Las familias de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial, los jóvenes que murieron en San Nicolás luego de que un patrullero embistiera la moto en la que viajaban, vieron cumplirse al menos algo de todo su reclamo de justicia: el fiscal del caso recaratuló la imputación contra el policía que manejaba el móvil como “homicidio simple con dolo eventual”, que prevé penas de entre ocho a 25 años de cárcel, gracias a que las pericias demostraron que chocó a las víctimas de manera deliberada. “Ahora queremos que sea desafectado y espere el juicio en la cárcel”, pide la madre de una de las víctimas.

En las últimas horas, el fiscal Darío Giagnorio imputó al agente Pablo Moresco, de 24 años, por el delito de “homicidio con dolo eventual” contra Ezequiel, de 31 años, y Ulises, de 25, y reemplazó así la caratula de “homicidio culposo”, es decir, sin intención de haber provocado la muerte, que pesaba sobre el conductor del patrullero desde el principio de la causa.

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“No es lo que esperábamos, pero al menos el juez aceptó cambiar la caratula y dejó de considerarse un accidente lo que hizo este policía que todavía sigue en funciones. Ahora queremos que sea desafectado y espere el juicio en la cárcel”, le dice a Tiempo Verónica Arias, la madre de Ulises.

El 1 de junio de 2020, alrededor de las tres de la madrugada, Ezequiel y Ulises salieron a buscar bebidas para alargar aún más la sobremesa, pero en el camino esquivaron un puesto de control de la Policía Local de San Nicolás que intentó identificarlos por incumplir la cuarentena. De inmediato comenzó una persecución que terminó de la peor manera cuando un móvil que venía de frente a los jóvenes, sin sirena y con las luces azules apagadas, se cruzó de carril para embestirlos. A Ulises el impacto lo mató enseguida. Ezequiel, que manejaba la moto, agonizó en un hospital hasta el 11 de junio.

Las pericias realizadas, tanto al patrullero como en el lugar del hecho, determinaron que Moresco chocó de manera deliberada a la moto en la que viajaban las víctimas, un dato clave que convenció al fiscal de agravar la imputación. También se pudo establecer que el móvil no tenía puestas las sirenas ni las balizas porque estaban rotas desde diciembre del año pasado.

“El conductor de la motocicleta, más allá de que se encuentre en fuga, no puede en ningún momento identificar que eso que se le interpone en el camino es un móvil policial, y esa situación el conductor del patrullero la conoce; también sabe que interponer ese móvil al camino de una motocicleta podría producir un daño muy importante. Desde nuestro criterio no tuvo interés en salvaguardar la vida de las personas que iban sobre la motocicleta”, explicó Giagnorio durante una entrevista con Somos San Nicolás.

El fiscal también confirmó que Omar Bazán y Mariana Huesa, los agentes que acompañaban a Moresco a bordo del móvil, no fueron imputados y siguen en funciones.

“Pedimos que los tres policías que iban en el patrullero sean imputados porque tenemos probado que entre ellos intercambiaron mensajes diciendo que iban a hacer pasar el hecho como un simple accidente y también queremos que se lo impute al que dio la orden de cruzarles el auto a los chicos”, se queja Verónica.

Según el registro de casos de uso letal de la fuerza elaborado por la Comisión Por la Memoria (CPM), sólo entre 2016 y 2019 en la provincia de Buenos Aires hubo 27 muertes provocadas por policías a bordo de sus patrulleros. Sobre este hecho, el organismo señaló que fue “un claro ejemplo de ese accionar arbitrario y discrecional: el simple hecho de esquivar un control policial no puede justificar el operativo que se desplegó posteriormente y que causó este doble crimen”.

Verónica reconoce que después de siete meses aún espera que Ulises atraviese la puerta de su casa. “Es duro –cuenta–, pero vamos a seguir en esta lucha hasta que logremos ver a todos los policías tras las rejas”.