La pulseada entre el gobierno y los fondos de inversión internacionales que acaparan la mayor parte de los títulos de la deuda argentina alcanzó otro pico de tensión ante la decisión oficial de no afrontar el pago estipulado para este miércoles. Se trata de los intereses de los bonos Global 2021, 2026 y 2046, que en conjunto totalizan U$S 503 millones. De hecho, no se activó el mecanismo administrativo para notificar el giro del dinero, que lleva al menos 48 horas.

Aunque cargado de simbolismo, el incumplimiento no es en sí mismo un default. Antes de que se declare ese estado, se abre un período de gracia de 30 días. Recién entonces, en caso de que el pago no se efectivice, los tenedores podrían presentarse ante los tribunales de Nueva York (cuya jurisdicción está establecida en las condiciones del título) y reclamar la aplicación de la cláusula de pago acelerado, que implica que el país debería abonar al contado todo el remanente de esos títulos.

La jugada del gobierno es que antes de que se cumpla ese límite pueda lograr la aceptación de la oferta del canje de bonos anunciada el viernes de la semana pasada. Si eso ocurre, los Global (que entregan una tasa de entre 6,9% y 7,5% anual) serían reemplazados por otros nuevos con menor rendimiento y cuyo primer pago de intereses está pautado para dentro de tres años y medio. Además el pago en litigio quedaría como una cuestión abstracta y no habría que usar reservas del Banco Central para afrontarlo.

La disputa es un capítulo más de la batalla que está enfrentando a los bonistas con el ministro de Economía, Martín Guzmán, brazo ejecutor de la estrategia gubernamental para reestructurar la deuda en dólares y asegurar que no haya que desembolsar divisas al menos hasta 2023. La oferta establece el canje de todos los títulos emitidos bajo leyes extranjeras, que suman algo más de U$S 68 mil millones, por un conjunto de nuevos bonos con vencimientos escalonados entre 2030 y 2047. Los nuevos instrumentos recién empezarán a generar intereses desde noviembre de 2022: la tasa irá creciendo periódicamente desde el 0,5% anual inicial hasta un tope de 4,9% anual.

Este miércoles, la propuesta fue presentada oficialmente ante la SEC (Comisión de Valores estadounidense), para conocimiento de todos los acreedores. Según los números consignados por el Palacio de Hacienda, el esquema de conversión entre los títulos viejos y los nuevos lleva implícita una reducción del 62% en el flujo de intereses y de un 5% en el capital. La nota establece como fecha límite para su aceptación el 8 de mayo. Si a esa fecha el gobierno consigue el visto bueno de los tenedores de entre el 66% y el 75% del capital, según el umbral fijado en cada bono, el canje tendrá validez legal, tal como lo estipulan las cláusulas de acción colectiva de esos instrumentos.

Tal como lo contó Tiempo en su página web, los bonistas se nuclearon en diferentes agrupaciones para manifestar su negativa a los términos de la propuesta. Para el gobierno, sin embargo, esa reacción era previsible y responde a una estrategia negociadora. “Las expresiones de rechazo eran esperables, es parte de un proceso en el que la otra parte busca presionar para que Argentina ofrezca más”, opinó Guzmán en una entrevista concedida a El Destape Radio. “Ya había habido muchas conversaciones con los acreedores (antes de dar a conocer la oferta) pero no nos pudimos poner de acuerdo. Ellos tenían ideas muy precisas de lo que íbamos a proponer. Está claro que ellos aspiran a otra cosa”, agregó.