Las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri y que fueron publicadas este martes en el Boletín Oficial generaron fuertes rechazos en buena parte de los empresarios, incluidos aquellos cuyas actividades han sido altamente beneficiadas por anteriores medidas de la administración. En cambio, un sector de los analistas que siguen la evolución del déficit fiscal vio con buenos ojos estas decisiones porque apuntan reducirlo.
Las resoluciones del gobierno nacional fueron tres: eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS, también conocido como Fondo de la Soja); suspensión por seis meses de la reducción de retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja; y reducción en un 66% de los reintegros a los exportadores.
En todos los casos, el gobierno macrista se justificó en la necesidad de reducir el déficit fiscal según el acuerdo firmado con el Fondo Monetario.
Fondo Federal Solidario
Según los cálculos del IARAF, un centro de estudios especializado en temas fiscales, el valor del FFS de este año equivaldría al 2,4% del total de los fondos automáticos que reciben las provincias.
Los distritos del interior reciben de manera automática una parte de la recaudación todos los meses. Ese dinero, conocido como la coparticipación, se divide entre los 24 distritos (23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires).
El FFS formaba parte de esa distribución y tenía un fin definido: debía ser empleado para inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial. IARAF calculó que el FFS significó entre el 10% y el 15% de ese tipo de gasto en la mayoría de las provincias, aunque en Santa Cruz superó el 50% porque la administración de Alicia Kirchner no destinó recursos propios y recibió muy pocos fondos extra del gobierno nacional para la inversión de capital.
Según el IERAL, un centro de investigaciones que depende de la Fundación Mediterránea, el Fondo de la Soja significa el 1,2% de los ingresos totales de las provincias.
El portal especializado Agrofy informó que la medida provocó rechazo entre los distritos damnificados. Un funcionario de Santa Fe declaró que “este descenso en los ingresos va a producir un alto impacto en los gobiernos locales”, muchos de los cuales están gobernados por Cambiemos, el partido del gobierno nacional.
La intendenta de Rosario, Mónica Fein, criticó por la red social Twitter: “El gobierno Nacional pretende resolver su descalabro financiero cortando por los más débiles. Por DNU definieron recortarle $240 millones a la ciudad que eran destinados exclusivamente para obras, como las del Policlínico San Martín, el Hospital Carrasco o cloacas en varios barrios”.
Y tras enumerar una decena de obras, agregó: “Todas estas obras se hicieron con el fondo sojero que hoy decidió suspender el gobierno nacional. Recursos que deben destinarse exclusivamente a obra pública y que invertimos en cada uno de los barrios. Es una muy mala noticia para todos los que creemos en un país más federal”.
Según la Dirección de Asuntos Provinciales del Ministerio de Hacienda, este año las provincias recibirían unos $17.000 millones. El año pasado, las cuatro provincias que más recibieron dinero del FFS fueron: Buenos Aires, con $4023 millones; Santa Fe, $1638 millones; Córdoba, $1627 millones; y Chaco, $914 millones.
Según el gobierno nacional, esta decisión le permitirá quedarse con $8500 millones por la no distribución del FFS en este año y otros $26.500 millones el año próximo.
Retenciones
La suspensión de la reducción de las retenciones a las exportaciones de harina y aceite de soja le dejarán al gobierno nacional $1500 millones este año y otros $12.000 millones en 2019. Según explicaron en el Ministerio de Agroindustria, el objetivo es unificar lo que tributan estos dos productos con lo que paga el poroto de soja.
Es que el poroto tributa en la actualidad un 26% y como su calendario de reducción se mantiene, desde el 1 de marzo próximo pagará un 23%, que es el nivel actual de la harina y el aceite y que seguirá así hasta ese mes porque la resolución es por seis meses.
Pero más allá de este tecnicismo, la desconfianza cunde entre la patronal rural y exportadora. Es que en forma inmediata, el precio del poroto de soja que pagan las fábricas de aceite y harina (que los producen y exportan) cayó un 3,75% en el mercado local. La tonelada disponible pasó a valer $7700 desde los $8000 previos.
La decisión de las fábricas –una suerte de cartel en escena- cayó muy mal entre los productores, los que prácticamente cesaron sus ventas en los dos mercados en los que se opera: la porteña Bolsa de Cereales y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
Los productores apuestan a obligar a las fábricas a que suban los precios que pagan y se aprovechan de la escasez de granos de soja debido a la sequía de este año.
