El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, continuó con su alegato este martes en la denominada Causa Vialidad. Advirtió que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola hicieron un «intento desesperado» por sostener una acusación que tiene «certificado de defunción». Y afirmó que la Presidencia de la Nación no tiene entre sus competencias el control de la obra pública provincial.
En su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, el defensor de la vicepresidenta sostuvo que el llamado operativo «limpiar todo» postulado por la fiscalía en su acusación «no existió».

Con este tema comenzó la exposición y luego se abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, tramo en el cual el defensor remarcó que la expresidenta no tenía «competencia» para ejercer controles porque Argentina es “un país federal» y se trata de un tema de jurisdicción provincial.

Sobre el bautizado operativo «limpiar todo», que según los fiscales había impulsado CFK, el abogado recordó que los fiscales habían afirmado que la entonces presidenta había estado en Santa Cruz el 30 de noviembre de 2015 para supuestamente reunirse con Lázaro Báez. Según expuso, los fiscales interpretaron mal la fecha de la noticia, que fue publicada el 30 de noviembre, pero sobre un hecho que sucedió el 29.

La confusión de la fecha parece una trivialidad, pero es uno de los puntales de la acusación. «La fiscalía nos dice 30 de noviembre Cristina iba a santa cruz en el avión presidencial. ¿cómo lo pruebo? Porque voló el avión. Pero la noticia tiene un delay de 24 horas, con lo cuál se le cae la trama. Los deja en una posición vergonzosa. De esto no se vuelve», criticó Beraldi.

Beraldi atribuyó toda la operación a un «intento desesperado» para mantener la acusación que tiene «certificado de defunción» para lo cual se falseó prueba y se introdujo una «acusación calumniosa» en base al peritaje del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública, José López. La vicepresidenta «no aparece directamente en ningún mensaje. No hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas», sostuvo Beraldi.

El defensor se refiría a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de obras públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, que se le siguió a López por enriquecimiento ilícito. El Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar esos elementos como prueba al debate sobre el final del alegato acusador.

Tras un breve cuarto intermedio, la defensa inició un nuevo tramo del alegato dedicado a las supuestas irregularidades advertidas en Santa Cruz con relación al direccionamiento de obra pública a favor de empresas de Báez. «No existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de ningún presidente, basta ver la estructura del Estado y la distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal», advirtió el abogado

En términos jurídicos «no existe ninguna posibilidad de vincularlo», agregó.

Como en otros tramos de su intervención, Beraldi exhibió a través de la plataforma zoom partes dedeclaraciones de testigos y también de la indagatoria a la vicepresidenta. La defensa exhibió también parte de la declaración como testigo del presidente Alberto Fernández, como ex jefe de Gabinete. «Esas obras las licitan las provincias. Todo es muy lejano al Presidente. Son cuestiones ya casi provinciales», declaró el actual mandatario.