Los paritarios de la UOM se reunieron esta semana con las cámaras empresarias para dar inicio a la paritaria salarial. El primer encuentro solo sirvió para que la parte sindical aceptara mantener los haberes de julio al mismo nivel que junio.
De esa forma, el básico de la categoría inicial sigue en $ 833 mil brutos. Las patronales aceptaron reabrir la negociación de la rama siderúrgica, que ellos paralizan desde hace dos años.
La noticia podría ser una más de tantas. Lo distintivo, sin embargo, es que los paritarios sindicales no cuentan con mandato para participar de esa negociación. La delegación integrada por secretarios generales de seccionales opositoras fue conformada a dedo por el interventor Alberto Biglieri, a su vez, designado por el tribunal de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
La vulneración de los alcances y atributos de la intervención según lo que dispone la Ley de Asociaciones Profesionales resulta tan flagrante que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, sintió la necesidad de pedir autorización a la Justicia para avalar el cónclave.
La Sala en la que cayó el diferendo, está integrada, entre otros, por el juez Víctor Pesino, reconocido en el fuero por su tendenciosidad en favor de las patronales y que cobró reciente notoriedad cuando dejó sin efecto el carácter suspensivo de la medida cautelar en favor de la CGT contra la reforma laboral.
El argumento de Pesino y su colega Dora González, a contramano de toda legislación internacional y de la jurisprudencia local incluida la Corte, sostiene que el ataque al salario no entraña una amenaza de «carácter alimentario».
Un día después de esa resolución favorable al gobierno, el Ejecutivo dio curso al pedido del magistrado para una prórroga en su cargo luego de cumplidos los 75 años de límite que establece la ley.
Pesino vulneró la Ley 23.551 al avalar la potestad de la intervención para discutir salarios. Ese recurso, sostiene la ley, debería limitarse a normalizar la organización en los términos de su estatuto.
La acefalía de la UOM emana de una resolución del tribunal que dio lugar a una impugnación de la lista Naranja que disputó la seccional Campana contra el secretario General de la UOM, Abel Furlán. El armado, promovido y presuntamente financiado por la patronal de Siderca-Techint, obtuvo el 15% de los votos y durante los comicios destruyó urnas con el ahora nítido propósito de enrarecer el proceso para luego judicializarlo.
El estatuto de la UOM dispone que el Colegio Electoral votado en las seccionales elige un secretariado encabezado por uno de ellos. La impugnación de Furlán en Campana lo inhibe para integrar el organismo.
Del estatuto, sin embargo, se desprende que una acefalía se supera con la designación del secretario adjunto, Daniel Daporta. A contramano de fallos de la Corte que privilegian explícitamente la resolución autónoma de las acefalías gremiales, la Sala VIII rechazó esa salida incluso luego de que el Consejo Directivo integrado por los 52 secretarios generales electos y reconocidos legalmente, lo ratificara.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de América Latina e integrante del equipo que asiste a la UOM, señaló a Tiempo que “el interventor, más allá de ser designado en un proceso plagado de irregularidades y cuya convalidación aún está pendiente de la decisión de la Corte, sólo está facultado para normalizar el sindicato. Lo único que puede hacer es convocar a elecciones en la seccional Campana de manera urgente. No existen motivos para demorarlas, sólo la oportunidad de negocios que se le abrió a esa runfla conocida por su capacidad para vaciar sindicatos”.
Esa elección se podría realizar en cuestión de días porque la presentación de listas y padrones ya tienen el aval de la junta electoral, las partes involucradas y la cartera laboral. De esa forma se alcanzaría la normalización de la seccional Campana, del Colegio Electoral y del Secretariado.
No es lo que quiere el juez que designó al interventor Alberto Biglieri, hombre de Daniel Angelici quien sumó en el equipo interventor a los ex funcionarios macristas Sandro Taricco y Omar Yasín. Ese equipo forzó el alcance de la intervención de la UOM hasta la Obra Social para restituirla a Raúl Olmos que, además de comandar el Grupo Crónica, participa del negocio de la salud y fue desplazado de allí por la conducción de Abel Furlán.
La arbitrariedad con la que actúa la Justicia plantea la amenaza de concederle a este grupo la discusión del convenio colectivo que, según el DNU 407/26, se encuentra en proceso de revisión.
La estrategia de la UOM, por el momento, se orienta al proceso judicial que, a través de un recurso de queja, llegó a la Corte. La profundidad del ataque, sin embargo, estaría poniendo sobre la mesa la necesidad de una respuesta gremial de la UOM, que podría actuar a través de su legítimo Consejo Directivo, y del conjunto del movimiento obrero a través de la CGT.
Rubén Urbano, miembro reelecto en el Secretariado intervenido, señaló a Tiempo que “nada de lo que ha hecho el estado judicial es lícito. En Campana se ganó con un 85% y dieron lugar al planteo de una minoría que rompió las urnas”. Para Urbano, “se han metido los Olmos a tejer por detrás. Vienen por la caja del sindicato y la obra social. Quieren hacer lo mismo que ha hecho la dictadura”.
Además, resaltó, “los interventores no tienen potestad de discutir convenios ni paritarias. Son dirigentes colaboracionistas. Cordero va a armar un convenio a la medida de Paolo Rocca”.
Urbano sostuvo que en la seccional Córdoba “estamos llevando un plan de acción con cortes de ruta y movilizaciones” pero, se lamentó, “no hay una misma mirada entonces es cuando ellos más avanzan. Deberíamos hacer un plan de lucha para demostrar que estamos todos de acuerdo en que la UOM es de los trabajadores”.
Urbano destacó que “Furlán fue electo a nivel seccional y nacional. Vamos a ser un poco más pacientes a ver si la Corte revé la situación. Si también se suma a esta operación no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Hay que mostrar un poco de rebeldía ante estos atropellos”. «
CGT: cronograma de marchas sin paro a la vista
La conducción de la CGT convocó a una reunión a las organizaciones sociales y a las dos CTA.
Allí presentó un cronograma de acciones que incluyen su participación el 22 de julio en la protesta que los jubilados llevan adelante todos los miércoles, la adhesión a la tradicional movilización del 7 de agosto por San Cayetano y una marcha al Ministerio de Economía en la tercera semana de agosto.
Además, aseguraron que habrá otra acción el día que se constituya el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y que adherirán a la Semana Social de la Comisión Episcopal en los primeros días de septiembre.
Así las cosas, la conducción, por el momento, no tomó una iniciativa propia y se limitó a acompañar medidas de otras organizaciones sociales y religiosas.
En la reunión se ratificó la intención de organizar una Marcha Federal y un nuevo paro general a los que no se les puso fecha y que, a la luz de la agenda pautada, se perfila para la segunda quincena de septiembre como plazo más cercano.
