Hace unos días, tres integrantes del gremio bonaerense de la salud ratificaron ante un fiscal federal que, durante el régimen macrista, hubo seguimientos con autos, además de cámaras, micrófonos e infiltrados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en las asambleas de los trabajadores del Hospital Posadas. El fiscal escuchaba sus dichos muy atentamente. Era Carlos Stornelli, quien a la vez está imputado por espionaje y extorsión junto con su compinche, el agente polimorfo Marcelo D’Alessio. Total normalidad.

En paralelo, con el objetivo de conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, el Ministerio Público bonaerense organizó una jornada sobre “Género y Justicia”. La persona a cargo de la apertura del evento expresó que “la lucha contra este flagelo requiere un tratamiento medular”. Era el procurador general, Julio Conte Grand, nada menos que el garante judicial de la “Gestapo PRO”. Total normalidad.

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La historia de ambos es un reflejo de las disfunciones que palpitan bajo los techos del Poder Judicial.

El periodista Enrique Vázquez evocó alguna vez un detalle de su origen profesional: “En 1983, al ingresar a Radio Belgrano, me recibió el interventor militar, un coronel. Estaba de uniforme y tenía un crucifijo más grande que el de Río de Janeiro”. El tipo se llamaba Atilio Stornelli.

Su hijo Carlos, por entonces un estudiante de la UBA con rostro perruno y mirada huidiza, acostumbraba a visitar al oficial en la emisora.

Este pasó a retiro una vez restaurada la democracia, aunque regresó al Ejército para prestar servicios administrativos. Hasta 1992, cuando fue echado por el general Martín Balza.

Ya con diploma de abogado, el joven Carlos se fue labrando una opaca carrera judicial en un tribunal porteño de menores. Pero el gran salto lo dio al desposar a Claudia Reston, sobrina del general Llamil Reston, el otrora poderoso ministro del Interior y Trabajo de Videla y Bignone. Ella trabajaba de abogada en el estudio jurídico del ministro Carlos Corach. Fue él quien puso a Stornelli, en junio de 1993, al frente de la Fiscalía Federal Nº 4. Dicho sea de paso, esa designación  contó con el visto bueno del presidente Carlos Menem. El riojano estaba lejos de suponer que un lustro después ese hombre taciturno le dictaría la prisión preventiva por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Balza mereció un idéntico destino. 

Por entonces la vida le sonreía: católico practicante, fanático boquense, padre de tres hijos y ascendente en su labor, ninguna sombra cabalgaba sobre su destino. También merodeaba la Comisión Directiva macrista de Boca. Sin embargo, el kirchnerismo aún veía su figura con buenos ojos.

Más allá de su opaca gestión como ministro de Seguridad en la gestión bonaerense de Daniel Scioli (en la cual cortó de un plumazo la reforma policial de León Arslanian) y su paso como director de Seguridad del estadio del club de la Ribera, conviene enfocar su rol durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fue su hora más gloriosa. En dupla con el ya fallecido juez federal Claudio Bonadio, su figura brillaba –más que las de otros fiscales tan ambiciosos como él– en el armado de causas contra ex funcionarios kirchneristas, dirigentes opositores y empresarios rivales de los CEO del macrismo. Al punto de que el denominado “Círculo Rojo” lo consideraba un genio del dibujo procesal.

Conte Grand no es un sujeto de ética menos lábil.

Su gran salto a la luz pública data del otoño de 2012, cuando Macri –por entonces al frente del gobierno porteño– le tomó juramento como procurador de la Ciudad por pedido del aliado peronista Emilio Monzó. Previamente, este abogado “católico y desarrollista” –así como le agrada resumir su visión del mundo– fue asesor del intendente Carlos Grosso y, después, pasó con idéntico cargo al Ministerio de Educación del menemismo. En la profesión compartió un estudio con su tío, el ya olvidado ex dirigente de la Coalición Cívica (CC), Gerardo Conte Grand. Y también es autor de textos jurídicos contrarios a la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario. Al patrón del PRO le gustaba –según dijo– su “perfil técnico”. Esa virtud también atrajo a Vidal.

De manera que, en diciembre de 2015, se lo llevó a La Plata en carácter de secretario Legal y Técnico de la Gobernación. Desde su despacho, el doctor aguardó con indisimulada ansiedad que ella se deshiciera de la procuradora María del Carmen Falbo –un propósito favorecido por el inicio de su trámite jubilatorio– para así ocupar el sillón vacante. Finalmente, aquello se cristalizó en diciembre del año siguiente. Todo estaba ya al alcance de sus manos.

No es una exageración decir que el vínculo del procurador con Vidal tuvo ribetes conmovedores. Evidencia de ello es que –tal como lo consigna el semanario Noticias en un simpático artículo publicado el 6 de noviembre de 2018– él le obsequió para su cumpleaños dos pequeños muñecos de Heidi y su Abuelito, adquiridos en China por Internet. Vale transcribir un breve diálogo al respecto entre la cronista y Conte Grand.

«–¿Se considera su Abuelito?

–Me encantaría. Pero la figura de Abuelito no la defino yo, la tiene que definir ella.

–¿Vidal sigue siendo Heidi?

–Hay que ver bien la serie, con visión adulta. Porque Heidi tenía mucho carácter. Yo creo que le cuadra muy bien. Por eso quiero ser su Abuelito.»

Más allá de aquella delicia, Conte Grand le aportó al Poder Ejecutivo un sistema de trabajo que a los fiscales les exigía mano dura, acusar por las dudas y condenas sin pruebas. De esa manera se convirtió en el cateto menos visible de un triángulo completado por otros dos inquisidores de fuste: Cristian Ritondo y el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. El derrumbe del estado de derecho y el autogobierno policial fueron sus logros más notorios. Ya se sabe que el lawfare está basado en la alianza entre un sector de la Justicia, los servicios de Inteligencia y la prensa hegemónica, para dar vida a objetivos reñidos con el juego limpio. A saber: esmerilar desde la oposición a gobiernos populares; perseguir desde el poder a toda clase de opositores y, ya nuevamente desde el llano, establecer acciones que garanticen la impunidad de los delitos perpetrados en las dos fases anteriores. Y el hecho de que tipos como Stornelli y Conte Grand sigan en sus puestos es un signo irrefutable de que en Argentina el lawfare aún goza de buena salud.