Un camarista amigo del gobierno hizo lugar a un pedido del gobierno para que la justicia federal no investigue al gobierno.

Así de brutal y ordinario como suena fue la operación que el lunes protagonizó el camarista federal Martín Irurzun, uno de los magistrados que más sintoniza con los deseos y necesidades del oficialismo.

De regreso a la actividad luego de la feria de enero -las largas vacaciones, junto a la elusión de impuestos, son algunos de los tantos privilegios que ostenta la famiglia judicial-, Irurzun le terminó de quitar al juez federal Sebastián Casanello la causa que debiera investigar los aportes truchos que financiaron las campañas electorales de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y la del propio presidente Mauricio Macri, entre otros candidatos del PRO.

Con su resolución, el juez completó la faena iniciada en octubre pasado, cuando ordenó remitir el grueso de esa investigación a la justicia electoral platense. El lunes le quitó a Casanello lo poco que le quedaba, de modo que ya no se investigará la presunta comisión de delitos penales -como sustracción de identidad y lavado de dinero-, y el caso será tratado como una simple contravención electoral.

Más barato imposible.

No es la primera vez que Irurzun se exhibe atado al gobierno. En octubre, poco antes de emitir el primer fallo sobre “aportes truchos”- el magistrado fue fotografiado en una mesa del bar Biblos, de Libertad y Santa Fe. Lo acompañaba Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, un conspicuo operador judicial del Poder Ejecutivo.

Simón tiene la destreza de operar en nombre de Macri y cultivar un vínculo amistoso con Elisa Carrió, autoproclamada “Fiscal moral” del gobierno y custodia de la integridad republicana dentro de Cambiemos. ¿Acaso la diputada -que comparte con varios magistrados de Comodoro Py el gusto por las largas vacaciones y los golpes de efecto judiciales- desconoce la tarea que desempeña su amigo Simón?

Carrió es pendenciera y tóxica, pero no tonta. De modo que también debe tener información, o al menos una buena hipótesis, sobre las razones que impulsaron a Irurzun -de origen radical, al igual que ella- a bajar del pedestal que habitaba luego de cuatro décadas exentas de escándalos para zambullirse en la ciénaga de Comodoro Py. Al respecto circulan historias de todo tipo. Y en muchas de ellas participan agentes de inteligencia. Carrió, que tiene informantes de sobra en esa cloaca, las debe conocer.

Autor de la “doctrina” que permitió ejecutar prisiones preventivas abusivas, entre otros servicios, Irurzun es convirtió en uno de los arietes más activos en la guerra judicial (“lawfare”) que el oficialismo libra contra opositores y críticos, en especial de cuño K. Desde el primer día de mandato, el presidente apoyó cada atropello judicial con hechos, gestos y una fingida prescindencia republicana, humo que esta semana se terminó de dispersar.

Cambiemos, está claro, no es una derecha moderna. Tampoco una ceocracia liberal y republicana. Es una restauración conservadora con todos los vicios y los tics de sus antecesores: destrucción del aparato productivo, sublimación de la explotación primaria y extractivista, ampliación de la brecha social y protección de los privilegios de élite. También, claro, usa las instituciones en beneficio propio, o para estigmatizar y perseguir opositores, como indica la tradición.