La estrategia del gobierno para avanzar con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dio en estos días un nuevo paso: concluyó la segunda etapa del programa de retiros voluntarios. El proceso provocó la salida de trabajadores que ocupaban puestos estratégicos para el funcionamiento del principal organismo de ciencia agrícola, lo que mantiene en estado de alerta a los gremios.
En 2024 se acogieron al primer proceso de retiros voluntarios unos 300 trabajadores. Ahora, estiman otros 900, cuya postulación será analizada por el Consejo Directivo del INTA en el marco de la presunta «reestructuración». Oficialmente, ya se publicaron dos listas con las bajas efectivas: 377 primero y 380, después. El resto sigue en evaluación.
«Desde el sindicato consideramos que los retiros voluntarios son despidos encubiertos. Primero modifican las condiciones de trabajo: cierran unidades, trasladan personal, cambian funciones, deterioran las condiciones salariales y generan un clima permanente de incertidumbre. Después ofrecen el retiro voluntario como única salida”, describe el ingeniero agrónomo y delegado de ATE, Sebastián Fajardo.
Tras la baja adhesión del primer programa de retiros voluntarios, ahora ofrecieron aproximadamente un salario y medio por cada año trabajado. La medida estuvo dirigida a personal de planta permanente con más de 3 años de antigüedad y hasta 60 años de edad. “Creemos que fue un esquema diseñado para que adhirieran principalmente trabajadores con muchos años de servicio y mejores salarios”, añade Fajardo. Tuvo un efecto claro: muchos directores nacionales, titulares de centros regionales y responsables de estaciones experimentales aceptaron el retiro. «Es parte del proceso de desguace que venimos denunciando –analiza el dirigente–. Hay que ver cómo se reemplaza esa enorme pérdida de cuadros técnicos e institucionales”.
Los retiros voluntarios se sumarán a los 1145 trabajadores que dejaron el organismo desde fines de 2023. Además, el plan del gobierno contempla el cierre de medio centenar de agencias y la venta de 42.000 hectáreas de campos experimentales.
Hay medidas, como el pase del predio de la Estación Experimental AMBA, en el oeste del conurbano, a la Agencia de Bienes del Estado para su posterior venta con fines especulativos, que fueron frenadas momentáneamente por la justicia. «En muchas agencias de extensión del interior del país ya vemos un serio riesgo de cierre –acota Fajardo–. Eso se suma a las dependencias que ya fueron cerradas durante el año pasado y este año”.
