Mientras aguarda la confirmación sobre la cantidad de acreedores que manifestaron su aceptación, el gobierno ya tiene resuelto prorrogar la fecha límite para sumarse al canje de bonos emitidos bajo legislación extranjera. El plazo para ingresar a la operación, que vencía el martes, será prolongado hasta fines de agosto, de manera de hacer las liquidaciones correspondientes el 4 de septiembre, tal como se había fijado. La expectativa es aprovechar esas tres semanas para continuar negociando con los grandes fondos de inversión, que poseen la tajada más sustanciosa de los títulos incluidos, y así finalizar la negociación con éxito.

En el Palacio de Hacienda son optimistas sobre la participación de los pequeños inversores minoristas. Datos extraoficiales señalan que a nivel local, más del 90% de los tenedores realizó el depósito de esos títulos en las cuentas comitentes abiertas por la Caja de Valores para canjearlos por los que ofrece el gobierno. 

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Sin embargo, esa fracción representa apenas una décima parte de los U$S 66 mil millones del universo que se busca reemplazar. Para saber el número final de adhesión habrá que esperar el informe desde el exterior.

La pelea de fondo es con los tres grupos donde se abroquelaron los inversores institucionales: el Ad Hoc, el Exchange Bondholder y los retazos del Comité de Acreedores, parte de los cuales se retiró y anunció que ingresará al canje.

A esta altura de los acontecimientos, con más de cien días de negociaciones y habiéndose reducido la diferencia entre lo ofrecido y lo exigido a sólo tres dólares (el valor presente neto de la oferta gubernamental es de 53,5 dólares cada 100 de valor nominal y los acreedores reclaman 56,5), la falta de arreglo parece más propia de una cuestión principista que del pragmatismo habitual en el mundo de los negocios.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aprovechó su disertación por videoconferencia ante el Atlantic Council (foro estadounidense de líderes políticos, empresariales e intelectuales) para ratificar que no está dispuesto a hacer cambios que signifiquen más pagos de dinero.

“Este es el máximo esfuerzo que puede hacer la Argentina, porque queremos hacer promesas que podamos cumplir y comprometernos responsablemente. Ahora estamos esperando la respuesta de los acreedores. Ya hubo una importante recepción por parte de varios participantes”, dijo Guzmán. En cambio, se manifestó más permeable a cambios en los términos legales y a resignar algunos mecanismos sobre la interpretación de los niveles de adhesión que forzarían a ingresar al canje incluso a quienes no lo manifiesten expresamente.

“Nosotros seguimos el lenguaje estándar respaldado por los mercados internacionales de capitales (el ICMA, la entidad que diseñó los protocolos sobre el tema), por el FMI y el G20 –puntualizó Guzmán–. Pero siempre existe la posibilidad de mejorar las cosas. Es a la comunidad financiera internacional a la que le corresponde decidir sobre estándares”.

Aun con ese guiño, sigue habiendo una porción de acreedores duros, liderados por BlackRock. Como en el truco, nadie sabe si está mintiendo ni cuáles son sus cartas. Ellos señalan que se les acoplaron otros bonistas que reúnen entre el 50 y el 60% del capital, lo que bloquearía cualquier canje del que ellos se autoexcluyan. En el gobierno dudan que pasen del 35% y por eso creen que detrás del rechazo hay segundas intenciones. Por ejemplo, que en futuras reestructuraciones de deuda (argentinas, de otros países o incluso privadas) se limite el poder del emisor para fijar las reglas de juego.

Si es así, BlackRock y sus aliados se cuidan de blanquearlo. En su último comunicado insisten en reclamar “una resolución consensuada” pero no ceden en sus pretensiones. Por eso el prestigioso Joseph Stiglitz, ganador del Nobel de Economía y mentor de Guzmán en la Universidad de Columbia, los tildó de “recalcitrantes, miopes, testarudos y de corazón duro”. El diario The New York Times, por su parte, dijo que Larry Fink, CEO de BlackRock, convirtió la disputa en un “enfrentamiento brutal”.

La relación que viene con el FMI

Mientras se dirime la pelea con los acreedores privados, el futuro de la relación con el Fondo Monetario Internacional ya asoma en la agenda oficial.

Los tiempos lo imponen: a mediados de 2021 la Argentina debería empezar a devolver los 44 mil millones de dólares que el organismo aportó para sostener la gestión de Mauricio Macri.

“Independientemente de lo que ocurra con el canje de deuda, iniciaremos una negociación con el FMI para un nuevo programa, basado en una sólida estabilidad macroeconómica”, adelantó Martín Guzmán en su disertación virtual ante el Atlantic Council. El ministro de Economía sentenció que “el programa anterior no funcionó y profundizó la recesión del país” y que por eso buscará “desarrollar un programa basado en diferentes premisas luego de la pandemia”.

La restructuración

El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que fija las condiciones para concretar la reestructuración de los títulos de deuda en moneda extranjera emitidos bajo legislación local.

En líneas generales, la norma replica el canje de los bonos bajo leyes del exterior y aclara que a aquellos que no acepten los papeles ofrecidos a cambio, se les postergarán los pagos hasta diciembre de 2021.

La propuesta abarca títulos por algo más de 41 mil millones de dólares, de los cuales cerca de la mitad está en poder de diversos organismos oficiales. Si todos los acreedores aceptan la renegociación, el Estado argentino obtendría un alivio en su cronograma de pagos de unos U$S 20 mil millones hasta 2030.