Un amplio grupo de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales se pronunció en contra de la Reforma de la Ley 24.660. El encuentro se realizó este martes al mediodía en la sede porteña de la Universidad Nacional de San Martín donde las diferentes instituciones leyeron un documento conjunto y cuatro liberados brindaron una conferencia de prensa en rechazo al proyecto que se analiza en el Congreso para restringir las salidas transitorias. Exigieron intervenir en el debate.

“Universidades, fundaciones, académicos, operadores judiciales, familiares y personas detenidas y liberadas manifestamos nuestra preocupación ante lo que consideramos una respuesta rápida e ineficaz al problema de la inseguridad que nos atraviesa” comienza el texto firmado por más de 40 entidades que sostuvieron que “la manipulación demagógica del femicidio de Micaela jugó un papel fundamental en la activación del tratamiento de la ley” de Ejecución Penal.

Para estos organismos, el crimen de Micaela “vino a reponer un discurso altamente represivo y punitivista. Esta reforma nos atrapa en el endurecimiento de la política penal, simplificando la realidad y ubicando en el mismo plano delitos de diferente orden, como los delitos contra la propiedad, los delitos contra la integridad sexual y el femicidio”.

El documento recordó experiencias similares como la denominada Ley Blumberg de 2004 y el “fracaso de la Ley Petri en Mendoza en 2012” que lejos de resolver la problemática generaron “un crecimiento sostenido de la población carcelaria y sin impacto sobre el delito”.

“La ley vigente -continúa el texto- tiene como objetivo a través de la progresividad de la pena preparar a las personas para asumir una libertad responsable. Lo cierto es que la ley no se cumple. Creemos que esta reforma acentuará los conflictos y no plantea soluciones a las problemáticas existentes en las cárceles: la superpoblación , el hacinamiento, la falta de asistencia a la salud e higiene, el acceso a la educación, la mala alimentación, la violencia física y psicológica, y el uso de la tortura como prácticas habituales”.

Además, los organismos resumieron que esta norma no propone alternativas a la falta de políticas pos penitenciarias y «viola el principio de resocialización que es el único fundamento de la pena en nuestra Constitución Nacional».

“Según un estudio realizado en el 2015 por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria Nacional, el 85% de las personas privadas de libertad que estudian, no reinciden. Esta es una verdadera política de seguridad”, argumentaron.

El encuentro fue encabezado por Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, quien concluyó: “Las cárceles funcionan como campos de concentración, son lugares del horror. Ahora quieren llevar su manejo de una manera comercial. Esto no lo podemos permitir. Esperamos ser escuchados en Diputados. No queremos que la cárcel sea un castigo, el sistema ya nos castiga demasiado todos los días. Busquemos la resocialización. No se pueden cambiar las cosas para peor”.

Testimonios en primera persona

Liliana Cabrera estuvo detenida unos 8 años en Ezeiza. Durante ese tiempo asistió a diferentes cursos de la Asociación “Yo no fui” en los que se interiorizó en el mundo de la poesía, la filosofía y la fotografía estenopeica. Llegó a estar a cargo de la biblioteca del penal, escribió varios libros de poemas, fundó una editorial y hace años que dicta talleres. “La educación me ayudó a dar la pelea diaria y me brindó esas oportunidades que me transformaron en quien soy hoy” explicó la mujer, quien describió que se perfeccionó en el uso de las redes sociales y ahora es moderadora de los comentarios del diario La Nación.

Luis Ángel estuvo más de 15 años preso. “Salía y volvía a entrar constantemente. Adentro éramos siempre los mismos. Hasta que empecé a estudiar en el CUSAM (El Centro Universitario de San Martín de la UNSAM) y pude problematizar lo que me ocurría y lo que sucedía tanto en el interior como en el exterior de la cárcel”, contó el ex detenido, recibido en Sociología. En la actualidad, Ángel es docente y estudia una Maestría en Historia.

“Estoy muy agradecido a las herramientas que me brindó la educación. Si las instituciones cumplieran con las normas, estas desigualdades no existirían. Pero en la práctica esto no ocurre. Por eso, estaría bueno que por lo menos se empiecen a aplicar las leyes ya existentes antes de crear nuevas”, agregó Ángel, que suele dar clases a decenas de agentes penitenciarios.

Claudio Castaño fue otro de los detenidos que dio su opinión. Tiene 45 años y permaneció la mitad de su vida tras las rejas. Se considera haber sido un “cliente de la cárcel”, donde estudió UBA22. Pertenece a la Red de Cooperativas de Liberados y Organizaciones Sociales en Contextos de Encierro. “Tenemos que ser escuchados”, reclamó, al tiempo que reconoció que su vida cambió gracias al trabajo y la educación que recibió estando preso.

“La política de la mano dura está caduca. La cárcel está llena de pobres. Basta recorrer José León Suárez y ver cómo conviven en un mismo ámbito la marginalidad, el basural y la cárcel. Todos beben la misma agua contaminada. Eso es violencia y desigualdad”, indicó.

Por último, Gastón Borocchio, quien también estuvo una importante parte de su vida preso, relató que se salvó “gracias a la literatura”. “Para mí la vida valía una bala y ahora me siento útil, dando clases, contando mi experiencia en los barrios para que no pasen por lo que yo pasé”, señaló el ex detenido que logró estudiar Filosofía y Letras, y ahora es investigador y docente.

“Aprendí la hegemonía de las palabras que le dan sentido a las cosas. Y los medios de comunicación hacen un mal uso de esas palabras al condenar a los delincuentes como que nacieron sólo para ser eso”, analizó Borocchio, quien concluyó: “Si las cinco escuelas de las que me echaron me hubieran contenido, no habría pasado por esto. Ahora quiero dar clases en esas mismas escuelas para poder hablar con los chicos”.

Foto: Asociación Yo No Fui