La decisión del gobierno porteño de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad, y de sancionar a las y los docentes que lo apliquen, generó los primeros amparos en su contra. Algo que la propia ministra de Educación, Soledad Acuña, lo preveía: “Es esperable, estamos acostumbrados”, declaró el sábado. Cuarenta y ocho horas después empezaron a presentarse en los juzgados capitalinos.

La legisladora del FDT y docente, Laura Velasco, junto a la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) realizaron un amparo colectivo en contra de la medida de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, con el fin de proteger integralmente los derechos de les integrantes de la comunidad educativa, en lo relativo al derecho a la Identidad y a la Educación, en especial a la Educación Sexual Integral, al derecho a la Dignidad Humana, a la Igualdad y a la No Discriminación: “Se pretende a través de una prohibición cambiar un fracaso educativo que no tiene que ver con la visibilidad de identidades de género sino con el sistema que el GCBA tiene en materia educativa”, explica el escrito.

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La presentación califica la medida de Larreta y su ministra como “prohibitiva, censuradora, aleccionadora, contradictoria con las comunicaciones del propio Gobierno porteño en sus redes y páginas oficiales, además de discriminatoria y contraria a la libertad de expresión, la igualdad, la identidad de género y la ESI”. Y agrega que es una prohibición a un modo válido de expresarse que genera la negación e invisibilización de diversas identidades de género no binarias.

La medida busca suspender la Resolución N° 2566/MEDGC/22 del Ministerio de Educación porteño para “que se permita a les integrantes de la comunidad educativa hacer uso del lenguaje inclusivo en todas sus formas y variantes, especialmente aquellas que mediante la utilización de las letras ‘E’, ‘X’, ‘@’, etc, buscan nombrar e incluir en el lenguaje oral y escrito a aquellas identidades que no se identifican con el binomio varón-mujer y declarando expresamente que su utilización no acarrea ningún tipo de sanción, incumplimiento, reproche, descalificación, etc.”

“Acuña debería estar preocupándose por no atrasar en una sociedad que avanza en un sentido de igualar derechos y por gestionar su área en una ciudad con enorme presupuesto y que, sin embargo, tiene escuelas sin gas, comida en mal estado en los comedores y miles de estudiantes sin vacante todos los años”, manifestó Velasco, quien integra las comisiones de Educación y Mujeres, Géneros y Diversidad en la Legislatura porteña. 

“Esta decisión es profundamente antidemocrática y contraria la Constitución nacional y de la Ciudad. Además, no tiene ningún tipo de fundamento científico. Es un gesto a los sectores antiderechos y al electorado de Milei, por parte de una ministra que pretende ser candidata en el 2023”, completó Velasco.

Otro amparo fue presentado también hoy por Celeste Fierro, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, y la secretaria Gremial de Ademys, Vanesa Gagliardi, ante la jueza María Rosa Cilurso, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 22. “Acuña busca reducir la libertad de expresión y los derechos de género reconocidos por ley. Atrasa y discrimina. Frente a esta medida tan absurda y reaccionaria, que ahora quiere imponer sanciones a les docentes que no la cumplan, defendemos el derecho democrático de cada docente y estudiante de utilizar o no el lenguaje inclusivo; la caída en la comprensión de textos empezó bastante antes del mismo y por ende no mejorará porque se lo prohíba”, planteó Fierro. 

Gagliardi apuntó a la falta de computadoras y de conectividad del estudiantado durante la pandemia como un factor de incidencia neta en el deterioro pedagógico: “Si no se revierten estos problemas estructurales, prohibir en forma arbitraria el uso de la ‘e’ o la ‘equis’ sólo implica discriminar y cercenar derechos”.