El Consejo Superior de la UBA se reunió este miércoles y declaró por unanimidad de sus miembros la emergencia presupuestaria en esta institución. Además, acordó adherir y convocar a la Marcha Nacional Federal Universitaria que se realizará el próximo 23 de abril.
En los considerandos de la resolución, el Consejo Superior manifestó que: “En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”.
“La educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social, enseñanza con la máxima calidad académica, desarrollo de la investigación y compromiso con el entorno social, requiriendo un financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades”, añadieron desde la UBA.
Según precisaron, la Casa de Altos Estudios enfrenta una situación crítica debido a la decisión del Gobierno nacional de prorrogar los valores presupuestarios del año 2023 al 2024, en un contexto de inflación interanual del 276%.
“Esta medida coloca a la UBA en riesgo de desfinanciamiento, comprometiendo sus funciones esenciales como la educación universitaria y preuniversitaria, la investigación científica y la atención médica a más de medio millón de pacientes anuales en sus centros hospitalarios. A la fecha, los hospitales universitarios no recibieron ningún recurso por parte del gobierno”, advirtieron.
Por otro lado, el presupuesto para gastos de funcionamiento asignado actualmente a la UBA para el presente ejercicio, incluyendo la actualización parcial anunciada por el Estado Nacional desde el mes de marzo, constituye un recorte en términos reales del 80%. Es decir, por cada 10 pesos que contaba la UBA en marzo de 2023, hoy tiene 2.
El Consejo Superior -integrado por el rector, los decanos y representantes de profesores, alumnos y graduados- también decidió adherir y convocar a la Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que se realizará el día 23 de abril. De esta forma, acompaña la decisión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), juntamente con organizaciones sindicales docentes, nodocentes, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).
Ese día se marchará a Plaza de Mayo en defensa de la universidad, la educación y la ciencia pública y en reclamo por un mayor presupuesto universitario.
Paro universitario
En este marco, el desarrollo del segundo cuatrimestre es una incógnita. Este martes rectores de todo el país se reunieron en la Unsam y convocaron «a defender la educación pública, la ciencia y el sistema universitario», a la vez que resaltaron sobre la necesidad de que «la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular nos acompañen en nuestro reclamo. Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria».
Docentes y no docentes paran este miércoles y jueves. “Luego de nuestros reclamos, el gobierno anunció que aumentaría un 70% la partida, pero esto es solo para gastos de funcionamiento, y resulta insuficiente, la inflación interanual en febrero fue del 300%. Con este ajuste no se puede sostener el funcionamiento de las universidades. En el caso de la UBA, las autoridades anunciaron que no podrán abrir el segundo cuatrimestre”, afirmó Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA).
Esta semana se desarrollan múltiples clases públicas, radios abiertas y cortes de calle en todas las facultades de la UBA como parte de las jornadas de visibilización en el marco del paro nacional de 48 horas. «Las declaraciones de Benegas Lynch contra la educación obligatoria o del vocero Manuel Adorni y del secretario de educación Carlos Torrendell sobre un supuesto adoctrinamiento en escuelas y facultades, son funcionales al ataque que sufre la educación pública, estatal, gratuita y laica. Son la contracara del ajuste salarial y presupuestario, y al mismo tiempo, es un intento de regimentación política contra aquellos que defendemos la universidad pública, la libertad de cátedra, los libres debates en las aulas”, concluyó Celotto.
