De modo azaroso, pudo salir a flote la verdad sobre la tragedia del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017 cerca del golfo San Jorge, mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. Lo cierto es que nadie imaginó que ello daría pie a una historia oscilante entre el espionaje ilegal y el ocultamiento.

Por un lado, ya al filo de la primavera del año pasado, la revisión de un disco rígido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) –pedido por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, para su pesquisa acerca del agente polimorfo Marcelo Sebastián D’Alessio– dejó a la intemperie algunos papers que acreditan el fisgoneo sistemático del régimen macrista a familiares de los 44 tripulantes malogrados en aquella ocasión.

Aquel hallazgo estuvo atado a otro. Porque la declaración de un oficial procesado por el hundimiento, el ex director de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, contraalmirante Enrique López Mazzeo, ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, puso a su vez al descubierto que el Poder Ejecutivo de entonces mantuvo por casi un año la ficción de la búsqueda al ocultar a los familiares y a la opinión pública que en realidad los restos de la nave habían sido ubicados tres semanas después de la catástrofe.

Pero recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre de 2018. Macri entonces grabó un mensaje televisivo de apenas cinco minutos desde la Quinta de Olivos para darse dique con el falso descubrimiento, al que calificó como “una noticia que nos produce un enorme dolor”. Tampoco le tembló la voz al expresar a los familiares que podían contar con él “como el primer día”. Y no se privó de rematar: “Los tripulantes eligieron una profesión de riesgo”.

Ahora, mientras el ex presidente –quien se encuentra en Miami Beach– arrastraba sus valijas por la avenida Collins para cambiarse de hotel, se enteró de que el juez federal –subrogante– de Dolores, Martín Bava, le había dictado la prohibición de salir del país en la causa por ese espionaje, además de citarlo a indagatoria para el 7 de octubre.

He aquí el mar de fondo del asunto.

En medio de la comedia negra que tuvo por eje dicha búsqueda ficticia, Macri recibió en la Casa Rosada a los familiares de los submarinistas, llegados desde Mar del Plata. La prensa anticipaba el clima tenso del encuentro debido a los cuestionamientos que los visitantes le harían al gobierno. Era la mañana del 6 de febrero de 2018. Y Macri, a pesar de la hostilidad que irradiaban los visitantes, exhibía un aplomo inaudito.

Claro que su buen ánimo estaba apuntalado por una razón de peso: tres días antes, la delegación marplatense de la AFI le había enviado un minucioso informe para detallar cuáles serían los reclamos y quiénes los verbalizarían. Tamaño truco le permitió atajar los penales con solvencia, como sabiendo de antemano a que ángulo iría la pelota.

No está de más analizar su letra y su estilo burocrático, empezando por el título: “Pedidos y reclamos al señor Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan”. Por caso, le informa que “la señora XXX, esposa del tripulante XXX expresará que siga la búsqueda y que se contrate lo que haya que contratar”.

También consigna que “entre todos los familiares intentarán ‘reprochar’ un desamparo por parte del Sr. Presidente ante los reclamos de que se presente personalmente en la base con más continuidad para la contención de los mismos”. Aquellas son solo dos de sus variadas consideraciones.

Tal nivel de exactitud da a entender que, por un lado, las reuniones de los familiares fueron debidamente infiltradas, y que sus teléfonos –como ellos ya sospechaban– se encontraban pinchados. 

El 15 de febrero, el gobierno en pleno, con Macri a la cabeza, se recluyó en la residencia presidencial de Chapadmalal para encarar un típico “retiro espiritual” del PRO con el propósito de establecer sus metas políticas para los próximos meses.

La comitiva disfrutaba de las charlas motivacionales a cargo de Marcos Peña. Un bello clima flotaba entre los presentes. Aquella escapada se prolongó por cuatro días sin ningún incordio.

De hecho, Macri y los suyos pudieron eludir con facilidad el posible acoso de los familiares gracias a los informes elaborados por los muchachos de la AFI en la Ciudad Feliz.

Idéntico soporte de inteligencia lo preservó de ser perturbado durante la Semana Santa de aquel año, cuando volvió a la residencia de Chapadmalal con su esposa, Juliana Awada y la pequeña Antonia.

Tanto es así que no tuvo otra preocupación que entregarse al deporte de los hoyos en el exclusivo Mar del Plata Golf Club. Los espías eran sus ángeles guardianes, porque el 2 de abril, cuando tenía previsto encabezar un homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas –la única actividad oficial de su estadía– los fisgones volvieron a enviarle un paper sobre los reclamos que allí le harían los familiares,  quienes aguardaban su llegada. Al final no pasó nada.

De los papers que había al respecto en los discos rígidos revisados por las actuales autoridades de la AFI, se desprende que aquellas operaciones de inteligencia habían sido ordenadas personalmente por el mismísimo director del organismo, Gustavo Arribas, cumpliendo directivas de Macri. Y que sus hacedores eran los agentes que el abogado Pablo Pinamonti –quien en 2017 condujo el denominado “Proyecto AMBA”– dejó en Mar del Plata. En este caso no hay ninguna duda de que la terminal del fisgoneo era, sin escalas ni intermediarios, el propio Mauricio. Y no de descarta la hipótesis de que el monitoreo delictivo sobre familiares haya perdurado hasta después del 16 de noviembre de 2018, cuando se produjo la impostura del hallazgo de la nave.

Al conocerse el llamado a indagatoria para el ex presidente, su abogado, Pablo Lanusse, únicamente atinó a ejercer su defensa por Twitter. “Esto es un atropello y una persecución más en su contra”, fue todo su alegato.  

Más allá del destino procesal de Macri, esta historia dibuja una metáfora sobre la crueldad de un régimen incompetente, idiota y brutal. «