Tras el hallazgo y la identificación del cadáver de Santiago Maldonado, se abrió una nueva etapa en la investigación de su desaparición forzada. El juez federal Gustavo Lleral, el viernes por la noche, comenzó a despejar algunas dudas: “Se pudo determinar que no hubo lesiones en el cuerpo. Por lo menos, que fuera determinada por los peritos, quienes estuvieron de acuerdo en concluir sobre ello”. La noticia suma indicios pero no excluye ninguna hipótesis. Para eso habrá que esperar. 

Sin embargo, sectores afines al gobierno lejos de tomar esa información de manera neutral, tal como fue anunciada, la apropiaron como si se tratara de una prueba irrefutable de que el Estado nada tuvo que ver con su muerte. Como si la represión no hubiera existido y el gobierno no la hubiera azuzado.

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Los casos de Ezequiel Demonty, Franco Casco o Luciano Arruga, por mencionar sólo algunas víctimas de la violencia institucional, obligan a mantener la prudencia a la hora de sacar conclusiones respecto a lo que pasó con Santiago. Las diferentes pericias y estudios complementarios arrojarán resultados en las próximas semanas. Recién ahí se conocerá en qué circunstancias murió, cuándo habría ocurrido o cuánto tiempo estuvo el cuerpo sumergido.

Las precauciones que el juez Lleral está tomando desde el momento en que se hizo cargo de la investigación le brinda a la familia de la víctima las garantías suficientes de que por lo menos desde que se encontró el cadáver, el pasado 17 de octubre, las pruebas fueron resguardadas con el máximo rigor científico que todas las partes implicadas pudieron interponer.

De ninguna manera hoy se puede aseverar que el Estado nada tuvo que ver con su muerte cuando la misma se produjo en el marco de un procedimiento de una fuerza de seguridad que para el Ministerio de Seguridad y para el entonces juez de la causa, Guido Otranto, fue legal; mientras que para los organismos de Derechos Humanos fue irregular.

 Ezequiel Demonty

Ezequiel tenía 19 años, era cartonero y vivía en el Barrio Illia. El 13 de septiembre de 2002 fue secuestrado junto a dos amigos con quienes había ido a bailar a Constitución por una patota de la Policía Federal de la comisaría 34. Los acusaron de un robo, pero nunca los sometieron a trámites judiciales. El cuerpo del muchacho apareció flotando en el Riachuelo una semana más tarde. Según los testimonios de las otras dos víctimas, se pudo reconstruir que los agentes los torturaron y luego los obligaron a cruzar el hediondo Riachuelo. Ezequiel no sabía nadar y no logró hacerlo. Dos años más tarde, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 8 condenó a prisión perpetua a tres efectivos y a otros nueve sospechosos los sentenció a penas que van entre los tres y nueve años de prisión.

El caso de Franco Casco

Franco era un albañil de Florencio Varela que viajó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar a su familia. Se había instalado en la casa de su tía hasta que el 6 de octubre emprendió el regreso al sur del Conurbano Bonaerense. Mientras pretendía volver a su casa, alguien lo acusó de cometer un robo y selló su suerte, su asesinato. Tras permanecer 23 días desaparecido, su cuerpo fue encontrado por Prefectura Naval mientras flotaba en el Río Paraná, a la altura del Parque España. Por el caso, el juez federal Carlos Vera Barros detuvo 25 policías de la comisaría séptima de Rosario y otros cinco agentes de Asuntos Internos. Todos quedaron acusados de desaparición forzada de persona. Durante la investigación, se debieron practicar tres autopsias para poder establecer que la víctima había sido torturada antes de morir.

Luciano Arruga

Luciano tenía 16 años cuando el 31 de enero de 2009 fue a un Ciber de Lomas del Mirador y desapareció. Debieron pasar cinco años y ocho meses, para que el 17 de octubre de 2014, el Estado informara que el cuerpo del joven había sido enterrado como NN en el Cementerio de La Chacarita tras un accidente. En 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Matanza condenó a 10 años de prisión al policía de la Bonaerense, Diego Torales, por haberle aplicado “tormentos físicos agravantes” a Luciano unos cuatro meses antes de su desaparición, mientras permanecía detenido en el Destacamento de Lomas del Mirador. Esa sentencia judicial va en la misma línea de la hipótesis que siempre mantuvo la familia: que el chico era hostigado por los agentes de esa dependencia para que robara para ellos. Como se negó, comenzó la represalia. Incluso, la querella nunca descartó que el día del accidente Luciano no estuviera escapando de la policía. Esa causa, la de desaparición forzada, está inmóvil según denunció Vanesa Orieta, la hermana de la víctima, la semana pasada.