«Emprender es una actitud frente a la vida», aseguró Mauricio Macri el 18 de agosto de 2016. Aquel día el presidente anunciaba que enviaba al Congreso el proyecto de la Ley de Emprendedores que habilitaría a cualquiera a abrir una empresa en 24 horas y lo comparaba con «nuestros abuelos» que se subieron a un barco para «emprender viaje» a estos pagos para hacer la América. Lo que no decía es que la pieza legislativa estaba inspirada en una sancionada en España en 2013 que al día de hoy es leída como inicio de una «burbuja emprendedora» que no generó empleo sino sólo espuma marketinera.
La amplitud del concepto y su connotación positiva habían probado su efecto en la Ciudad, donde comenzó bautizando un programa, se transformó en Dirección y para 2018 nombrará áreas de tres Ministerios (Modernización, Cultura y Educación) y de la Jefatura de Gobierno. Según la Dirección General de Emprendedores del gobierno porteño, su objetivo es que Buenos Aires sea «la mayor usina emprendedora y de trabajo productivo de América Latina», tal como lo menciona el proyecto de ley de presupuesto que debería tratarse esta semana. La receta ya fue trasladada a la Nación, donde tiene áreas en los ministerios de Desarrollo Social, Cultura, Producción y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Usina emprendedora
«Un emprendedor es cualquier persona u organización que inicia una actividad económica sin importar la industria y que tiene una vida menor a 42 meses. Es decir cualquiera que hace una actividad económica con fin de lucro aunque aún no esté formalizada (porque eso puede ocurrir al final)», explica a Tiempo Santiago Sena, titular de la Dirección General de Emprendedores del Gobierno porteño. La definición, añade, no es propia pero «habilita a tener métricas comparables a nivel mundial».
Su Dirección se propone que Buenos Aires sea «la mayor usina emprendedora y de trabajo productivo de América Latina», tal como lo menciona el proyecto de ley de presupuesto 2018 que debería tratarse esta semana en la Legislatura. Para ello tiene distintas líneas de asesoramiento y capacitaciones, concursos de innovación e incubación de proyectos que en 2017 fueron presupuestados en 38.569.670 pesos, de los cuales el 61% correspondían al ítem «transferencias al sector privado».
Tiempo consultó a Sena por esta distribución y el director del área destacó que no se trata de «desembolsos a empresas de manera discrecional», sino que de ahí se paga «la Academia Buenos Aires Emprende que forma a 70 mil personas por año, los aportes no reembolsables del Programa Integración Emprendedora, las capacitaciones que hacemos y los premios del concurso Vos lo hacés. También si tengo que hacer una erogación de alquiler de un evento». La falta de transparencia, explica, se deriva de la ley de presupuesto que «te inhabilita a decir bien para qué vas a usar la plata».
En 2018 el presupuesto general se amplía un 73% hasta los 66.794.831 pesos y las transferencias al sector privado lo hacen hasta los 28.799.900 (43% del total). Lo curioso es que este año los alquileres sí aparecen discriminados (55 mil pesos) y aparece un ítem que el año anterior no estaba y corresponde a «Servicios profesionales, técnicos y operativos», que alcanza los 14,5 millones de pesos. Según Sena ahí figuran los contratos de locación de servicios «poco más de un millón por mes en contratos que no son para capacitaciones, sino para los coordinadores del programa INCUBATE, o los responsables de Pacto Emprendedor, el equipo territorial del programa Integración emprendedora». También crece el ítem «Servicios Especializados, Comerciales y Financieros», que sube de los 775 mil pesos a 1.973.600 (un 155% más). No hubo explicaciones sobre el motivo.
Una ley con malos antecedentes
El emprendedorismo es una moda mundial que no puede endilgársele al macrismo. Varios países con economías liberales han promovido el concepto hace años como parte de la lógica meritocrática que busca morigerar las responsabilidades del Estado en la creación de empleo y de oportunidades. Incluso pueden rastrearse antecedentes internacionales de muchas de las políticas implementadas en estas latitudes que no han funcionado como esperaban.
En septiembre de 2013 el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, festejó con bombos y platillos la sanción de la Ley de Emprendedores que, entre otras medidas, permitía la creación de empresas en 24 horas, creaba nuevos tipos de sociedades y establecía límites a la responsabilidad del emprendedor. Algo muy parecido a lo que ocurrió acá con la flamante ley homónima (27.349/17) que permite la conformación de sociedades en el día y crea la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), que puede ser integrada por una sola persona.
Inmediatamente el gobierno ibérico comenzó a destacar el número de empresas nuevas que se crearon desde entonces. Argumentó que era el motor del tibio crecimiento que encaró el país tras la profunda crisis iniciada en 2008. Sin embargo, informes de los últimos meses dan cuenta del engaño de tal enfoque.
Según publicó Instituto Nacional de Estadística español en agosto último, nunca hubo en España tantas empresas sin empleados como ahora. El registro dice que 1,82 millones de sociedades (el 55% del total) son unipersonales. Y desde que se lanzó la citada ley, el 90% de las sociedades fueron sin empleados. Para colmo, desde 2014 España lleva perdidas 315.122 empresas con empleados, unas 321 compañías por semana.
Algo de esto advirtió en su momento el director ejecutivo de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, Rodolfo Llanos, quien afirma que el propósito de la ley es que «los monotributistas dejen de serlo para transformarse en SAS». Según Llanos, Macri «confundió al militante de Cambiemos como el definidor de toda la realidad emprendedora de Argentina». «
