“Hola soy Juana, el día martes de esta semana le llegó a mi madre una carta documento de parte de una abogada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, demandándola por daños y perjuicios, durante la toma de octubre del año pasado en el Colegio ESEA Manuel Belgrano, reclamándonos un pago de aproximadamente 2 millones 700 mil pesos”, narra la estudiante en un video que se viralizó rápidamente. La joven fue una de las miles de alumnas y alumnos que, entre septiembre y noviembre del año pasado, participaron de la toma de más de una treintena de escuelas porteñas, porque el gobierno local se negó durante muchos años a escuchar sus reclamos: pésimas condiciones edilicias, ratas en las aulas, comida en mal estado y la oposición a las pasantías no rentadas, eran algunos de los reclamos planteados por el movimiento estudiantil.
En el mismo video, la joven aclaró que los que se hayan informado sobre esta toma o participado en ella, saben que lo último que hicieron fue causar daño en las instalaciones de la escuela. Paralelamente enumeró varias medidas que realizaron, previo a la toma del colegio, para que el ministerio de Educación escuche sus reclamos. “Sabemos que no somos las únicas que estamos pasando por esto, ya a padres de otros colegios les llegó el mismo documento”, agrega Juana.”Le recordamos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sigue, “que luchar es un derecho”.
Cansados de no ser escuchados, en septiembre del año pasado los estudiantes de escuelas secundarias de la Ciudad decidieron implementar la única medida que les quedaba: la toma de colegios. Soledad Acuña endureció su postura e implementó un «protocolo anti tomas» de escuelas que, ilegalmente, aplicó con ayuda de la Policía de la Ciudad. El mismo fue elaborado en 2018 y no incluye la participación de fuerzas policiales. Durante varios días, los efectivos amedrentaron a familias y estudiantes llevando notificaciones con advertencias judiciales y amenazas con multas y cárcel a los adultos: padres, madres y tutores de los chicos que participaban de las tomas.
De acuerdo al protocolo, al comenzar la protesta, las autoridades de la escuela deben dar intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Servicio de Asistencia Médica de Emergencia (SAME). En ningún tramo del texto de la resolución figura habilitada la participación de la fuerzas policiales. A pesar de eso, la Policía de la Ciudad golpearon las spuertas, durante varias noches, en domicilios de estudiantes de colegios tomados. Las puertas eran golpeadas con violencia, y el objetivo era dejar notificaciones. Los hechos se repitieron en hogares de estudiantes que asisten a la Escuela García Lorca, al Liceo 5, al Lengüitas, al ESEA, y a varios establecimientos más.
A las pocas semanas, Rodríguez Larreta y Acuña, realizaron un total de 25 denuncias penales a 366 padres por las tomas de colegios. El argumento se basaba en daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por un monto que asciende a $50.538.442,85.
Para llevar adelante las denuncias contra madres y padres, se basaron en el artículo 58 del Código Contravencional de la Ciudad, que habla de “ingresar o permanecer en un lugar público o privado contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. En su momento, la Correpi advió que desde el ejecutivo porteño hicieron algún tipo de selección a la hora de enviar las denuncias, porque quienes recibieron la notificación contravencional, no recibieron la carta documento; y quiénes recibieron la carta documento, no recibieron la denuncia contravencional. “La primera tanda, entiendo yo, por las fechas en que nos fueron avisando madres y padres, el gobierno porteño intentó con la causa contravencional. Cuando vieron que no iba ni para atrás ni para delante, intentaron con otro bloque de madres y padres de otros colegios con las cartas documento, para asustar por el lado del bolsillo”, explicó en aquel momento Verdú en diálogo con Tiempo.
