La causa por espionaje ilegal que tramita en los juzgados federales de Lomas de Zamora ingresó en etapa de definiciones en varios frentes. Tras las declaraciones indagatorias de los ex responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, se avecinan dos momentos cruciales para el futuro del expediente: resolver las situaciones procesales de los imputados y decidir dónde y con qué juez continuará la investigación.

Arribas y Majdalani fueron indagados por el presunto espionaje ilegal al Instituto Patria y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Pero en las últimas horas esa causa se unificó con la que tenía el juez Federico Villena, a quien la Cámara Federal de La Plata decidió apartar para pasarle todo a su colega de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé.

¿Por qué es importante esa unificación? Porque Arribas y Majdalani por ahora no están en aquella causa originariamente de Villena, pero en cambio hay una veintena de imputados (algunos de ellos en prisión domiciliaria) a los que se les debe clarificar su situación procesal. Entonces coexisten dos expedientes que siempre debieron haber tramitado juntos, pero por esos caprichos de la Justicia Federal se entremezclaron en un galimatías jurídico que ahora es necesario emprolijar.

En ese contexto se abre un abanico de posibilidades. Desde que la causa cambie de investigadores (y hasta se mude a Comodoro Py) hasta que los que hoy investigan (o investigaron) terminen siendo objeto de la investigación. Algo así como patear un hormiguero y que las hormigas piquen al pie que las pateó.

Ya apartado el juez Villena, “Ocho” (Silvia Majdalani) recusó a la fiscal Cecilia Incardona porque ella intervino en los expedientes en cuyo contexto se dispusieron las medidas de espionaje ilegal, con la excusa de alertas de atentados en el marco de la Cumbre del G-20.

La lógica es directa: Si Villena no puede continuar porque intervino en aquel expediente que advertía sobre supuestos atentados anarquistas contra líderes mundiales, Incardona (que no al principio, pero sí al final, estuvo en esa causa) tampoco debería hacerlo.

Incardona y su colega Santiago Eyherabide son hoy la mejor garantía de investigación seria de la causa. Acaso por eso les apuntan.

Todavía no ocurrió pero no es difícil imaginarlo en el horizonte: también puede haber una recusación para el juez Augé. ¿Por qué? Porque en algún momento intervino en el expediente en el que se ordenaron escuchas telefónicas en el penal de Ezeiza. Lo hizo con el pretexto de un incomprobado intento de fuga de Mario Roberto Segovia, el “rey de la efedrina”, condenado a 17 años y medio de prisión.

La jurisdicción de Lomas de Zamora, entonces, quedaría virtualmente diezmada. Majdalani y otros imputados sostienen que los hechos que se investigan (en el sentido amplio de la investigación) ocurrieron en la Capital Federal. Entonces debería intervenir un juez de Comodoro Py.

Allí se abren otros dos escenarios. Si la causa permaneciera en la justicia federal bonaerense habría que buscar otro juez. Y podría ser el federal de Quilmes, Luis Armella, un hombre de aceitados contactos con el ex presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y buena relación con el macrismo.

Pero Dolores también queda en la provincia de Buenos Aires y allí hay otra causa por presunto espionaje ilegal y extorsión, cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D’Alessio. ¿Podría el expediente viajar de Lomas hasta el despacho de Alejo Ramos Padilla?

Para el caso de que, como pretenden varios imputados, la escala final de la causa fuera Comodoro Py, el abanico se abre en tres: Marcelo Martínez de Giorgi, Sebastián Ramos y el renunciante Rodolfo Canicoba Corral.

Martínez de Giorgi tuvo una denuncia por espionaje al Instituto Patria y la cerró, sobreseyendo a Arribas y Majdalani por inexistencia de delito. ¿Fue engañado por la AFI y por una certificación telefónica del juez Villena? En ese caso, ¿podría asumir una investigación en la que ya sentenció que no hubo delito?

Ramos tiene una denuncia reciente de algunos de los imputados en Lomas. Parece un trabalenguas, pero son acusados en un tribunal y denunciantes en otro.

Pero el que tiene el expediente por espionaje ilegal más antiguo es Canicoba. Es una causa de casi tres años de antigüedad que el juez, en su gira mediática de despedida, deslizó que está “avanzada”. Si se trata de buscar una conexidad, allí podría haber una. Y las causas corresponden a los juzgados, no a los jueces; de modo que aun cuando Canicoba ya no esté, todo podría quedar en manos de un magistrado hasta ahora desconocido, que debería surgir por sorteo realizado por el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun.