El gobierno continúa negociando intensamente con el Fondo Monetario Internacional para arribar a un acuerdo que no condicione las políticas y que permita que la economía siga evolucionando en forma positiva. Se trata de evitar, según se comenta, la insistencia de algunos funcionarios del FMI para que se produzca una devaluación significativa, que tendría un impacto muy negativo en los bolsillos de la población, en la actividad económica y en las condiciones sociales.

Las conversaciones se centran en la importancia de que se relajen las actuales metas, y en la necesidad de capear los efectos de una inédita sequía, mediante un puente externo de divisas por vía del adelanto de futuros desembolsos. La redefinición de las metas no debe dar lugar a dudas ante el impacto que están sufriendo nuestras exportaciones (se perderían unos U$S 20 mil millones de la cosecha exportable). En materia fiscal también está registrándose una merma significativa, asociada a los menores ingresos por retenciones.

Nuestro país no debería estar atravesando la actual situación con el FMI. Nunca se debería haber tomado ese crédito (2018), ni mucho menos debería haber sido otorgado. No sólo por el monto, sino por las condiciones de repago imposibles de cumplir. Fue una decisión irresponsable de ambas partes, que apuntó a intentar conseguir la reelección o a condicionar a un gobierno de otro signo si resultaba electo (como sucedió). El pecado original se encuentra ahí, y después viene todo el resto.

Cobra especial importancia la carta que enviaron seis presidentes latinoamericanos, Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Arce (Bolivia), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Mario Abdo Benítez (Paraguay), a Joe Biden, mandatario de los Estados Unidos, para que apoye a la Argentina en las negociaciones con el FMI.

Entre otras cuestiones, sostienen: “los países de la región seguimos con atención la situación que atraviesa la Argentina, producto del efecto combinado del sobreendeudamiento en la anterior administración, la pandemia, el impacto de la guerra en Ucrania y las consecuencias de la mayor sequía que el país haya padecido en el último siglo”.

Recuerdan que “se trata del mayor crédito otorgado en la historia del organismo, que contó con el aval de sus principales accionistas, por un monto superior al 1.000 por ciento de su cuota”. Y agregan: “circunstancias extraordinarias ameritan respuestas extraordinarias, tan extraordinarias como el sobreendeudamiento provocado por el préstamo del FMI, que es una de las principales causas de la situación actual”. También advierten: “la inflexibilidad del FMI para revisar los parámetros del acuerdo en el contexto de la sequía descripta corre el riesgo de convertir un problema de liquidez en uno de solvencia”.

De la misma forma, enfatizan que “la Argentina ha solicitado al FMI una revisión que permita sortear las dificultades que presenta este año atípico y que sirva como puente hasta tanto maduren varios proyectos en curso, en particular los referidos a energía y minería, que tendrán un impacto significativo en la balanza de pagos del país”.

Respecto a este último punto, en la semana el Presidente del BCRA, Miguel Pesce, señaló que el año que viene podría haber un superávit comercial importante para nuestro país. Comenzó haciendo una comparación con lo que ocurría en el último año del gobierno de Mauricio Macri, cuando Argentina exportaba U$S 60.000 millones y de allí “no se movía”, en tanto que en 2022 exportó casi U$S 90.000 millones. Luego remarcó las auspiciosas perspectivas dadas por las exportaciones de energía, de minería y del resto de los productos. En cuanto a energía, continuó: “esperamos un crecimiento entre 2022 y 2030 de U$S 8.000 millones a 36.000 millones de exportación, en minería de U$S 3.800 millones a 15.000 millones y en el resto de productos de U$S 37.000 millones a 54.000 millones”.

Argentina podrá “sacarse de encima” al FMI en un largo tiempo, pero ello debe hacerse sin ahogar el crecimiento, cuidando el mercado interno y fomentando las exportaciones (y su agregación de valor). En este último caso son imprescindibles las regulaciones y los cuidados que hacen falta del medio ambiente, con un manejo soberano de los recursos naturales, con la preservación de los derechos territoriales y de las poblaciones que habitan las distintas geografías.

La prioridad en un acuerdo con el Fondo pasa porque se puedan reducir al mínimo los condicionamientos. Ello no va en perjuicio de seguir bregando por la reducción de los sobrecargos, más aún en un contexto de fuerte suba del costo básico que hay que pagarle al organismo producto del incremento de tasas de interés de las economías centrales.

UVA, producción y precios

Se aprobó en Diputados un proyecto que busca dar un alivio a los deudores de créditos hipotecarios destinados a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de la vivienda de carácter única, familiar y de ocupación permanente. Aplica sobre los que se actualizan a partir de los índices UVA (es decir, según la inflación). Alcanza a los créditos por hasta 120.000 UVAs, y a viviendas de hasta 140.000 UVAs (en la actualidad, una unidad UVA tiene un valor casi idéntico al dólar Banco Nación).

El proyecto, entre otros beneficios a los deudores, otorga la opción de adoptar un índice de actualización de las cuotas que deje de estar vinculado al IPC y pase a regirse por un índice elaborado a partir del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). Situación que se aplica tanto para los créditos ya otorgados, como para los que se podrían llegar a otorgar.

Cabe aclarar, no obstante, que ésta no es la solución al problema de la vivienda en la Argentina. Para eso hacen falta más políticas de otra envergadura: un buen ejemplo de ellas son los créditos Procrear.

Por otro lado, los datos de la actividad industrial más recientes mostraron una ligera baja mensual, un efecto esperable muy vinculado a las menores exportaciones agroindustriales. No deja de ser un dato puntual, que no modifica la tendencia positiva del mes (1,1%), comparada con igual período del año anterior. El nivel de producción sigue siendo alto y ello es un mérito de las actuales políticas.

Consecuentemente, el índice de Utilización de la Capacidad Instalada de la Industria llegó en abril de este año a un 68,9%, el mejor registro desde noviembre de 2015, nivel de por sí elevado con el cual finalizó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

En el caso de la construcción, si bien ha evidenciado dos meses consecutivos de caída interanual (4,0% en abril y 2,9% en mayo) la actividad sigue estando en niveles elevados.

Respecto a los índices de precios, se conoció el dato para junio de la Ciudad de Buenos Aires: 7,1%, un muy alto nivel aún, pero menor que el 7,5% de mayo. Cabe destacar en junio el dato del aumento de Alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue del 5,8%, mientras que Vivienda, agua y otros subió un 10,2%, rubro este último con una alta ponderación en el índice porteño.

En materia de inflación, siempre es mejor estar un poco más abajo que algo más arriba, pero el verdadero avance se irá dando en la medida que se vaya poniendo más freno a las maniobras especulativas de los formadores de precios.