Un consejero de la Magistratura pedirá que los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo sean citados como testigos para declarar sobre el viaje de jueces (y funcionarios porteños y exagentes de inteligencia) al Lago Escondido en octubre del año pasado.

La audaz movida fue anunciada por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade, quien además adelantó que también pedirá la declaración de Nicolás Van Ditmar, el administrador de la sociedad Hidden Lake, que maneja la mansión del británico Joe Lewis a orillas del Lago Escondido.

También solicitará la convocatoria de los periodistas Paz Rodríguez Niell, Ari Lijalad y Franco Mizrahi –para que confirmen si mantuvieron los intercambios con los jueces viajeros mencionados en los chats filtrados– y del piloto del helicóptero que llevó a los viajeros hasta un centro de esquí que estaba cerrado y fue abierto en exclusiva para ellos. La lista de testigos propuestos se completará con el responsable de ese centro de esquí.

Tailhade confirmó a Tiempo que la propuesta será formulada en la próxima reunión de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, que días atrás tuvo su primera sesión del año y superó un intento de postergar el tratamiento del pedido de juicio político contra los jueces autodenominados «Los Huemules».

Hasta ahora, la principal (y casi única) medida de prueba en el Consejo fue reclamarle al juez Sebastián Ramos el expediente completo de la causa penal en la que los jueces y el resto de los viajeros están imputados por dádivas, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos, tráfico de influencias y cohecho.

La instrucción de un expediente en el Consejo de la Magistratura tiene similitudes con una causa penal. Por ejemplo, se cita a testigos, que deben declarar bajo juramento de decir la verdad. El pedido de Tailhade se topará con un escollo: los consejeros alineados con Juntos por el Cambio se opondrán. Y, aun cuando se supere esa situación, Rendo y Casey podrán argumentar que –como están imputados en un expediente penal– deben abstenerse de declarar porque podrían autoincriminarse.

La reunión de la Comisión de Disciplina tuvo momentos de aspereza. Ninguno de los más de 400 pedidos de juicio político contra los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials y Carlos Mahiques ha avanzado hasta ahora. Y esa situación de parálisis parecía prolongarse hasta que Hugo Galderisi, el secretario académico de la Universidad de Lomas de Zamora y representante de ese estamento en el Consejo, consiguió que todos los expedientes se acumularan en su vocalía.

Hasta entonces había dos expedientes paralelos; el otro estaba en manos del senador correntino por Juntos por el Cambio, Eduardo Alejandro Vischi.

«Pido la acumulación teniendo en cuenta que el expediente asignado tiene fecha anterior así que voy a pedir que se acumule a mi vocalía. Simplemente entiendo que es el expediente con mayor antigüedad», intentó Vischi para quedarse con la investigación. Cuando Tailhade lo refutó, el senador correntino levantó la apuesta y propuso cerrar el expediente. «Respecto a lo que decía Tailhade sobre que la denuncia no está completada formalmente podríamos plantear el desistimiento de esa denuncia». La propuesta no tuvo acompañamiento.

El viaje a Lago Escondido ocurrió en octubre de 2022, los chats filtrados que revelaron los entretelones de esa excursión se conocieron en diciembre de ese año y la lluvia de denuncias se precipitó desde entonces.

Finalmente, ante una votación en la que percibió que su planteo iba a ser rechazado, Vischi cedió: «Voy a desistir de mi pedido teniendo en cuenta que confío en el consejero (Galderisi) para que lleve adelante esta investigación y me pongo a disposición para trabajar en conjunto y que este caso sea ejemplo para el Consejo de la Magistratura».

Antes de la reunión oficial de la Comisión de Disciplina los consejeros que la integran mantuvieron un encuentro privado para intentar un consenso sobre lo que luego ocurriría en público y con transmisión por Youtube. Los consejeros jueces Diego Barroetaveña y Alejandra Provítola plantearon dos medidas que garantizaban la continuidad de la parálisis: postergar el tratamiento de las denuncias por violación del reglamento en cuanto a los tiempos de las medidas de prueba, además de que todas las denuncias se acumularan en la vocalía del senador opositor Vischi. No hubo acuerdo.

«Vamos a pedir una postergación porque no se está cumpliendo el reglamento. Apelo a su consideración porque no estamos cumpliendo el reglamento, me llegó hace 20 horas el material. Apelo a su consideración y prudencia», pidió el juez Barroetaveña ya en la reunión pública. Su colega Provítola aprovechó: «Entiendo que la moción de Barroetaveña se refiere a todo el orden del día en función que todos los puntos ingresaron a la vocalía con una antelación menor a lo que la norma prevé». La situación de Los Huemules estaba a punto de pasar a una dimensión de limbo.

«Una postergación no se le niega a nadie», proclamó el juez Barroetaveña. «No se entiende el planteo. O la postergación se funda en que no se cumplió el reglamento o en que hay una tradición que no se le niega una postergación a nadie. En ningún caso eso está respaldado en normas», replicó Tailhade. El senador del FdT Mariano Recalde terció: «Las postergaciones son de buena fe para estudiar algo en particular. En este caso es absolutamente dilatorio y no cumple ya que procede de una persona involucrada en el escándalo de Lago Escondido y de los chats que se conocieron después».

En los chats filtrados, en efecto, Barroetaveña aparece mencionado por el juez Mahiques, uno de los que está bajo investigación. «Yo vengo de un almuerzo del cumple de Ariel Lijo donde estaban jueces, fiscales y otros personajes. Entre ellos mi amigo Barroetaveña», dice Mahiques.

También afirmó: “Según Barroetaveña la denuncia la hizo un 4 de copas llamado Di Martino. Media berreta y genérica pero anticipo de otra con servicios y ‘auspicio’ de Mena, Slokar y otros”. Mena es el viceministro de Justicia Juan Martín Mena y Slokar es el camarista de Casación Alejandro Slokar. La denuncia  que había sido asignada a Vischi era justamente la del “4 de copas”. ¿Fórum Shopping?

El sector oficialista sostiene que Barroetaveña mantiene al tanto a su colega en Cámara Federal de Casación Carlos “Coco” Mahiques sobre todo lo que pasa (y no pasa) en el Consejo con la investigación en su contra por la visita al Lago Escondido.

En la reunión privada previa a la oficial el diputado Tailhade le reprochó a Barroetaveña: “En todo caso nosotros deberíamos pedir la postergación, que no conocemos el caso. Vos lo conocés muy bien; interviniste para defender a tu amigo Coco Mahiques. Y cómo será que lo conoces, que resolviste traer la causa acá”. El “Acá” al que aludía Tailhade es Comodoro Py; la causa, inicialmente tramitaba en Bariloche porque –queda claro- Lago Escondido queda en la provincia de Río Negro.

El senador Recalde incluso sugirió que Barroetaveña debería excusarse de intervenir en ese expediente.

En la reunión previa de consenso no hubo consenso. En la oficial, el abogado Héctor Recalde; su hijo, los senadores del FdT Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara; el académico Galderisi y el juez Alberto Lugones se inclinaron por la investigación de “Los Huemules” en manos de Galderisi. Contra esa moción perdieron la votación el senador de JxC Vischi y tres integrantes de la corporación judicial: Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero.