En el contexto de la conferencia de prensa que oficializó la partida de Susana Malcorra de la conducción de la Cancillería, el gobierno nacional volvió a pedir la renuncia de la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, la acusó de tener una actitud “muy pasiva” en el caso Odebretch e insistió con saltear procedimientos y hacer pública la totalidad de la información del expediente a través de “otros instrumentos” como la “Comisión Bicameral de Seguimiento de la Procuración en el Congreso” o “la Oficina Anticorrupción” a cargo de Laura Alonso, según manifestó el jefe de Gabinete Marcos Peña.

El 1º de junio vence la cláusula de confidencialidad que acordó el Ministerio Público de Brasil con 78 personas vinculadas a la empresa Odebretch, pero el organismo judicial brasileño paralelamente pide a la justicia argentina mantener reserva para no entorpecer la investigación. De manera que pernace el suspenso sobre qué información judicial se dará a conocer este jueves.

“Lo que más nos preocupa es que una militante kirchnerista ocupe la Procuración y no tenga el decoro de renunciar, porque no es el ámbito para hacer política partidaria. Nos preocupa porque queremos fortalecer la independencia del Poder Judicial, queremos gente idónea, calificada y transparente, que no use el Poder Judicial para hacer militancia partidaria” disparó Peña, cuando le preguntaron si “le preocupaba” que la información desde Brasil del caso Odebretch llegue primero a la Procuración General a cargo de Gils Carbó.

“Más aún, si estamos en un proceso donde hay evidencias de sobra que ha habido problemas de corrupción y se muestra esa parcialidad para eventualmente favorecer a sus colegas de pensamiento político, porque eso dañaría mucho más aún la credibilidad del Poder Judicial, cosa que tenemos que sostener y fortalecer entre todos” insistió Peña.

“En lo particular del caso Odebretch, el Presidente de la Nación fue absolutamente tajante en la necesidad de que se sepa toda la información. De hecho con Susana (Malcorra) estuvimos con él en la reunión con la Corte Suprema de Brasil, donde le pidió a todos los jueces de la Corte que por favor se entregue toda la información” remarcó el jefe de Gabinete.

Según consignó Tiempo este domingo, Odebretch reconoció haber realizado pagos ilegales en tres emprendimientos en Argentina. La ampliación de los gasoductos en el sur, que terminó por convertirse en un desprendimiento del “Caso Skanska”, obras de AySA en el Río Paraná de Las Palmas (Tigre) y Berazategui, y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Las dos primeras se desarrollaron esencialmente durante el gobierno anterior, pero la tercera se está ejecutando ahora, a través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que extiende sus ramificaciones hasta allegados muy cercanos al presidente Macri.

“Nosotros tenemos una absoluta tranquilidad de lo que hemos hecho. En el caso del soterramiento del Sarmiento, la Ciudad no es parte” sostuvo Peña ante la consulta periodística. “Pero en cualquier caso, lo importante es el compromiso de la transparencia, y eso es independiente de a quién pueda afectar o no” enfatizó.

“Creemos que es muy importante, dada la sensibilidad de la información y sobre todo, la prioridad de saber quién cobró las coimas según la declaración de la empresa Odebretch, de la transparencia y la apertura de esa información” reclamó Peña. “Si por razones legales hubiera un impedimento concreto de hacerlos totalmente públicos, hay otros instrumentos, como es la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Procuración en el Congreso, o la Oficina Anticorrupción, que pueden dar ese elemento de mayor institucionalidad para que esta información no quede encapsulada solamente en la Procuración” recalcó Peña.