Ante la falta de respuesta de la Corte Suprema de la Nación, dentro de los plazos previstos por los códigos, la defensa de la familia de Santiago Maldonado presentó un “pronto despacho”, es decir, un escrito que se ajusta a los procedimientos ante una demora, en este caso, inadmisible. Como dice la abogada en cuestión, Verónica Heredia, se trata de una denuncia por retardo de justicia, “y si la justicia llega tarde no es justicia”. Si bien la Corte Suprema no tiene plazos prefijados para expedir sus resoluciones, debe, de todos modos, proceder con plazos razonables.
El 6 de marzo de 2020, la abogada Verónica Heredia pidió a la Corte que decidiera que la desaparición por 78 días seguida de muerte de Santiago Maldonado se investigara sin descartar ninguna hipótesis. Es evidente que el juez Lleral, quien cerró la causa mientras se producía el encuentro del G20 en Buenos Aires, confesándole a la madre de Santiago que había sido presionado por el poder político, no puede seguir a cargo de la misma cuando fue reabierta, justamente, por las irregularidades y los baches del proceso. Es decir que, desde aquel 29 de noviembre de 2018, no se investigó nada. ¿No vuelve esta situación irrazonable al plazo que la Corte se está tomando? ¿No es la posibilidad de que Santiago Maldonado haya sido desaparecido y luego devuelto muerto a la visibilidad por parte de una fuerza de seguridad del Estado, suficiente motivo para que una Corte Suprema se haga cargo de lo que le corresponde? La demora empieza a oler a impunidad.
Al mismo tiempo, el Máximo Tribunal también debe pronunciarse sobre la ilegalidad de las escuchas de las que fue objeto Sergio Maldonado. Éstas habían sido ordenadas por la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich al primer juez de la causa, Guido Otranto, luego recusado por presunción de parcialidad.
En la semana del 17 de octubre, Sergio Maldonado recuerda que hace cuatro años “apareció misteriosamente el cuerpo de Santiago en un lugar que había sido rastrillado tres veces y que estaba a la vista de todos. Imposible que el cuerpo haya estado ahí”. Por eso, continúa Sergio, “cuando decimos que hay que investigarlo como desaparición forzada, no es un capricho, sino que desde el día uno hasta el día setenta y ocho de su desaparición nadie pudo explicar dónde estuvo Santiago.”
Cuando se le pregunta por la investigación que llevó el juez Lleral desde que se hizo cargo de la causa, el hermano de Santiago comentó que el magistrado no les permitió ampliar ninguno de los puntos de pericia que pidieron ampliar. Además, una vez reabierta la causa, Sergio sostiene: “Hemos pasado por diferentes cámaras y tribunales en los cuales seis jueces dijeron que no había que descartar la desaparición forzada (entre ellos el juez Hornos), mientras que el juez Borinsky (el que jugaba al paddle en la Quinta de Olivos cuando Macri era presidente) fue quien en cuatro oportunidades rechazó los pedidos que le hicimos”.
El pedido de “pronto despacho” es acompañado por organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones, agrupaciones, personalidades y referentes de derechos humanos. Entre otras cosas, se exige a la Corte Suprema que se aparte al juez Lleral, quien en varias oportunidades se excusó por no poder ser imparcial, ya que eximió a la Gendarmería (principal sospechosa por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago) y ni siquiera ordenó una reconstrucción de lo sucedido.
Desde aquel 17 de octubre de 2017 y tras una autopsia incompleta, que dejó los principales interrogantes sin responder, se instaló en el imaginario social que Santiago Maldonado simplemente se había ahogado, casi prefigurando el deshonroso fallo de Lleral, quien se tomó incluso el atrevimiento de redactar el ahogamiento como si se tratara de un escritor de pobre factura.
Sergio Maldonado considera que “se dejó de lado que hubo una represión, que se cometieron errores groseros, y fundamentalmente que la autopsia no pudo determinar cómo, dónde y cuándo murió Santiago”. Y continúa: “Instalaron que Santiago se ahogó solo, que al aparecer el cuerpo se puede descartar la hipótesis de la desaparición forzada, y que a mí el Estado me pagaba un subsidio y por eso seguía reclamando. Una mentira que repitieron diputados como (Waldo) Wolff y (Fernando) Iglesias; mientras que nosotros no contábamos con el aparato del Estado como ellos y los medios que tiene la derecha para este tipo de cosas”.
Pero el 27 de octubre de 2019 se generó una nueva expectativa, tanto por la impugnación social al desempeño del gobierno de Macri, que había dejado una situación económica y social alarmante, como por la victoria de un Frente político que prometía abordar de manera diferente diversas agendas. Sin embargo, más allá de reconocer que hay miembros del Parlamento que siguen manifestándose y acompañando la causa, Sergio suena decepcionado: “Una vez que asumió el actual gobierno, con el silencio y la falta de voluntad política colabora con el desinterés por el tema”.
La familia Maldonado no cuenta con mayor espalda que la defensa sólidamente sostenida por la abogada Verónica Heredia y el espíritu de lucha y la perseverancia de Sergio, hermano de Santiago. Más allá del acompañamiento de las organizaciones y de las buenas intenciones de algunas y algunos integrantes del Parlamento, la soledad relativa de los familiares se potencia por la desigualdad de condiciones ante quienes apuestan al encubrimiento de lo sucedido, al olvido y la impunidad.
“Más allá de la dificultad que de por sí significa mantener un tema que lleva cuatro años, nosotros no contamos con gente que esté trabajando todo el tiempo y pensando cosas, tal vez, si tuviéramos un equipo de diez personas dedicadas a distintas acciones, podría visibilizarse. Aparte de lo cansador y desgastante que resulta repetir una y otra vez las cosas, renovar el pedido de verdad y justicia, cuando no hay avances judiciales”.
El año pasado un grupo de expertos independientes, internacional e interdisciplinario, consiguió resultados muy importantes analizando la causa desde distintas perspectivas e investigando el fenómeno mediático y social en sus distintas dimensiones. Pero, como señala Sergio, “la segunda etapa, que consiste en venir al país a realizar trabajos en el territorio, no fue factible porque el Estado no apoyó el pedido que hicimos de actuación del grupo de expertos independientes. Tranquilamente, la Secretaría de Derechos Humanos podría haber aprobado a ese grupo y ser consecuente con algunos de sus planteos, incluso con las políticas de acompañamiento a los familiares de víctimas y el acceso a la verdad y la justicia de los anteriores gobiernos kirchneristas.”
En definitiva, más allá de la vía de un poder judicial desprestigiado, que demostró en lo que va de esta causa su escasa capacidad para investigar, cuando no su complicidad con la actual situación de impunidad, la apuesta de la familia pasa por “saber lo que le pasó a Santiago, independientemente de tener justicia. Un juez es necesario en un proceso para determinadas acciones, tomar declaración a testigos y otras cosas que un grupo independiente no puede hacer. Pero el grupo sí puede hacer un análisis del territorio, diferentes investigaciones que arrojarían aproximaciones. En eso sí podríamos haber avanzado con un poco de voluntad política.”
¿Qué actitud tomará la Corte Suprema ante un hecho tan sensible y constitutivo de los dilemas fundamentales de una democracia tan declamada como poco ejercitada? En definitiva, Sergio Maldonado tiene razón cuando dice: “La causa no me pertenece a mí ni a mi familia, la causa es de todas y todos, y cada una y cada uno puede mantener viva la memoria de la manera que quiera o pueda”
