Gio tiene 30 años y tres hijes de 3, 5 y 9 años. Vive en Anai Mapu, uno de los barrios populares más grandes de Cipoletti, Río Negro. Trabaja precarizada y sin recibo de sueldo en un comercio. Se separó de su pareja por los “malos tratos”. Está embarazada de 7 semanas y no puede, no quiere, ser madre otra vez en este contexto.

Va al Centro de Salud del barrio y averigua cómo acceder a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Unos días después de haberse hecho la práctica segura con misoprostol, acompañada por un equipo del hospital, vuelve al Centro de Salud. Hace la cola. Y cuando llega a recepción dice, sin vueltas ni tapujos: “Me hice un aborto esta semana, vengo al control”.

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A un año de la histórica aprobación de la Ley 27.610, que legalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de gestación, no sólo creció la demanda en el sistema público de salud, sino que se amplió la despenalización social del aborto.

“Esto hasta hace un año era impensado, sobre todo porque todavía persiste el miedo y la vergüenza, antes de la Ley era mucho peor”, dice María “Moro” Verdugo, trabajadora social miembro del Comité de Salud Sexual y Salud Reproductiva del Hospital de Cipoletti, Río Negro, e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir Región Patagonia.

“La ley aporta mucho a la despenalización social del aborto y eso se ve en lo concreto y cotidiano: acceder al sistema de salud sin tantos miramientos, aunque todavía haya profesionales que no acompañan o dilatan la práctica. Es una tranquilidad que antes no existía”, agrega.

Qué dicen las  cifras

Los datos muestran que las consultas y los abortos dejaron de ser accesos y datos clandestinos. Según el Ministerio de Salud de la Nación, hubo 32.758 interrupciones de embarazo realizadas de manera segura en 2021, dentro del sistema público de salud.

Además, unas 19.000 mujeres y personas con capacidad de gestar consultaron a la línea 0800-222-3444 sobre IVE e ILE (Interrupción Legal del Embarazo), más que las consultas que se recibieron en a los 10 años anteriores: entre 2010 y 2020 lo hicieron 17.302.

También aumentaron un 30% los centros de salud y hospitales públicos que garantizan la interrupción del embarazo en todo el país: este año hay 1.243, frente a los 903 que había en 2020.

Desde Socorristas en Red, en tanto, acompañaron en sus procesos de abortos a unas 10.900 personas desde el 20 enero hasta el 30 de octubre. 308 de ellas tenían hasta 17 años, mientras que 9.592 eran mayores de 18 años. Muchas de ellas acudieron al sistema de salud, muchas otras lo hicieron de manera autogestionada.

“En la Provincia de Buenos Aires la demanda de ILE viene aumentando escalonadamente desde 2018, a la par de las luchas feministas y de la marea verde que fueron despenalizando socialmente el aborto. Pero de la ley hacia acá, el aumento fue exponencial en el sistema de salud público: en enero de este año se duplicó la demanda respecto a diciembre de 2020, un dato que detectamos por la compra y distribución de misoprostol”, señala Julieta Bazán, médica generalista, trabajadora del Hospital Narciso López de Lanús e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir.

Sin ir más lejos, en todo 2020 se habían realizado 18.560 tratamientos con misoprostol, el medicamento que se utiliza para abortos seguros. Este año fueron 46.283, mucho más que el doble.

Lo pendiente

“Fui a preguntar al centro de salud y me dijeron que no hacían ‘eso’ y que no sabían a dónde podía ir” (Mendoza) / “¿Nunca te hiciste un control ginecológico antes? Ves, no saben ni lo que hacen y después terminan acá” (Mendoza) / “Yo hago ecografías para embarazadas, no para mujeres que hacen estas cosas” (Moreno, Provincia de Buenos Aires) / “Es fácil venir ahora a pedir un aborto, por qué no lo pensó antes” (Luján, Provincia de Buenos Aires).

Son solo algunas de las frases recopiladas por la Red de Profesionales como parte de la Campaña #AbortosSinViolencias que lanzaron el 25 de noviembre pasado. El maltrato, y las dilaciones persisten, aún en las instituciones públicas.

“A un año de la Ley, si bien se consolidaron fuertemente equipos que venían garantizando ILE, no se ampliaron. Dentro de una misma ciudad, hay lugares donde se garantiza el acceso al aborto, y otros donde no se garantiza nada, ni siquiera la derivación. Por ejemplo, pasa en Neuquén: de los tres Hospitales que hay, uno no garantiza nada de nada”, dice Ruth de Zurbriggen, de La Revuelta y Socorristas en red.

Y asegura que todavía “falta una difusión intensa” por parte del Ministerio de Salud para garantizar este derecho. “Las paredes del sistema de salud mantienen un profundo silencio del aborto”, agrega Ruth. Y señala que, si bien hubo un avance enorme tanto social, como política y culturalmente sobre el tema, todavía persisten “prácticas que rayan con la crueldad”, sobre todo en las ILE y con las adolescentes. “Hubo mujeres internadas 16 horas sin ningún calmante”, explica.

