Es titular de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en forma ininterrumpida desde 1994. A la vez, es secretario adjunto de la CGT y juega un papel clave en la relación de la central con cada uno de los gobiernos, independientemente de su signo político.
Defiende la política sanitaria del gobierno y el acuerdo con la Unión Industrial (UIA) para reducir salarios “porque la prioridad es el empleo”.
Rechaza el teletrabajo y asegura que, de no mediar una actualización salarial, los trabajadores podría ejercer el derecho constitucional de huelga.
–¿Qué evaluación hace de la política sanitaria y socioeconómica oficial desde que comenzó la cuarentena?
–El movimiento sindical, a través de la CGT, ha acompañado y sigue acompañando las decisiones que toma el gobierno nacional, sobre todo, en materia sanitaria. Consideramos que el manejo de la crisis es prudente y lógico. Surge de la opinión profesional de los epidemiólogos. Lógicamente, hay una situación económica difícil que viene siendo muy dramática desde el gobierno anterior y se ha agravado con esta pandemia.
–Tenemos el récord de contagios entre los trabajadores de la salud. ¿Es responsabilidad del Estado? ¿El sistema de salud público está en condiciones?
–Estamos trabajando todos. Los que tenemos el manejo de las obras sociales, el Poder Ejecutivo, que maneja la salud pública, y la salud privada. Estamos concentrados en tratar de sobrellevar esta pandemia con la mayor de las garantías en materia de protección sanitaria. Hasta ahora está con un nivel aceptable. En el manejo de camas de terapia intensiva, de respiradores, etcétera.
–En medio de la pandemia, el gobierno nacional postergó la discusión paritaria estatal. ¿Están dispuestos a que no concluya la paritaria 2019 y que no se abra la de 2020?
–No. Pedimos que la paritaria funcione. Como lo está haciendo el movimiento obrero en cada una de sus actividades. Los trabajadores argentinos hemos perdido mucho poder adquisitivo desde 2018. La posibilidad de recuperar esa pérdida es a través de las negociaciones colectivas para que se discutan los aumentos salariales como corresponden.
–La junta interna de ATE-INDEC asegura que, desde noviembre de 2015, los estatales acumulan una pérdida del poder adquisitivo del 30,2 por ciento. ¿Aspiran a recuperar eso o a empatar la inflación que viene?
–No hemos fijado porcentajes ni mucho menos. Planteamos la necesidad de abordar dos objetivos: recuperar gradualmente lo perdido siendo conscientes de la situación que se está viviendo e impedir que se deteriore la carrera administrativa. Los bonos y las cifras fijas distorsionan y achatan la carrera. Eso no corresponde. Tiene que haber una lógica porcentual que incida en todos los niveles y grados que constituyen la carrera administrativa del Estado.
–El gobierno pidió un cuarto intermedio. ¿Ya tiene fecha la próxima reunión?
–Esa es la incertidumbre. Para un tema particular dijeron que dentro 15 o 20 días nos volveremos a reunir. Hemos solicitado que haya un aceleramiento en el pase a planta permanente de los sectores transitorios. Es un proceso largo y tedioso y se hace por concurso. En esta emergencia, lo que hemos solicitado es que sea con un concurso similar al que se hizo en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Que se pueda pasar a la gente que tenga antigüedad de ocho a diez años como contratado.
–¿Si el gobierno no abre las paritarias se puede producir un conflicto?
–Se puede producir un conflicto pero no ahora, claro. Una vez que se despeje el terreno, si no se contempla la recuperación del poder adquisitivo, desde ya que está vigente el derecho constitucional de huelga.
–¿Qué opina de la ATP? ¿Es legítimo que el gobierno subsidie a grandes empresas, como Techint, Clarín y La Nación, y al mismo tiempo pretenda congelar las paritarias estatales?
–El gobierno está subsidiando a trabajadores. Si una empresa tiene dificultades de pago en esos sueldos, el gobierno deriva esos fondos directamente al trabajador. No distingo nombres o empresas. Veo claramente la necesidad de que, cuando haya trabajadores a los que se les quiera descontar el salario, cuenten con la cobertura del Estado.
–¿El plan de suspensiones en Aerolíneas representa una luz de alerta? Ya no es un gobierno que media entre capital y trabajo sino el mismo Estado-patrón como sujeto del ajuste…
–Sí, por supuesto. La CGT ha hecho este acuerdo transitorio con la UIA en función de resguardar el empleo. Eso significa evitar los despidos y las suspensiones. Lo prioritario es que se mantenga el empleo.
–¿Promueven el impuesto a las grandes fortunas? ¿Qué opina del atraso en su presentación?
–No lo promovemos nosotros. Estamos aceptando una posición correcta que promueven algunos diputados del Frente de Todos en la Cámara. Habla de la solidaridad que deben tener algunos sectores en esta situación.
–¿La demora tiene que ver con la negociación por la deuda?
–Son dos temas distintos. El Congreso está buscando la forma más idónea para sesionar mientras que la deuda pasa por el Ministerio de Economía, por supuesto, con el seguimiento permanente del presidente de la Nación.
–Muchos estatales están haciendo teletrabajo. ¿Qué opina?
–Lo rechazamos terminantemente. No están dadas las condiciones tecnológicas para el despliegue del teletrabajo en ninguno de los ámbitos. Se está viendo en la educación, que es un desastre. Además es un elemento que puede perfilar la precarización del trabajo y la pérdida derechos. El trabajo tiene que ser presencial. Es pernicioso y perjudicial para el futuro del trabajo. Cuando los trabajadores se aíslan y generan un trabajo individual, se hace mucho menos creativo y mucho menos productivo que si lo hacen colectivamente. «
