Durante el juicio al carnicero Daniel Oyarzún –por perseguir y atropellar con su automóvil a un ladronzuelo en fuga que después fue rematado por una turba de vecinos–, su defensor, al finalizar el alegato, hizo con los ojos un travelling sobre el jurado (12 ciudadanos elegidos al azar) y soltó: “Jamás olviden que Daniel es uno de ustedes”. Sin duda el tipo había dado en el clavo. ¿Cuántas de aquellas buenas almas hubieran actuado así en una circunstancia similar? Lo cierto es que esa frase bastó para que su cliente fuera absuelto.

En cambio, el equipo de abogados del jubilado “justiciero” de Quilmes, Jorge Ríos –que sacudió a la opinión pública por la ejecución a quemarropa de un malhechor–, no parece iluminado por una estrella tan venturosa. Porque a solo dos semanas de tomar el caso se vio envuelto en un súbito cisma que ya provocó una baja entre sus miembros. Y en la escandalosa denuncia de una testigo “por intimidación sexual” contra otro de los letrados. Claro que a estas situaciones se le suma un estigma no menor: la reaparición de quien fuera el ideólogo macrista del gatillo fácil. 

Bien vale explorar estas historias transversales.

El 27 de julio Ríos hizo declaraciones televisivas por Zoom, escoltado por dos de sus abogados. Poco antes, el tercero, Hugo Icazati, se presentaba en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Quilmes para formalizar su abdicación a la causa. Fue  luego de enterarse, al ver un noticiero, que su socio, Marino Cid Aparicio, había designado a otro codefensor con “un enfoque muy distinto a la visión del Derecho que tiene este letrado”, tal como consignó él en su renuncia.

“¡Falso!”, exclamó Cid Aparicio, en diálogo con Tiempo. “A Icazati lo aparté yo porque se cortó solo al decidir de modo unilateral que el acusado se presentaría a indagatoria” Y aclaró: ¡El defensor en jefe soy yo!”.

Este hombre, más conocido como empresario agropecuario que por su labor en el campo de la abogacía, tiene otro problema: una mujer, citada en la fiscalía de Quilmes para declarar en la causa, lo acusó por “abuso psicológico de índole sexual”. El hecho habría sucedido en la sala de espera del tribunal. Según sus palabras: “Él se sienta a mi lado y me empieza a hablar de temas que no hacían al caso. En un momento dado, me pregunta si voy a la playa y si uso bikini. Mi incomodidad iba en aumento y cada vez sentía más el roce de su pierna. Quería irme, pero era importante mi testimonio”.

De acuerdo a la denuncia –presentada con el patrocinio de la abogada Valeria Carreras en la UFI 8 de Quilmes–, Cid Aparicio hasta le mostró en la pantalla del celular una escena de video con sexo explícito y le decía: “Mirá, mirá, no seas tonta”. Y tres días después la llamó con la presunta finalidad de informarle algo sobre la causa, pero de pronto quiso saber si estaba acostada.

Consultado por este diario al respecto, Cid Aparicio afirmó: “¡Mentira! El episodio nunca existió. Yo no soy de hacer esas cosas. En aquel pasillo hay cámaras de seguridad que probarán mi inocencia. Me ensucian por mi trabajo. Pero agradezco que, en vez de matarme, solo hayan urdido este embuste”.

Sin amilanarse por tal asunto, Cid Aparicio siguió fatigando estudios de TV junto a su nuevo coequiper. No era otro que el doctor Fernando Soto.

Este sujeto esmirriado y calvo, con ojillos que siempre brillan detrás de unos lentes sin marco, fue hasta el 10 de diciembre nada menos que director de Ordenamiento y Adecuación Normativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich.

Es posible que su figura sea siempre recordada por haber sido autor del “protocolo”, que habilitó el uso policial de armas letales hasta por la espalda,  ante cualquier clase de “peligro inminente”. Y entre otras hazañas fue de su cuño el “Plan Restituir”, cuya finalidad era “limpiar el honor” (y por ende, devolver al servicio activo) a uniformados que salieron airosos de causas por homicidios y torturas. Como si fuera poco, por orden de la ex ministra, supo a la vez asumir las defensas penales del prefecto Javier Pintos (el asesino de Rafael Nahuel en Bariloche) y del cabo Luis Chocobar, quien acababa de convertirse en una santidad viviente del Estado matador.

Soto era muy propenso a la acumulación de cargos y funciones. Tanto es así que también actuó de enlace con el FBI, además de ser el titular de la Dirección de Proyectos, Evaluación de Normas y Cooperación Legislativa. Paralelamente reportaba al Ministerio de Justicia por ser parte de la Comisión Nacional de Huellas Genéticas. Y era profesor en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Sin descuidar sus quehaceres como secretario del consejo administrativo de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, de cuya obra es fanático. Soto mismo, dados sus menesteres institucionales, podría haber sido un personaje de la Historia Universal de la Infamia.

Su ascensión ministerial fue fruto del ocaso de otro gran personaje, el ex jefe de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, quien dio un paso al costado cuando el juez federal Daniel Rafecas lo procesó por espiar a la familia de Santiago Maldonado.  

Soto seguía esta cuestión con una actitud entre discreta y ambiciosa.

La inesperada renuncia de Cané lo convirtió en el “garrote” de Bullrich, especialmente en las causas judiciales más sensibles. Entonces fue ungido –a través de resolución firmada por ella– con el cargo de apoderado ministerial. Y con los siguientes propósitos: impulsar urgentemente el cambio de carátula en el expediente sobre el caso de Santiago Maldonado (puesto que la figura de “desaparición forzada” causaba una mala impresión internacional) y perseguir como querellante –de acuerdo a dicho documento– a quienes “puedan resultar penalmente responsables por falsas acusaciones contra esta cartera y/o sus funcionarios”. Se refería, entre otros, a familiares de Santiago, a sus abogados y a periodistas. Eso mismo fue implementado en la causa por el asesinato del pibe Nahuel, donde solo fueron arrestados los dos muchachos mapuches que lo asistieron en su agonía.

A la vez –ya se sabe– Soto fue el arquitecto normativo de una limpieza punitiva. O sea: una especie de Adolf Eichmann en módica escala, abocado a la Solución Final de la delincuencia más precarizada.

Ahora comienza a brillar en el ejercicio privado de la profesión.