La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que más escuelas privadas subsidia

Cada informe o relevamiento en materia educativa, realizado por diferentes organismos devenidos del ámbito privado o estatal, coinciden en que el distrito porteño es el que más falencias persisten en el sector. Quienes luchan por mejorar la calidad educativa en la Ciudad, sostienen que esas falencias se dan por una sola razón: la falta de presupuesto volcado al sector y el recorte sistemático en cada ciclo lectivo. Un nuevo informe del Observatorio Argentinos por la Educación asegura que las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son CABA (39%), Córdoba (29%) y Buenos Aires (26%). En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut (ambas con 9%).

En ese sentido, el documento titulado “Subvenciones a la educación privada: ¿Para qué y para quiénes?” detalla que, además, la Ciudad de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que menos dinero vuelca por estudiante: «las que menos invierten proporcionalmente por cada alumno del sector privado subvencionado son Salta ($42), CABA ($41) y Tierra del Fuego ($38)». Como contrapunto, las tres provincias que más invierten por cada alumno de escuela privada subvencionada son: «Santa Cruz (114 pesos por cada 100 destinados a alumnos de escuelas estatales), Santiago del Estero (99) y Misiones (97), según los últimos datos disponibles de 2021», agrega el relevamiento realizado a partir de datos oficiales.

La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que menos invierte en Educación: solo el 16,7% de su presupuesto

El informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mauro Moschetti (Universitat Autónoma de Barcelona), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación), entre otras cosas, analiza la cantidad de alumnos que asisten a escuelas de gestión privada con subvención estatal, la distribución por nivel socioeconómico de los alumnos de cada sector de gestión y el presupuesto que se destina a cada uno.

En el marco general, el informe realiza un desagregado sobre el porcentaje de alumnos y alumnas que van a escuelas con subsidio del estado. «El 22% de los estudiantes del país asiste a escuelas de gestión privada con subvención, mientras que el 73% asiste a escuelas de gestión estatal y el 5% a escuelas privadas sin subvención (desde sala de 3 hasta el final de la secundaria).

Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, tiene una mirada positiva del rol que cumplen las empresas y asociaciones  que gestionan centros educativos privados: “los datos reafirman que el Estado argentino (todos los gobiernos) necesita a la educación privada para garantizar el derecho a la educación por medio del gasto privado de las familias. Incluso, el Estado destina fondos (subsidios) para bajar el precio de la cuota de escuelas privadas, siempre que la inversión estatal por alumno privado sea menor que la inversión estatal por alumno público». Para el ex ministro de Educación de la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri e integrante de Argentinos por la Educación, por esta razón, «si todas las familias optaran por ejercer su derecho a una vacante para sus hijos en la educación estatal, todo el sistema educativo colapsaría por falta de fondos e infraestructura, aun sumando al presupuesto todos los subsidios a las escuelas privadas”.

En cambio, para Mauro Moschetti, uno de los autores del relevamiento, «la política de subvenciones a la educación privada en Argentina tiene varios problemas entre los que se destacan dos fundamentales. Primero, los objetivos que persigue son difusos; y sin objetivos claros, es difícil analizar sus efectos y juzgar su eficacia», comienza el especialista y cuestiona sobre este punto si el subsidio «¿busca posibilitar que las familias de bajos ingresos accedan a escuelas privadas? ¿Son, por el contrario, sus destinatarios las clases medias que optan por educación privada? ¿Pretende sostener a un sector privado percibido como costo-eficiente como alternativa ante una insuficiente oferta estatal?».

Moschetti resalta que en segundo lugar, aunque no menos preocupante, «la asignación de subvenciones se decide sobre la base de criterios poco precisos. A partir de la escasa información disponible, este informe arroja algunas pistas para repensar un sistema muy arraigado que ha sido escasamente problematizado en sus casi ocho décadas de existencia».

Otras conclusiones del informe

Entre varias definiciones que lanza el sondeo mediante la lectura de los datos, encontramos que «el gasto público por alumno en las escuelas de gestión privada subvencionada aumentó con respecto a 2018, cuando la proporción era 50 pesos por cada 100 destinados a alumnos en escuelas de gestión estatal, en vez de 55 pesos como en el año 2021. Esto podría deberse a la baja de alumnos en el sector de gestión privada subvencionada y a la suba de alumnos en el sector estatal».

Entre 2018 y 2021, 12 distritos aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado, mientras que otros 12 lo redujeron. Los mayores incrementos fueron en San Luis (+3,4 puntos porcentuales), Santa Cruz (+2,5 pp), Entre Ríos (+2,1 pp) y Jujuy (+1,6 pp). Las mayores reducciones fueron en Córdoba (-1,3 pp), La Pampa (-1,0) y Salta (-0,9 pp).

En otro orden, considera que «las escuelas de gestión estatal reciben a los alumnos de menores niveles socioeconómicos. A su vez, las escuelas privadas con subvención reciben, en su mayoría, a alumnos con menor nivel socioeconómico que las escuelas de gestión privada sin subvención» y que «en el decil de estudiantes secundarios más pobres, el 98% del costo de la educación lo financia el Estado, mientras que en el decil más rico la cifra desciende al 48% (es decir, que representa cerca de la mitad de lo invertido en un alumno del decil 1)».

En el nivel secundario «en el decil 1 (el 10% más pobre) el 95,1% de los alumnos van a escuelas de gestión estatal y el 4,6% a escuelas privadas subvencionadas. De manera inversa, en el decil 10 (el 10% más rico), en cambio, el 7% va a escuelas de gestión estatal, el 74,3% a escuelas de gestión privada subvencionada y el restante 18,7% a escuelas privadas sin subvención», agrega el informe.