Fue una semana agitada para el Poder Ejecutivo,sobre todo para Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad que fue parte del grupo que se ocupó de la redacción y el análisis puntual del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que envió el martes 17 el presidente Alberto Fernández al Congreso, junto al programa de los Mil Días.

«Fue un trabajo que no tenía que ver sólo con lo burocrático», aclara la ministra a Tiempo Argentino.

Para Gómez Alcorta no se habrá garantizado la democracia mientras el aborto no sea legal. «Espero que los legisladores garanticen ante todo una discusión democrática sobre esta ley», aclara.

La presentación del proyecto llevó varios meses de postergación, a causa de la pandemia que no interrumpió los abortos clandestinos. «Siempre dijimos que el Estado tenía que garantizar el acceso aborto legal. Hay que tener en claro que al contrario de lo que se dice, reduce los costos para el sistema de salud. Un aborto sin riesgos no complica los servicios sanitarios».

El misterio está en el Congreso, aunque asegura, Gómez Alcorta, el gobierno emitió un mensaje directo de qué posición toma con esta problemática. «Todas y todos sabemos que mujeres de más altos recursos también abortan, pero tienen la posibilidad de hacerlo a través de procedimientos seguros. Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad. Hacerlo es una cuestión de salud pública pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros.Frente a un problema serio de salud pública la respuesta no puede ser individual», expresa la ministra.

-Presentado el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿este año será ley?

-Como Poder Ejecutivo tenemos muchas expectativas de que efectivamente sea ley. Hay varias cuestiones que nos hacen pensar eso. Primero que tuvimos un 2018, lo digo siempre porque es clave el nivel de debate que surgió durante ese año, todas esas voces que se escucharon -no sólo a nivel legislativo-, modificaron el orden de las cosas, tanto que los candidatos durante las elecciones tuvieron que decir cuál era su posición. Ese cambio tiene que ver con el proceso del 2018, con los 15 años de la Campaña nacional por el derecho al aborto, y con la enorme movilización de la marea verde. Llegamos distinto en términos sociales y políticos en un momento muy distinto a aquella vez. Además, por primera vez en la historia del país un candidato gana las elecciones diciendo durante su campaña que iba a presentar un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Son otras condiciones, con mayor información social. Hoy ya mucha gente sabe que un aborto se hace por medio medicamentoso y que eso requiere otra intervención del personal de salud, entonces  está claro que hay una política de salud en términos de cuidado de la vida.

-Además de la salud pública, y es el tema de la equidad, ¿cómo lo pensaron desde el Estado?

-La prohibición y la criminalización de la práctica no inhibe ni previene que en los hechos se produzcan abortos. Hay entre 350 mil y 522 mil por año, ante esa cantidad enorme, hay algunas mujeres que están en condiciones de, a pesar de la clandestinidad, pueden pagar para llevar esa práctica con algunas condiciones de higiene y de seguridad y otras que no. De los 40 mil ingresos hospitalarios que hay por año producto de abortos inseguros vemos  que cerca de entre 30 y 40 mujeres mueren por año por abortos, pero cuando te fijás quiénes son esas mujeres que mueren, -son más de 3000 desde el regreso de la democracia-, son las que además de hacerlo en la clandestinidad lo hacen en las peores condiciones de seguridad. Es decir, son las que tienen menos acceso para poder pagar condiciones con mayor nivel de seguridad. Son abortos que se hacen, por eso en términos de debate real, la discusión no es aborto sí o no. El tema es si se hacen en clandestinidad o no, en condiciones seguras o inseguras. La diferencia en uno y otro es que en uno se mueren mujeres, es una  de las principales causas de muerte materna, y que producen complicaciones a futuro. Consecuencia de eso es la  utilización del sistema de salud. Contra el  seguro, que es el aborto legal que disminuye muertes, disminuye los riesgos de salud. En México donde está legalizado, se observa que apenas se legalizó, el número de casos se estabiliza y luego empieza a bajar esa tasa de abortos clandestinos. Los sanitaristas que estudian el tema analizan que sucede por mejor o mayor información y porque cierra un círculo virtuoso de prevención y atención mediante consejerías y accesos a la información, y a la anticoncepción postaborto. También Uruguay, desde que sancionó su ley, bajó a cero la tasa de mortalidad producto de abortos. Entonces, sabemos que con la legalidad  va a haber menos abortos y por lo tanto menos muertes.

–Una vez conocido el proyecto, desde la Campaña se hicieron algunas observaciones respecto de algunos temas, ¿cómo analizás la comparación entre el proyecto del Ejecutivo y el de 2019?

