Mientras avanzan distintas investigaciones administrativas y en el fuero penal y comercial contra la empresa SeSocio y sus fundadores, Guido Quaranta y Gastón Krasny, Tiempo revela cómo la plataforma lograba captar fondos de sus clientes, a pesar de haber sido apercibida en más de una oportunidad por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y nunca haber logrado la autorización de ese organismo para manejar inversiones en Argentina. El rol que jugó la UBA para que los inversores confiaran en la plataforma, aún en su peor momento, y el papel clave de los agentes comerciales.

Tal como Tiempo informó hace unas semanas en exclusiva, SeSocio comenzó a funcionar en 2017 como una plataforma en la que se podía adquirir criptomonedas, pero también financiar proyectos de la economía real, acercando emprendedores a pequeños ahorristas que buscaban una renta periódica de su capital. Rápidamente, la empresa se expandió por Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y España, entre otros países.

En 2021, según las previsiones de Quaranta, su proyecto facturaría a fines de ese año unos 300 millones de dólares. Sin embargo, mucho antes, ya con la presencia de sumarios administrativos de la CNV y los reclamos de sus propios clientes por los proyectos caídos (y que nunca se levantaron), la plataforma fue vendida en 120 millones de dólares al Exchange inglés Blockchain.com, según informaron medios afines a los empresarios.

Revictimizando al damnificado

En ocasiones, la justicia muestra su cara menos empática: echarle la culpa al damnificado o a la víctima por la situación que atraviesa. Ese fue el eco que pareció recibir del Juzgado de Fabiana Palmaghini un cliente de SeSocio a fines de 2021, tras denunciar a la empresa por fraude y estafa al haber comprado una criptomoneda creada por la plataforma, denominada Invecoin, y haber perdido automáticamente el 2764% de su inversión.

“El despliegue por parte de la empresa imputada, si bien puede considerarse como contrario a derecho, se ciñó a una sumatoria de promesas de obtener un gran beneficio económico, el que fue en todo momento vencible por la víctima”, reza la resolución de la jueza emitida la última semana del año pasado, por la cual archivó la causa.

Si bien no tuvo participación en ese proceso judicial, Mariano Giampaolo, en su doble rol de abogado y damnificado, explica que “en este caso no hubo una promesa desmedida de ganancias, ni un engaño imputable o salvable por el inversor como en los denominados esquemas Ponzi, donde sí se ofrecen cifras estrafalarias sin ninguna explicación y solo se abona en el primer periodo de la estafa a los pequeños inversores para que se siga manteniendo el sistema hasta que se descubre el delito y todo cae por su propio peso”.

Publinotas

“El engaño no estuvo configurado por las promesas de ganancias, sino por la apariencia de una administración seria y responsable que contaba con aval público de importantísimos medios televisivos, radiales y gráficos como TN, A24, Clarín, C5N, Ámbito Financiero y muchos otros más. Incluso con el aval de la Universidad Nacional de Buenos Aires”, advierte Giampaolo, quien invirtió parte de sus ahorros junto a su hijo y varios de sus empleados del estudio jurídico que tiene en la ciudad de Concordia.

El abogado entrerriano se refiere a las notas periodísticas o a las entrevistas protagonizadas por Quaranta o Krasny, y llevadas adelante por los habituales conductores de los ciclos televisivos con quienes el público construye cierta afinidad. De hecho, Giampaolo así conoció a la plataforma. Ámbito Financiero por ejemplo publicaba a diario la cotización de la Invecoin al valor que el usuario podía adquirirla de manos de SeSocio, pero a la hora de vender el token, la plataforma se desentendía y prácticamente se perdía la totalidad de la inversión.