Pero los fabricantes tienen una respuesta: según la BCR, a junio pasado las importaciones de poroto de soja ascendieron a casi 3 millones de toneladas, un 265% más que en el mismo período de 2017. Los fabricantes importan soja para suplir sus moliendas ante la falta de poroto local. Y esta práctica podría continuar si los productores deciden mantener su boicot de ventas a la espera de un mejor precio.
El enojo de los productores se entiende más cuando se observa que al mismo tiempo que los fabricantes bajaban los precios, en el mercado de referencia mundial, Chicago, la tonelada de soja mejoraba su precio en un 4%.
La cámara que agrupa a los fabricantes y exportadores de poroto de soja y derivados, CIARA, explicó en un comunicado su “sorpresa y preocupación” por la medida y aseguró que provocará “la caída de transacciones”. CIARA defendió que haya una “diferencia” entre las retenciones al poroto de soja (más elevadas) y las de los aceites y harinas (más reducidas). El problema es que esa diferencia es una transferencia de ingresos en su favor.
La BCR también se expresó en contra de esta medida y auguró un agravamiento del déficit comercial argentino porque las cerealeras elegirán exportar porotos sin procesar y no los subproductos que tienen mayor valor agregado y, por lo tanto, se venden a mayor valor, es decir, provocará una “reprimarización de nuestra economía”.
Esta decisión se complementó con una resolución que suspendió hasta el próximo jueves las operaciones de exportaciones de poroto de soja y los derivados. Se prevé que la apertura del mercado de ese día será acentuadamente a la baja.
Reintegros
La tercera decisión del gobierno, y que levantó más rechazos, fue la reducción de los reintegros a las exportaciones. Los reintegros son los fondos que el gobierno nacional entrega a los exportadores y cuyo valor se calcula según la cantidad de impuestos indirectos (IVA, por ejemplo) que están incluidos en el valor de los productos que exportan.
En este punto no hay grietas entre industriales y ruralistas. Unos y otros consideraron que la decisión no era correcta. De acuerdo con los cálculos de Hacienda, el gobierno se queda con $5000 millones este año y otros $29.000 millones en 2019 por esta reducción.
La Unión Industrial Argentina (UIA) salió al cruce con una declaración en la que manifestó su “preocupación” ya que “tendrá consecuencias negativas para las industrias y las economías regionales”. La entidad fabril agitó que con esta medida “Argentina posterga el objetivo de convertirse en el supermercado del mundo” y reclamó por “reglas de juego claras, previsibles y estables en el tiempo”.
En un sentido similar se expresó la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA). José Luis Ammaturo,su presidente, dijo: “Hay gran preocupación entre las pymes metalúrgicas por la decisión de reducir los reintegros a la exportación”. Explicó que “el reintegro a las exportaciones es una medida que alienta la venta de productos nacionales en mercados externos” y advirtió que así “se desalentará la actividad exportadora”.
Por su parte, el secretario General de CGERA, Raúl Zylbersztein, dijo que las medidas “destruirán puestos de trabajo y deteriorarán la generación de riquezas”. Y agregó: “A las exportaciones agropecuarias y a las mineras no se les pide ningún sacrificio para paliar el déficit fiscal y continúan con sus esquema de baja de retenciones”.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, dijo que «estas medidas apuntan a quitarle fuerza a la exportación; es un tema difícil porque las economías regionales necesitan reintegros para ser competitivos».
José Urtubey, miembro de la UIA y directivo de la firma Celulosa Argentina, recordó en diálogo con Radio Con Vos: “Hace dos semanas (el ministro de Producción, Dante) Sica nos visitó y le preguntamos si iba a haber modificaciones de reintegros y dijo que no, y que había coincidencia de que las tasas no podían durar con esos niveles y estaban al 30%. Hoy tenemos retenciones que se han disminuido y las tasas del BCRA más altas”.
La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su “más enérgica protesta” por la reducción de los reintegros.
Ante esta andanada de rechazos, la pregunta es si el gobierno nacional sostendrá hasta el final estas medidas o, como ya sucedió otras oportunidades, dará marcha atrás para recalcular dónde golpeará con su ajuste. Los sindicatos deberían tomar nota de esta situación.
