Alertada por la presunta pérdida de información determinante para esclarecer el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó este domingo por la mañana que todos los peritos informáticos de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) declararan en el marco de la causa para determinar cuándo y cómo se produjo el supuesto bloqueo y borrado del teléfono de Fernando Sabag Montiel, el agresor y único detenido.

Lo que es inaccesible y probablemente se haya perdido es el contenido del dispositivo, no así el de la memoria y la tarjeta SIMM del teléfono. Eso ya fue obtenido y será analizado en las próximas horas, pero los investigadores saben que lo que puedan hallar allí posiblemente sea irrelevante frente a lo que por ahora es sólo inaccesible.

Ocurre que existe la posibilidad de que todo el material esté almacenado en otro lugar o, incluso, que se pueda abrir el teléfono y encontrar que nada se ha perdido. En el juzgado prenden velas para que sea así.

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¿Dónde estuvo el error? Según pudo reconstruir Tiempo, desde que fue secuestrado la noche del ataque el teléfono estuvo casi todo el tiempo en el juzgado. Hubo un primer intento de apertura por parte de la Policía Federal, pero fracasó. El aparato quedó guardado en la caja fuerte del juzgado y la llave se la llevó el secretario de Capuchetti. Al día siguiente, la Federal informó que la PSA tenía un sistema de la empresa Celebrity, un software llamado UFED Premiun, que ya fue utilizado en otras causas, por ejemplo la del espionaje ilegal de cambiemos. Es el mismo sistema mediante el cual se extrajo la información del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José Francisco López que el fiscal Diego Luciani utilizó para construir su acusación contra Cristina Fernández de Kirchner.

Capuchetti ordenó enviar el aparato al laboratorio de la PSA, situado enfrente al predio de la AFA en Ezeiza. Un funcionario del juzgado y el custodio personal de la jueza partieron hacia allá, pero en un momento el funcionario descendió del vehículo porque el recorrido le quedaba de pasada de su domicilio. El teléfono llegó a Ezeiza sólo vigilado por el custodio de Capuchetti, quien avisó que había arribado al lugar y sacó una fotografía que le envió a la magistrada.

Cuando los expertos de la PSA intentaron acceder a él se encontraron con la leyenda que advertía que había sido reseteado de fábrica.  No está claro en qué momento ocurrió. Y asoma en el horizonte cercano los reproches de ida y de vuelta entre el juzgado y las fuerzas de seguridad que intervinieron en el proceso.

En una inusual postal de domingo a la mañana en Comodoro Py, desfilaron por el despacho de la jueza no sólo los policías sino también “Mario”, el amigo de Sabag Montiel que lamentó que hubiera fallado el intento de magnicidio. Lo hizo en calidad de testigo y básicamente fue consultado sobre la personalidad, costumbres y actitudes de Sabag Montiel en relación con el atentado.

Por la tarde probablemente sea citada –en principio también como testigo- la pareja del agresor, quien concedió un reportaje a un canal de TV en el que dijo que no sabía que Sabag tenía un arma y balas.

A propósito del arma, ya llegaron al juzgado los exámenes de ADN que en las próximas horas confirmarán si fue manipulada por Sabag, lo que a estas alturas de la investigación parece obvio. El arma fue sometida a un peritaje conocido como “banco de agua”: fue disparada en un dispositivo sumergible que permite recuperar el proyectil para una comparación posterior de las estrías. Eso permite establecer si esa arma fue utilizada en algún hecho delictivo de los que están registrados en un sistema penal llamado SAIB, que arrojó resultado negativo. El arma no fue utilizada en hechos delictivos registrados anteriores.