Los dos únicos absueltos en 2011 por el secuestro y desaparición del exgobernador de Salta Miguel Ragone fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de Salta en la revisión de la causa a casi 10 años de la sentencia.

El expolicía Andrés del Valle Soraire recibió prisión perpetua por haber participado del operativo en el que fue desaparecido el exgobernador y también fue asesinado el comerciante Santiago Arredes y herida Margarita Martínez de Leal, quienes fueron testigos del secuestro el 11 de marzo de 1976, días antes del golpe cívico militar.

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El civil Jorge Zanetto, quien era secretario del Ministerio de Bienestar Social provincial y muy cercano al titular de la UOM, Lorenzo Miguel, recibió la pena de 8 años de prisión por el delito de coacción agravada por las amenazas de muerte que había hecho llegar a Ragone para que renunciara a la interna del Partido Justicialista y se retirara de la política.

Ragone asumió como gobernador de Salta en mayo de 1973 y estuvo por apenas un año y medio, hasta que en noviembre de 1974 el gobierno de Isabel Martínez de Perón intervino la provincia. “La línea de pensamiento de Lorenzo Miguel no coincidía en absoluto con la de Miguel Ragone, y por eso desde la nación se había decidido primeramente la intervención de la provincia, y luego se buscaba apartar a Ragone de la vida política”, señaló el Tribunal en la sentencia.

Zanetto había sido chofer y custodio de Lorenzo Miguel y fue enviado a Salta tras la intervención, donde fue nombrado secretario privado del ministro Ginés Fernández. “Tenía una evidente conexidad y vinculación con militares y con personas del peronismo a nivel nacional con ideologías total ente opuestas al exgobernador, con la clara intención de apartar a este último a como diera lugar de la actividad política”, explicó el fallo.

El Tribunal, integrado por los jueces Federico Díaz y Marcelo Juárez Almaráz y la jueza Gabriela Catalano, decidieron que ambos condenados cumplan la pena en prisión domiciliaria por su estado de salud.

El juicio oral finalizó en 2011 con la condena a perpetua al exjefe del Ejército en Salta, Carlos Alberto Mulhall, al ex jefe de la policía provincial Miguel Gentil, y a Joaquín Guil, ex jefe de Seguridad de la Policía. También fueron condenados a dos años de prisión los expolicías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera.

El viaje de la causa por las instancias superiores es muy similar a otras por delitos de lesa humanidad, con las graves demoras que denuncias los organismos de derechos humanos desde hace años. Recién en 2016 la Cámara de Casación confirmó las 5 condenas y ordenó revisar las 2 absoluciones y tuvieron que pasar 4 años para que la Corte Suprema dejara firme esa decisión en 2020. Luego le tomó al Tribunal otros 7 meses para convocar a una audiencia y finalmente 15 días después difundir el fallo. Desde la sentencia hasta su confirmación en 2020 fallecieron dos de los condenados, Gentil ese mismo año y Mulhall en 2014.