Que llegue a todes por igual

Un monitoreo realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis, indica que la tasa que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones: en CABA es de 5.6 y en Tierra del Fuego es de 4.3, mientras que en Chaco es 0.9 y en Formosa 0.6.

Esto demuestra que las desigualdades en las provincias y los distintos territorios es otra de los pendientes que destacan las profesionales consultadas. “Notamos que sigue habiendo bastantes obstáculos a nivel regional; hay provincias donde está costando muchísimo y donde los gobiernos no están cumpliendo con la ley nacional”, señala Julieta Bazán. Y agrega que en las provincias del Norte y las grandes distancias en el Sur complican el acceso, no sólo por la falta de efectores, sino también por la persistencia de profesionales antiderechos.

Desde Santiago del Estero, Analía Santilli, psicóloga social y miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir también pone el acento en las dificultades que se registran en provincias conservadoras, sobre todo territorio adentro. “No hay campañas de difusión ni acceso y acompañamiento en las Unidades Primarias de Atención. Muchos hospitales son objetores. Cuando se presenta la problemática, tienen que viajar a la ciudad de Santiago y cuando llegan los equipos son pequeños, con trámites muy burocráticos que terminan dilatando todo. Si tienen suerte acceden al misoprostol a tiempo”, cuenta.

Y destaca que todavía falta que las atenciones y acompañamientos tengan una mirada integral, teniendo en cuenta el entorno y el contexto de la persona que solicita la práctica. Es decir, desterrar la mirada solo médica biologicista.

“La falta de información en algunos territorios hace que todavía existas prácticas del aborto clandestino. Cuando indagás, muchas te cuentan que ya intentaron antes con té de ruda, por ejemplo, o que fueron al curandero o curandera del barrio pero que no funcionó”, agrega Analía.

La ley comenzó su recorrido hace un año. Falta mucho por hacer pero su aprobación fue una de las conquistas más grandes de la lucha feminista: el aborto legal, en el hospital.

La Justicia y sus intentos por disciplinar

Luego de la legalización, hubo al menos 35 acciones judiciales contra la ley IVE. Sólo prosperaron dos que esperan la resolución de la Corte Suprema de Justicia. Una de las causas más preocupantes es contra la médica Miranda Ruiz, en Tartagal, Salta, por realizar una ILE en el hospital local.

#SobreseimientoAMirandaYA es el grito de la marea verde por estos días. El mes pasado un fiscal amplió la acusación contra ella. Pese a todas las pruebas contrarias, asegura que fue una ILE sin consentimiento.

“Una joven mayor de edad con un embarazo de más de 14 semanas viaja a Tartagal, la segunda ciudad más grande de Salta a practicarse un aborto. Les dice a sus tíos que va a buscar trabajo pero va al hospital donde la única médica no objetora es Miranda. Fue un aborto voluntario por causales. La joven toma las pastillas y se queda en el hospital cumpliendo el tiempo establecido. Se autoadministra la pastilla varias veces”, relata Mónica Menini, abogada feminista de Salta y miembro de Católicas por el Derecho a Decidir, una de las organizaciones que acompañan a las abogadas patrocinantes de Miranda.

“Lo primero que ocurre es la violación de confidencialidad por parte del hospital: alguien le avisa a sus tíos y ellos hacen una denuncia. Se difunde en los medios y ahí sale la primera imputación: un aborto sin causales”, continúa.
“La joven entra en una vorágine de conflicto con su propia autonomía» explica Mónica. «Ella lo hace por voluntad propia. Pero después de tanto escándalo, dice que la obligaron. Y el fiscal amplía la imputación al considerar que la persona no autorizó el aborto, pese a que fue una práctica autoadministrada y que firmó el consentimiento de puño y letra”, detalla. Y agrega: “Esto es una persecución del Ministerio Público de Salta. Para hacer esta imputación toma unos testimonios, otros no, toma algunas pruebas y otras no, aunque están en el expediente”.

Para garantizar accesos

A partir de la legalización del aborto se generaron herramientas para el acceso a ese derecho.

Cuerpos y libertades. Organizaciones feministas e indigenistas junto al Ministerio de Salud editaron una adaptación sociolingüística a lenguas originarias de materiales gráficos y sonoros que abordan derechos sexuales y reproductivos.

Allí están los protocolos de interrupción legal del embarazo y de atención a víctimas de abuso sexual, junto a los consentimientos informados que cualquier persona debe firmar para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo o una ligadura de trompas.

Manual de servicios de aborto trans Se trata de una guía para acompañar a personas trans que requieran abortar. Es una traducción adaptada que se presentó en septiembre.

Acciones por el año de la ley

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito convocó a un Pañuelazo Federal para el 30 de diciembre a las 19.

Exigen plena implementación de la Ley 27.610, efectivo cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral y #SobreseimientoAMirandaYA.

En CABA, el pañuelazo se realizará frente al Congreso.