maduro responsabiliza de acciones en su contra, acaba de otorgar la condición de refugiado al diputado opositor Julio Borges, quien se encuentra allí desde febrero autoexiliado tras el fracaso del diálogo en su país. La declaratoria implica, entre otras, que no debe ser expulsado o retornado a su país, donde se supone que su vida y libertad corren riesgo. Borges tiene una alerta roja de Interpol pedida por el gobierno bolivariano, por considerarlo partícipe de la planificación del atentado con drones de agosto.

Borges, del mismo partido de Albán, fue uno de los primeros en denunciar la muerte de quien llamó su «amigo» y se la adjudicó a los funcionarios del SEBIN. Sin embargo, para el chavismo más fundamentalista, es una pieza clave en el supuesto suicidio.

«Fernando Albán fue traicionado por Julio Borges, quien le dijo que se viniera a Venezuela para no levantar sospechas, por su colaboración en la planificación y ejecución del magnicidio frustrado. Al verse traicionado por Borges, intentó escapar por una ventana, cayendo al vacío y perdiendo la vida», publicó el sitio del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En ocasión de su visita a la Argentina para participar del Foro de Ministros de Medio Ambiente de Latinoamérica y el Caribe, el ministro de Ecosocialismo de Venezuela, Heryck Rangel, quien también ocupa un importante lugar en la dirigencia partidaria, opinó que «estamos en un momento de consolidación de la paz que es el elemento necesario para que triunfe la revolución económica. Entonces, ¿a quién le beneficia esta muerte? ¿Es que acaso el gobierno bolivariano va a atentar contra este esfuerzo monumental que estamos haciendo de recuperar la economía?», dijo a Tiempo.


Retornos desde Argentina
Cerca de 90 venezolanos retornaban esta madrugada a su país desde la Argentina, en lo que constituyó la segunda edición de la implementación local del plan Vuelta a la Patria, instrumentado por el gobierno de Nicolás Maduro. Al igual que en la primera ocasión, a mediados de septiembre, el vuelo enviado de Caracas partió desde el aeropuerto de El Palomar, con algunas dificultades que para los chavistas son obstáculos impuestos deliberadamente por el gobierno argentino. «No entendemos por qué no podemos hacerlo desde Ezeiza y en una hora más cómoda, evidentemente no quieren que se dé a publicidad», comentó por lo bajo un diplomático.
Desde agosto pasado, el plan de regreso a Venezuela estableció puentes aéreos desde Argentina, Perú, Ecuador, Chile y Panamá, y corredores viales desde Brasil y Colombia. Según el gobierno se realizaron hasta hoy «7000 repatriaciones». El programa se desarrolla en un contexto de migración de venezolanos a países de la región, debido a lo que los sectores críticos del gobierno califican de «crisis humanitaria», algo que el oficialismo venezolano niega.