El viernes por la noche, cuando el asesinato del joven Lucas González había cumplido las 72 horas y los policías que lo mataron seguían libres, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, ya había acordado reunirse este sábado con el penalista Gregorio Dalbón. El abogado había asumido la representación de la familia del joven de 17 años, asesinado por tres efectivos de la Policía de la Ciudad. El caso de gatillo fácil desató una conmoción inesperada para el gobierno porteño que, luego de mantener silencio durante un día y medio, concentró todos sus recursos en cargar las responsabilidades en los uniformados, liderados por el inspector Gabriel Isassi.

La movida de este sábado provocó un giro en la marcha del expediente porque, después de la rueda de prensa, los tres efectivos fueron detenidos. De ese modo la administración larretista, junto con el inestimable apoyo Dalbón, reencausaron el desarrollo de la crisis y, al menos por ahora, evitaron que el crimen se extienda como una mancha de aceite hacia las responsabilidades políticas de las autoridades porteñas.

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Este sábado al mediodía, D’Alessandro y Dalbón encabezaron una conferencia de prensa de media hora que tuvo un plato principal: criticar el juez Martín Del Viso por su lentitud para detener a los uniformados y respaldar a los fiscales que ya le habían pedido hacerlo desde el viernes. “Vaya a saber ahora dónde están, parece una tortuga el juez que entiende en la causa; están cercados, a punto de ser detenidos, solo falta la decisión del juez, que ojalá tenga hijos y entienda que tiene que impartir justicia”, lanzó el abogado que también representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

D’Alessandro aportó lo suyo en la rueda de prensa y recordó que le había pedido al magistrado “que tome las medidas urgentes para determinar la situación procesal” de los tres policías.

Luego de lanzar la ofensiva contra el juez, ambos se encargaron de reforzar una línea argumental que justificó el despliegue mediático planeado. “Estamos hablando de tres personas. No estamos hablando de la policía o la institución policial”, dijo el titular de la cartera de Seguridad y Dalbón le agradeció que le haya mostrado las pruebas reunidas por el Sistema Integral de Seguridad Pública (SISEP) que le presentará al juez para enjuiciar a los policías.

“Esto pone blanco sobre negro respecto a la honorabilidad de los chicos, no han mostrado más que venían de jugar al fútbol. Estoy consternado por algunas imágenes, pero estamos hablando de tres asesinos, no estamos hablando de la policía”, lanzó el abogado.

Para sorpresa de los organismos de Derechos Humanos, Dalbón dijo que la reunión fue “un abrirme los ojos”.

“Sigo pensando que esto no tiene banderías políticas, esto no tiene grieta (…), se ve concretamente que compraron jugo y que eran inocentes”, redondeó el abogado. Después remató con un planteo casi corporativo que resonó a los dos lados de la General Paz y el Riachuelo y generó alivios en todas las policías: “Quiero desterrar la palabra gatillo fácil, que sucede cuando un policía se apura y aprieta el gatillo. Acá no había delincuentes, por lo tanto no había gatillo fácil”, arriesgó el letrado y desconoció, junto con D’Alessandro, que un caso de gatillo fácil se define como el fusilamiento de una persona indefensa que se presenta falsamente como un enfrentamiento.

Es precisamente lo que sucedió el miércoles en Barracas: el joven futbolista fue asesinado de dos disparos, en una persecución con tres policías sin uniforme ni identificación que luego intentaron explicarles a sus superiores que hubo un enfrentamiento y, según sospechan en el gobierno porteño, plantaron un arma de juguete para sostener la mentira y hacer pasar el asesinato como un enfrentamiento.

Para la caracterización de gatillo fácil, todo lo que haya estado haciendo la víctima es completamente irrelevante y nada de eso habilitaba el uso del arma de fuego.

Luego de la puesta en escena, Del Viso demoró menos de una hora en acusar recibo: ordenó la detención del inspector Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas y, desde ahora, concentró el impulso de la investigación en los uniformados, que se entregaron en una dependencia policial.

Sin embargo, hay una serie de interrogantes que conducen a las responsabilidades políticas y que pudieron escucharse en la conferencia de prensa de este sábado. D’Alessandro no pudo precisar qué misión llevaban adelante los policías y tampoco explicó cuántas brigadas recorren las 15 comunas porteñas. Solo reconoció que hay en todos los barrios, pero no aportó un solo dato más.

“Quiero aclarar y ser bien conciso, existen dos tipos de tareas. Una es cuando está la orden judicial y específica. Y otra, cuando actúan en prevención para ubicar puntos de droga, a los marcadores de las salideras en los bancos”, dijo D’Alessandro. Luego remarcó que “al momento de actuar, el policía siempre tiene que identificarse. La carga no está en el ciudadano. Los policías deben identificarse: estaban en un auto propiedad de la Policía de la Ciudad, que estaba geoposicionado. Tienen que tener su placa a la vista, sacar la sirena y darse a conocer a viva voz”, sentenció el ministro.

Los tres efectivos fueron detenidos luego de la conferencia de prensa y antes del velorio, que se concretaba al cierre de esta nota.

La brigada pertenece a la Comisaría 4C, que funciona en la comuna 4, que comprende a los barrios de Nueva Pompeya, Parque Patricios, La Boca y Barracas, donde también está la sede de la cartera que conduce D’Alessandro. Es decir que el grupo de Isassi pasaba a menudo muy cerca de la sede ministerial. El detalle pasó inadvertido, pero forma parte de los interrogantes que no pudieron ser contenidos por el operativo de prensa desplegado este sábado. 

El ministro no reveló qué investigación estaban realizando, aun cuando sabe que algunos efectivos de las brigadas que operan en la zona sur porteña y, especialmente en los alrededores del barrio 21-24, han sido acusados de protagonizar persecuciones para extorsionar a presuntos consumidores de droga. Semejantes sospechas se confirmarán o derrumbarán cuando se conozca la naturaleza de la presunta investigación que estaban realizando.

No pareció una preocupación del letrado que, cuando fue consultado sobre las responsabilidades de la Policía, solo dijo que “en cuanto a la responsabilidad civil, hay una responsabilidad de la fuerza que puede ser objeto de los familiares”, señaló, para anticipar las jugosas demandas civiles que está preparando para cuando haya concluido la acción penal. De responsabilidades políticas, no dijo una sola palabra.  «