El exministro de Transporte Guillermo Dietrich y el exadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Javier Iguacel están en la mira de la justicia por el presunto desvío de más de los 1.300 millones de pesos que debían destinarse a realizar obras de seguridad vial.

La denuncia penal fue presentada por el diputado nacional del Frente de Todos  Rodolfo Tailhade. El diputado denunció penalmente obras que fueron firmadas por un convenio en 2017 entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la DNV. Eran para señalizar distintos tramos de las rutas nacionales 5, 7, 8, 22 y 34, instalar líneas vibrosonoras y agregar cartelería inteligente.

La cláusula cuarta del convenio establecía que la ejecución de las obras (en las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Salta) debía realizarlas la DNV. Y  que la ANSV aportaría los fondos necesarios.

Sin embargo, según documentó una auditoria de la Asociación Argentina de Carreteras, los trabajos que debían garantizar la seguridad de quienes transitan por estas rutas jamás se hicieron.

En ese sentido, Tailhade señaló: “Las obras no se realizaron y el dinero no está. Dietrich fue el recaudador de la campaña presidencial de Mauricio Macri. Iguacel compitió por la intendencia de Capitán Sarmiento. No resulta descabellado deducir que esos 1.300 millones de pesos fueron robados para financiar la campaña de Macri y sus secuaces”. “Además del daño económico contra el Estado, aquí estamos hablando de vidas humanas que se pierden por las obras que Dietrich e Iguacel no realizaron”, remarcó el legislador.

Según los números arrojados por la auditoría, de los más de $1.300 mil millones girados por la ANSV entre el 5 de diciembre de 2017 y el 9 de diciembre de 2019 (el último día del gobierno macrista), sólo se rindieron $ 8.2 millones. Es decir que se desconoce el destino final de prácticamente 1300 millones de pesos.

Además de estos dos exfuncionarios, también fue denunciado el exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Carlos Alberto Pérez. La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini. Investigará el fiscal Germán Pollicita.