-Acerca de la objeción de conciencia, entendemos que es un derecho personal que está amparado en la Constitución Nacional, es un principio de reserva ética por la cual el Estado no te puede obligar a actuar contra tus convicciones. Obviamente, este principio no es absoluto y tiene limitaciones cuando está en juego la vida de otra persona. Nosotros entendemos que la campaña no esté de acuerdo, pero no le vemos un problema sobre todo cuando pensamos que el derecho a la persona a acceder a su interrupción del embarazo va a estar garantizado en los tres subsistemas de salud: en el público, en el privado (prepagas) y en las obras sociales, y además, forma parte del Plan Médico Obligatorio. En el artículo 6 dice que el propio establecimiento de salud debe garantizar a que la persona gestante que requiera la interrupción lo haga. Por eso, me parecen importantes esos diez días, porque es un plazo que resulta razonable teniendo en cuenta que el proyecto establece una serie cosas con las que hay que ser precavido. Si un médico o médica obstaculiza la práctica debe tener una penalidad. La objeción de conciencia inhibe a participar en forma directa de la práctica, pero sí tiene la obligación de derivar de buena fe en forma oportuna y garantizarle al paciente el acceso a la práctica. Y si está en juego la vida de una persona, la objeción de conciencia se queda en el principio a la vida, que tiene más relevancia en esa cohesión.

-También se planteó una duda con respecto a la Educación Sexual Integral

-Este proyecto lo que hace es establecer que el Estado nacional, las provincias y los municipios tienen la obligatoriedad de implementar la ley y tienen que capacitar a los docentes, a los profesionales de la salud a fines de brindar contención a quienes decidan interrumpir su embarazo.

-En el caso de aprobarse e implementarse la ley ¿Cómo se trabajará en las provincias pro vida?

-Va a ser una competencia del sistema de salud, pero también estará incorporado por ley cuando se apruebe al PMO y al sistema de salud porque es una cobertura total y tiene que incorporarse como cobertura integral y gratuita a la persona que lo requiera. Más allá de los problemas de objeción de conciencia, primero deja de ser criminalizado inmediatamente por lo que deja de ser un delito, la despenalización es automática y la legalidad implica la cobertura integral gratuita. Es una ley nacional que despenaliza una conducta, más allá de las posiciones que tomen los funcionarios.

Junto con el proyecto de interrupción voluntaria del Embarazo, Poder Ejecutivo presentó el  llamado programa de los Mil Días.


– ¿Cuál es el motivo por el que se presentaran juntos?

-Son proyectos que dialogan entre sí y tienen lógicas comunes. Por un lado, se tratan de dos proyectos que están destinados a políticas de salud pública y están pensados desde un Estado presente, que acompaña todas las mujeres en sus decisiones, y esto es en los proyectos de vida que cada una decida llevar adelante. El Estado tiene que estar acompañando primero para que aquellas mujeres que están decididas a llevar adelante un aborto, lo hagan en condiciones de cuidado de su salud, y por otro lado para que ninguna tenga que tomar una decisión sobre su proyecto de vida futuro condicionado por un estado de vulnerabilidad. Si su deseo es maternar no tiene que interrumpir su embarazo por estar en estado de vulnerabilidad, el Estado tiene que estar siempre.

-¿Cuáles son los puntos destacables?

-El objetivo de este proyecto es disminuir la mortalidad infantil, la desnutrición, prevenir la violencia y proteger los vínculos cercanos. Crea una nueva asignación, por cuidado a la salud integral para niños de menos de tres años que incluye un plan de vacunación y un control sanitario, amplía la AUE (Asignación Universal por Embarazo), en términos de seguridad social es muy potente. Se incorpora el derecho al cobro para gente que esté desocupada o trabaja en economía informal, se crea un sistema de certificados de nacimiento y se reducen plazos entre los registros civiles de las provincias, pone mucho énfasis que es el derecho a la identidad. Se creará el certificado digital asegurando la identidad de recién nacidos y nacidas y la eliminación del pago de tasas para varios trámites de registración y modificación de plazos para informar desde los registros provinciales al Registro Nacional de las Personas. Es una manera de aseguramos la mayor registración de niñas y niños y garantizar a su vez el acompañamiento estatal. También prevé el acceso al diagnóstico y tratamiento para la trombofolia, asegura la provisión pública y gratuita para ciertos momentos del desarrollo infantil y trabaja para colocar a efectores de la salud, la detección temprana de situaciones de abuso en niñas adolescentes embarazadas, también la posibilidad de informar a mujeres y personas gestantes, el derecho a la vida libre de violencia. Este proyecto también viene a saldar una deuda con las mujeres.

Contra la violencia

Este miércoles es el Día de la Acción Contra la Violencia de Género, y este año, en ese marco, se lanzará la primera campaña contra la violencia desde el ministerio.

«En un año donde la pandemia agravó la situaciones de violencia de género, en un problema estructural, la casa no fue un lugar seguro para muchas mujeres. Lanzamos esta primera campaña de prevención contra las violencias con un llegada territorial y amplia en términos etarios y generacionales. Estamos trabajando con las masculaninidades que deben preguntarse por esas violencias que a ellas se les impone. También tendrémos la puesta en marcha del Programa Acompañar que es el más importante con el cual durante seis meses acompañamos económicamente a las mujeres que estén en riesgo. Junto a ellos una amplia asistencia integral, entendemos que es una clara política de contención para terminar con la violencia en materia de género. Sabemos que lo económico es lo principal y nos ocupamos primero de eso», afirma la misnitra.