Existen las tendencias de época, las corrientes y contracorrientes, los puntos de clivaje.

Esta semana, un ministro del Tribunal Superior de Brasil anuló todos los procesos contra Lula. Fue una decisión a tono con la tradición de los sectores dominantes brasileños. Son más concentrados que los argentinos y a la vez más capaces de dar un giro para acomodarse a un cambio de corriente que olfatean. Esta decisión judicial es un punto de clivaje regional para el lawfare. Esa práctica autoritaria con la que la derecha intenta la restauración de los modelos económicos y sociales que ya fracasaron.

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Esta semana, el presidente Alberto Fernández reconoció en una entrevista en el canal C5N que su primera apuesta con el Poder Judicial era que pasara algo parecido a lo que está ocurriendo en Brasil. Es decir: que la propia corporación encuentre un camino para desmontar la práctica autoritaria de la que fue parte. La Corte argentina podría haberlo hecho, por ejemplo, aceptando revisar el juicio amañado con el que se condenó a Boudou. No lo hizo.

Alberto también recordó en ese reportaje que el expresidente Raúl Alfonsín había apostado, al inicio de su mandato, a que los militares revisaran los crímenes brutales que habían cometido. No pasó. Eso empujó un proceso histórico por el que la Argentina es reconocida en el mundo entero: el juicio a las juntas en tribunales civiles.

Las comparaciones históricas son complejas. No es posible equiparar el lawfare con el terrorismo de Estado y su maquinaria de tortura, de robo de bebes, de aviones que tiraban personas al mar. Pero mirar algunos aspectos de aquellos años sirve para describir el presente.

En la campaña previa a las elecciones que ganó Alfonsín, el peronismo liderado por Ítalo Luder defendía la autoamnistía que se había otorgado los militares por sus crímenes. Alfonsín proponía el juzgamiento. Este fue uno de los motivos-no el único-por el que el caudillo radical ganó con casi el 52 por ciento de los votos.

Ante el resultado, el peronismo, que se sentía invencible en el terreno electoral, profundizó las tensiones internas que ya tenía. No se volvió un defensor de la autoamnistía ni un detractor del juzgamiento a los criminales de la dictadura. El Juicio a las Juntas contó con un consenso muy amplio de las fuerzas políticas mayoritarias.

Con el lawfare (ya se dijo que no se lo está comparando con el terrorismo de Estado) no ocurre lo mismo. La coalición Cambiemos es defensora de esta práctica, al menos en su mayoría. En primer lugar niega que ocurra.  Hay un “partido del lawfare”. ¿Hubiera sido posible el Juicio a las Juntas si una de las fuerzas mayoritarios se hubiera opuesto de modo sistemático? No hay forma de dar una respuesta. La incógnita sirve para entender que no es tan sencillo reformar el Poder Judicial y desmontar la máquina del lawfare si una coalición que sacó el 40% lo defiende.

Lo que pasó en Brasil es un punto de clivaje regional para avanzar, con todas las dificultades que se mencionaron, en la batalla política y cultural contra el lawfare. Es ahora o nunca.