El presidente Alberto Fernández prorrogó, el viernes, por 180 días, la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dispuesta el 21 de diciembre de 2019, y ratificó al frente del organismo a Cristina Caamaño, cuya postulación fue remitida al Senado.

Entre los fundamentos de esta decisión se enumeran los mecanismos de transparencia de recursos puestos en marcha por la interventora, y los avances hacia la protección y sistematización de los archivos sobre la participación de la ex Side durante la última dictadura cívico militar.

A través del decreto 359/2021, Fernández destacó la puesta en funcionamiento de mecanismos de transparencia en el manejo de recursos e instruyó a profundizar las reformas implementadas por Caamaño, cuyo pliego para ser nombrada como directora general de la AFI fue enviado el 22 de junio de 2020 a la Cámara Alta.

“Las modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”, son mencionadas en el decreto firmado por el jefe de Estado como justificativo de la decisión.

En los fundamentos de la normativa, se destaca que durante la intervención se han “reducido las partidas confidenciales al mínimo indispensable y se ha generado un programa responsable de rendición de cuentas, lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información presupuestaria”.

Fernández también puso en relieve el proceso de puesta en funcionamiento de un mecanismo tendiente a enmarcar las actividades de los organismos de inteligencia en las prescripciones de la Ley de Protección de Datos Personales, “así como la de centralizar sus respectivas bases de datos en un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia”, subraya el decreto rubricado por el mandatario.

 Archivos de la dictadura

El decreto, además, remarca que la prórroga de la intervención permitirá “robustecer la excepcional tarea llevada a cabo en conjunto con organismos de Derechos Humanos”, más otras dependencias públicas, para “proteger y sistematizar los archivos obrantes en la AFI referidos al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por el Estado argentino”.

En ese punto, la norma que lleva la firma de Fernández y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, subraya que la sistematización y difusión pública de los archivos secretos de la exSide y de otros organismos de inteligencia durante la dictadura es “un histórico reclamo de las víctimas, sobrevivientes, organismos de DD HH y la sociedad en su conjunto”.

En efecto, en diciembre de 2020, durante la Marcha de la Resistencia, los organismos de Derechos Humanos presentaron al gobierno nacional un petitorio con casi 10 mil firmas en el que solicitaron la apertura de la totalidad de los archivos del terrorismo de Estado desde el año 1974 a 1983.

Ese mismo objetivo tuvo la reunión realizada el 6 de mayo pasado en la AFI con dos sobrevivientes de la ESMA, Carlos Loza y Carlos Lordkipanidse, integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman, en la que fue la primera vez que un organismo de Derechos Humanos ingresó a la AFI. Las conversaciones para avanzar en ese sentido junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación seguirán siendo uno de los temas de agenda prioritarios de la interventora Caamaño.

En otro párrafo de los considerandos, el decreto cuestiona los efectos producidos por un decreto anterior vinculado a la acción de inteligencia, el 656 de 2016 firmado por Mauricio Macri y Marcos Peña, que establecía un nuevo Estatuto para el personal de la AFI, modificaciones que fueron revertidas por la intervención.

“El citado decreto (por el 656) implicó un notorio retroceso institucional en la materia, que se ha traducido, en la práctica, en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AFI, que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”, cuestiona la norma publicada el viernes.  «