Uno de los argumentos que han comenzado a circular para oponerse al proyecto de reforma judicial que impulsó el presidente Alberto Fernández es que “no es el momento adecuado”. Es un instrumento político efectivo. En la vida de un país siempre pasan cosas que pueden hacer parecer las reformas estructurales como algo postergable. Hay urgencias. La derecha mediática tiene para variar su doble vara: cuando impulsan la reforma laboral para precarizar a los trabajadores es una medida urgente. Si se trata de tocar intereses de una casta que en buena medida les responde, el gobierno confunde prioridades.

Hay pandemia y las consecuencias económicas son profundas. El primer punto falso del razonamiento es que sugiere que el Congreso no puede tratar varios temas al mismo tiempo. Paradójico: quienes viven tirándole tierra al Parlamento, acusando a los legisladores de “vagos”, de pronto ocultan que en el Legislativo siempre avanzan muchos temas a la vez. Sólo por mencionar algunas leyes de las últimas semanas: regulación del teletrabajo, que tanto le molestó a Mario Pergolini, ampliación de la moratoria impositiva para diversos sectores, reestructuración de la deuda bajo legislación local. No hace falta frenar todo por la reforma judicial.

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El punto es que la derecha, la mediática y la política encarnada en Juntos por el Cambio, sabe que no hay poder del Estado ni institución que tenga peor imagen que la Justicia. Podría decirse que la mala opinión sobre su  funcionamiento “cruzo la grieta”. El rechazo es casi unánime. Las motivaciones son variadas. Una posición señala que fue utilizada para la persecución política y otra que “los pibes chorros” pasan por la puerta giratoria. Son razones  antagónicas en lo ideológico pero que confluyen en el repudio al poder judicial. Es un punto a favor de la estrategia del gobierno. 

El motivo fundamental por el cual es el momento indicado no puede ser utilizado como argumentación explícita por parte del Frente de Todos, pero sí en estas líneas. La experiencia de la Ley de Medios funciona como faro de lo que ocurre cuando se impulsan cambios que tocan intereses de sectores de poder que tiene capacidad de bloqueo. Fue un momento intenso de la vida democrática. Debates en las universidades, expositores en el Congreso.  Hubo una franja de la sociedad que se movilizó, opinó, discutió. Cristina Fernández le dio esa impronta al debate: abierto, horizontal, alegre. La Ley de Medios se aprobó con amplias mayorías. Partidos opositores en aquel momento, como el Socialista que gobernaba Santa Fe, la respaldaron. En el Senado hubo frases que quedarán para la Historia. Aún resuena la de Adolfo Rodríguez Saá: “Magnetto es el inventor de la democracia conspirativa”. Quizás era adjudicarle un poder casi supremo al CEO de Clarín, cuando todos los procesos tienen mayor complejidad, pero mostraba la vocación de los dirigentes políticos de equilibrar el mapa de medios. Era lógico. Una operación de Clarín puede destruir una carrera política, para empezar. Luego el daño puede ser mayor, incluyendo juicios, embargados, la cárcel.

La ley se aprobó en octubre de 2009 y llegó la reacción. Clarín, principalmente, la judicializó. Las cuentas de la corporación eran simples: tenían que lograr que no se aplicara durante dos años, hasta octubre de 2011, y conseguir que CFK perdiera la elección. Comenzó la obsesión de la derecha mediática por demonizar a Cristina, una suerte de política de Estado que continúa hasta hoy. El plan salió mal. La derecha logró que no se aplicara la ley pero en 2011 CFK se reeligió por goleada. Sin embargo el debate judicial no se resolvía. Recién en 2013, cuatro años después de que se sancionase en el Congreso, la Corte Suprema comandada por Ricardo Lorenzetti se pronunció sobre el planteo de Clarín. Dijo que la norma no violaba la Constitución. El debate social y parlamentario había durado menos seis meses. El primer proceso de judicialización, cuatro años. Y vino el segundo. Una vez que se la consideró constitucional comenzó a impugnarse el modo de aplicación. La estrategia fue la misma: llegar a la próxima elección, 2015. Y dos posibilidades: convencer a Daniel Scioli de que dejara la norma sin efecto o apostar todas las fichas por Mauricio Macri. Se sabe lo que ocurrió en la elección. Y Macri  no tuvo problema en derogar la ley con un decreto. Cambiemos siempre tan republicano. 

El repaso es para remarcar que una reforma que toca intereses de sectores con capacidad de bloqueo no se agota en el Parlamento. Puede estirarse varios años. Nada garantiza que al final del camino haya cambio. Por eso que el gobierno de Alberto Fernández impulse este debate en sus primeros meses es acertado. Nadie sabe qué ocurrirá en 2023. Si Alberto irá por la reelección, si habrá PASO, si se mantendrá la cohesión del Frente de Todos. De todos modos la perspectiva de un ciclo de ocho años de gobierno peronista es real. Y el recorrido de la Ley de Medios muestra que incluso dos períodos presidenciales pueden no alcanzar para plasmar un cambio, si se lo impulsa respetando la democracia y la república, como hizo CFK, y no Macri cuando la anuló. Es el momento correcto para empezar por el tiempo que demandan las reformas democráticas que tocan intereses de quienes se consideran intocables.