El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi le pidió a su colega Ariel Lijo que le informe si en la causa por el presunto uso irregular del programa de “datos biométricos” de la Ciudad de Buenos Aires existieron seguimientos ilegales sobre los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
El pedido de información comprende también a otros ex agentes de la central de inteligencia, entre ellos varios de los que –según un fallo de la Cámara Federal porteña- fueron “cuentapropistas” del espionaje vernáculo.
El pedido de Martínez de Giorgi denota, con la cautela y mesura que tienen este tipo de tramitaciones, que lo que se está investigando si el sistema de reconocimiento facial de CABA fue utilizado para hacer espionaje sobre los ex jefes de los espías durante el gobierno nacional que, por entonces, tenía el mismo signo político que el de la Ciudad de Buenos Aires.
Hasta ahora se sospechaba que desde la AFI habían espiado a, entre otros, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su ex vice (hoy diputado bonaerense) Diego Santilli, entre otros personales políticos. La decisión de Martínez de Giorgi, que fue recibida hoy por Lijo y también por otros estamentos del gobierno porteño, parece indicar que el supuesto espionaje ilegal era una avenida de doble mano.
“Requiérase al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4 de esta ciudad, en relación a la causa 2360/2022, remita información en relación a las consultas realizadas en la órbita del Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad sobre las siguientes personas: Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, Diego Dalmau Pereyra, Alan Ruiz, Juan De Stefano, Jorge Horacio Saez, Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Matta, Denise Aya Tenorio, María Mercedes Funes Silva, María Andrea Fermani, Daiana Baldasarre, Andrés Rodríguez, María Belén Saez, Dominique Lasaigues, Martín Terra, Mariano Ignacio Flores, Jorge Ochoa, Javier Bustos, Jonathan Nievas”, sostiene la notificación remitida por Martínez de Giorgi (quien acumula todas las causas por espionaje ilegal en el anterior gobierno) a su colega Lijo.
“Respecto de cada una de las consultas –agrega el texto-, deberán informarse fechas y los horarios, como así también el usuario que las hubiera realizado. Por otro lado, también se deberá informar si de aquella investigación surgen datos respecto de la adquisición de equipos de seguimiento y vigilancia por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – Ministerio de Justicia y Seguridad y se identifiquen, en su caso, las empresas proveedoras”.
La causa 2360/2022 a la que alude Martínez de Giorgi se originó en la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, a raíz de una presentación del Observatorio de Derecho Informático Argentina (ODIA) sobre el supuesto uso irregular del sistema previsto para buscar a unos 40 mil prófugos. Ese sistema, que mediante un sistema de inteligencia artificial y la utilización de cámaras de seguridad ubicadas en todo el territorio porteño debería buscar a personas con pedido de captura que deambulen por las calles de la Capital Federal, fue utilizada para obtener datos de unos 11 millones de personas.
El juez porteño Roberto Gallardo suspendió la utilización del sistema de manera preventiva, pero el Tribunal Superior de Justicia porteño, en una suerte de “per saltum” doméstico, tomó el expediente y lo apartó.
No obstante, su sucesora, la jueza porteña Elena Liberatori declaró en setiembre del año pasado la “inconstitucionalidad” del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) porque “se implementó sin cumplir con los recaudos legales de protección de los derechos personalísimos de los habitantes”. El fallo, que fue apelado, sostiene que “resulta de prístina claridad que el SRPF posee inconsistencias y errores en los procesos administrativos de alta/baja/modificación, observando también vestigios del entorno de desarrollo que deberían encontrarse solucionados al momento de implementarse en modelo de producción”.
Aquel expediente derivó en una causa ante el fuero federal que instruye el juez Ariel Lijo. Según el desplazado juez Gallardo, “la información recolectada permite observar el posible uso indebido de los datos biométricos por parte de ciertos dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA”. ¿A quiénes apunta la denuncia que tramita ante el juzgado de Lijo? A Marcelo D´Alessandro (ahora ex Ministro de Justicia y Seguridad de la CABA); a Gastón Leopoldo Navarro (Subsecretario de Tecnología e Informática del ministerio); a Cecilia Inés Amigo (Coordinadora del Plan Integral de Videovigilancia de la CABA); y a Mariano Córdoba (Jefe de Sistemas de la Subsecretaría de Tecnología e Informática)”.
La figura en torno a la cual gira el expedientes está contemplada en el artículo 157 del Código Penal y establece penas de hasta dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación para “el funcionario público que a sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales; Ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley”.
Martínez de Giorgi también le envió un oficio al Ministerio de Seguridad y Justicia porteño “con el objeto de solicitarle que informe respecto de la adquisición por parte de esa cartera de tecnología de seguimiento y vigilancia, anillos digitales, cámaras y geolocalización y, en su caso, se detallen las empresas proveedoras o prestadoras de tales servicios que hubieran sido contratadas, entre los años 2016 y 2021”.
