La industria textil de la Argentina no para de sumar conflictos y cierres. Esta semana fue el turno de Khamsin, proveedora de marcas como Topper, Le Coq Sportif, Quiksilver, Tucci y Volcom. La firma paralizó, con la excusa de una desinfección y mantenimiento, su planta en Florida Oeste, en el norte del Gran Buenos Aires. Pero, además, adeuda salarios y aguinaldo a sus 50 operarios. El gremio que representa a los trabajadores, la Asociación Obrera Textil (AOT), apunta a un reciente cambio de control de la empresa que apunta a sustituir la producción propia por importaciones.
El sector textil y de la indumentaria es el segmento industrial más castigado. Según los informes de las principales entidades del rubro –Fundación Pro Tejer, Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) y Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA)–, las causas son el desplome del consumo masivo y la apertura indiscriminada de importaciones.
Mil puestos laborales menos por mes
En la comparación interanual de los últimos 12 meses, las entidades del sector estiman una pérdida de entre 12.000 y 16.000 puestos de trabajo formales directos en la cadena textil, de confección y calzado. Desde diciembre de 2023 hasta mediados de 2026, la cifra asciende a más de 24.000 empleos registrados perdidos. Es el equivalente al 20% de la plantilla laboral total del rubro.
Cambio de dueños y reconversión importadora
El delegado gremial Emanuel Vizgarra explicó que el último conflicto comenzó el 16 de junio, cuando la firma cambió de conducción. El ex propietario Diego Niebisky, dijo, transfirió el control de la empresa al grupo Corigliano, al que vinculó con la firma Moon Sport, dedicada a la importación.
El referente de la AOT señaló que desde medidados del mes pasado se profundizaron los incumplimientos laborales. Mencionó despidos, incluso de empleados con licencia médica, interrupción del pago a trabajadores con reposo médico e incumplimiento en el pago de salarios y medio aguinaldo. Todo, tras el cambio de conducción empresaria.
Vizgarra marcó como punto de inflexión el cierre del ingreso que impidió a los trabajadores ingresar a la planta luego del feriado del 9 de julio. Un cartel en la entrada argumentaba que era por tareas de reacondicionamiento, motivos de seguridad e higiene.
El gremio pidió la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, mediante una instancia de conciliación. Sin embargo, según el sindicato, la empresa nunca se presentó a las convocatorias ni recibió a las autoridades laborales que se presentaron en la planta.
