El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas advirtió al Gobierno  sobre la aplicación de recomendaciones vinculadas a medidas de austeridad, territorios indígenas y la implementación del aborto legal y le exigió la elaboración de un informe sobre estos temas.

La advertencia se originó en la presentación de un informe en la última reunión celebrada el  27 y 28 de septiembre, donde se reconoció la crisis por la que atraviesa Argentina pero resaltó la paupérrima situación “en particular para las personas y los grupos desfavorecidos, como consecuencia de la inflación y las medidas de austeridad”.

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En primera instancia, la preocupación parte de las desproporcionadas medidas de austeridad y plantea que “la adopción de cualquier otra política para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales; deben haber sido consultadas con las poblaciones afectadas y estar sujetas a un examen independiente; y deben mantenerse en vigor únicamente en la medida de lo necesario”.  Mostró también su inquietud con respecto a la degradación de “ministerios claves para la implementación de derechos” a secretarías de Estado, ya que “afectan su autonomía y sus funciones en el diseño e implementación de políticas públicas”

Con respecto a estas medidas de austeridad, remarcaron desde el comité que el gobierno debe tomar las disposiciones “necesarias para no sólo preservar la capacidad redistributiva del sistema fiscal sino fortalecerla, incluyendo la posibilidad de revisar la reducción de cargas impositivas a sectores de alto ingreso”.

Plantearo para el sistema estadístico nacional  la aplicación de un proceso claro, transparente y participativo de selección y nominación y que asegure que el INDEC trabaje junto con todas las partes interesadas en el diseño de los cuestionarios para el próximo censo 2020, especialmente sobre la identificación de pueblos indígenas, afrodescendientes, población romaní, entre otros.

En base a los reportes de varios casos de amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y comunidad LGTBI, con tendencia a la confrontación violenta y la criminalización a quienes solicitan la restitución de los territorios indígenas, “el comité recomienda al gobierno una política integral de protección de los defensores de derechos humanos y ambientales, que incluya acciones para prevenir ataques contra ellos”.

 Además, el Comité recomendó combatir la impunidad en dichos casos, mediante la investigación de las amenazas, actos de acoso, intimidación y violencia y velar por que sus autores sean sancionados. En particular, el comité “insta el Estado parte que impulse las investigaciones sobre aquellos funcionarios señalados como responsables de actos violentos contra comunidades indígenas”.

También resaltó la falta de cumplimiento integral del relevamiento sobre comunidades aborígenes, la demarcación de sus territorios, y la prohibición de desalojos de tierras de las mismas, dispuesto por la Ley 26.160 y también “está altamente preocupado por el desmonte”, ya que en 2017, se avanzó en más de 120.000 hectáreas, muchas de ellas en bosques protegidos, pese a las denuncias de las comunidades indígenas.

Con respecto a la desigualdad de género, la baja tasa de participación laboral de las mujeres quiénes asumen el trabajo no remunerado de cuidado de la familia alerta a la ONU, debido a los desiguales avances en materia social y territorial, hacia la provisión universal de servicios sociales e infraestructura destinada al cuidado de niños, niñas y adultos mayores.

Esto impacta de manera negativa la igualdad entre hombres y mujeres y la inserción laboral de las mujeres, sobre todo quienes tienen menores ingresos. La  baja representación de mujeres en los altos cargos en varios sectores, en particular en la justicia y el sector privado es otro de los conceptos que inquietan al organismo. En base a esto, el comité recomienda al Estado reforzar las disposiciones legislativas y las políticas públicas con presupuestos asignados,  para lograr la igualdad de derechos.

Un dato importante que alerta al comité son los altos números de aborto peligrosos en Argentina, directamente ligado a la mortalidad materna, y los obstáculos que encuentran las gestantes para acceder al aborto en las causales previstas legalmente como la falta de medicinas requeridas o el impacto negativo de la objeción de conciencia de médicos. “El Comité lamenta también que no se haya aprobado la despenalización del aborto”.  También hacen un llamado de atención por la falta de marco normativo e institucional que garantice servicios de salud adecuado a las personas intersex y a garantizar el “acceso a los medicamentos que permiten una interrupción del embarazo seguro, como el misoprostol y la mifepristona”.

También muestran en el informe sus reclamos y recomendaciones con respecto a la libertad sindical, el desempleo, la No Discriminación, migrantes,  el sector informal de la economía, el derecho a la seguridad social, el derecho a la alimentación, la violencia contra la mujer, la trata de mujeres, la pobreza estructural, vivienda, salud, explotación minera, fracking, medio ambiente, agricultura, educación y derechos culturales