El prestigio de la UBA

El papel que jugó la Universidad Nacional de Buenos Aires (o un sector dentro de ella, relacionado a Economía) parece más osado. Unos días después de que se declarara la pandemia, la prestigiosa casa de altos estudios fue presentada en El Cronista como “un nuevo miembro de la comunidad” de la plataforma ya que “gracias a un acuerdo colaborativo” a partir de abril de 2020, “el Centro de Estudios para el Análisis Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, principal calificadora de riesgo para brindar esa clase de información, compartirá su experiencia y conocimiento para calificar proyectos de la economía real posteados en la plataforma”, continuaba una nota que aún permanece online, que se presume paga, aunque no se explicita en ningún lugar que sea un espacio de publicidad.

En concreto, el Centro de Estudios para el Análisis Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA calificaba del 1 al 5 a los proyectos: siendo 1 muy bajo riesgo; 2 riesgo bajo; 3 riesgo normal; 4 riesgoso y 5 muy riesgoso. De esta manera, el sitio intentó recuperar la confianza de los inversores debido a que en ese entonces prácticamente ninguno de los emprendedores cumplía con los pagos ni la devolución del capital.

Este diario no pudo saber cuántos proyectos fueron publicados bajo esta modalidad; y mucho menos cuántos fueron financiados y si cumplieron con lo pautado, porque SeSocio eliminó todos estos registros de su web. Así y todo, Tiempo consultó a la UBA y sus voceros subrayaron que “el convenio que la Facultad de Ciencias Económicas firmó con SeSocio PFC SA fue con el fin de realizar la calificación de riesgos económicos y financieros de proyectos de inversión considerando el rol de SeSocio PFC SA como financiadora de emprendimientos colectivos”.

“Las calificaciones representan un análisis de un proyecto a realizarse, pero no un seguimiento de que el proyecto se concrete, ni que se lleve adelante de la forma planificada. La Facultad no realiza actividad de auditoría ni asume la tarea de revisión o verificación del cumplimiento del proyecto ni del destino de los fondos por parte de SeSocio PFC SA”, precisaron las fuentes, y concluyeron: “tampoco representa una calificación de la empresa, ni una recomendación de comprar, mantener o vender alguna participación en el proyecto. La decisión de inversión queda bajo la responsabilidad del inversor, apoyada en su capacidad, juicio, experiencia y el riesgo que esté dispuesto a correr”.

“Se deberá investigar si la Universidad Nacional de Buenos Aires fue engañada y a través de qué métodos” puntualiza Giampaolo, y asegura: “la administración de recursos fue negligente, viciada de absoluta impericia y en algunos casos dolosamente direccionada a proyectos que a priori podían ser incobrables o irrecuperables dada la flagrante falta de cumplimiento de las exigencias de garantías mínimas indispensables que debe tomar un administrador responsable para no romper la fe pública”.

Los agentes, la clave

La mayoría de los damnificados consultados prefirieron no ser identificados porque oportunamente Quaranta les envió a muchos de ellos Cartas Documento, bajo la tutela del abogado Mariano Cúneo Libarona, por haberse manifestado en las redes sociales en contra de SeSocio. Todos ellos coincidieron en señalar que invirtieron sus ahorros gracias a las buenas artes de los agentes que los convencían de meterse en los proyectos. Los audios, mensajes de texto o mails a los que tuvo acceso este diario, dan cuenta de una profusa insistencia de estos asesores que podría interpretarse como algo más que un consejo.

Los agentes además se abocaban a comunicarse con parientes y amigos de los clientes, para que se sumen a la plataforma bajo el sistema de referidos. Los usuarios destacaron por su locuacidad a varios de estos asesores con quienes mantuvieron trato casi a diario: Gabriel Sepúlveda, Francisco Pulliti, Germán Rodríguez Camarra, Juan Cruz Menechian, Sol Belloso, Sebastián Lafont, Pablo O´Connor, Manuel Bosch o Santino Ruzzante. La gran mayoría de ellos hoy trabajan para Blockchain.com, luego de que SeSocio desapareciera de manera repentina, no sin antes haber cobrado las respectivas comisiones por proyectos que en su mayoría no llegaron a desarrollarse.