Sin debate ni consenso de la comunidad educativa, el oficialismo porteño aprobó una Ley de Cooperadoras que, según las familias que las integran, está lejos de los reclamos históricos y dista mucho de las verdaderas necesidades por las que atraviesan. Al contrario: Afirman que la nueva normativa es más restrictiva que las resoluciones firmadas por la dictadura militar que, hasta este jueves, regulaban el funcionamiento de las asociaciones Cooperadoras. Luego de que la comisión de educación de la legislatura estuviera cerrada por cuatro meses, éste proyecto tuvo una sola instancia de debate (la semana pasada), y apenas dos encuentros con asesores; y fue redactado en base a preguntas enviadas a las familias que integran las cooperadoras mediante mensajes de WhatsApp. El único sector que acompañó la Ley aprobada está tarde, por 37 votos del oficialismo porteño, fue Padres Organizados, agrupación que defiende cada una de las medidas que impone la cartera que conduce Soledad Acuña.

“El articulado de la ley no busca innovar o generar nuevos derechos para las cooperadoras, lo que busca es restringir, perseguir y limitar la participación ciudadana, haciendo una ley de la democracia que es mucho más restrictiva que la ordenanza de la dictadura que es la que hoy rige a las cooperadoras”, explica a Tiempo Ezequiel Moskovich, vicepresidente de la cooperadora de la Escuela Rogelio Yrurtia.

Las familias que integran las asociaciones cooperadoras, coinciden que hay varios artículos que restringen la participación de la comunidad educativa en la Ley aprobada por 37 votos afirmativos (todos del oficialismo porteño), 22 negativos y 1 abstención. Además, prácticamente no hubo debate, salvo dos encuentros de asesores y una reunión formal convocada por la comisión de educación, el viernes pasado, el proyecto no contó con la participación real de la comunidad educativa.  Las familias pidieron crear una mesa de diálogo para trabajar con los tiempos necesarios la nueva Ley, planteo que fue rechazado por Manuela Thourte, presidenta de la comisión de educación de JxC.

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“Hay un profundo amor por la educación pública de todos los que participamos en las cooperadoras. Es un trabajo voluntario, social y además nuestra labor garantiza lo que no puede garantizar el Estado”, explica a este medio Betina Silveiro, de la comisión directiva de la cooperadora de la Escuela Normal 1. Desde el 2016, ella fue elegida para ocupar diferentes cargos: fue Presidenta, tesorera, secretaria de actas, entre otras funciones; conoce de fondo lo que es la gestión de una cooperadora escolar. “Yo con esta Ley aprobada por el oficialismo ya no puedo participar el año que viene dentro de la cooperadora. Incluso fui delegada de cooperadoras de la comuna 2, donde participan dieciséis cooperadoras. En asamblea votamos dos representantes para formar el cuerpo de delegados. La función de ese cuerpo es asistir a otras cooperadoras que no se conformaron, o que tienen problemas, o integrantes nuevos que no conocen las tareas”, agrega.

Para la legisladora porteña Maru Bielli, del Frente de Todos (FdT), “la ley de cooperadoras aprobada hoy va en contra de ampliar derechos. En el ámbito nacional tenemos Ley de cooperadoras desde el 2012. Nosotros presentamos la adhesión a la ley nacional y hasta las cooperadoras han presentado sus proyectos propios, pero el ejecutivo porteño, como nos tiene acostumbrados, avanzó con un proyecto que parte de la premisa que ‘hay que controlar el funcionar de las cooperadoras’, antes que ‘promover la participación y realización de las actividades”.

Los artículos más polémicos de la Ley

El artículo 9 de la flamante Ley, ordena que “las Cooperadoras Escolares estarán compuestas por las siguientes categorías de socios: a) Los integrantes de las familias o representantes legales que tengan niños/as o adolescentes en las escuelas podrán revestir carácter de socio natural de la cooperadora escolar”. Este mismo artículo, restringe del derecho a voto a otros actores como se explica en el punto B: “también podrán asociarse otros actores que tengan participación en la comunidad educativa a partir del pago de la cuota social, como socios adherentes, con voz en las asambleas pero sin derecho a voto”.

Otro de los puntos más controvertidos de la norma es el artículo 14, que restringe la representatividad en la presidencia de quién ya estuvo en ese cargo: “El mandato de los miembros de la Comisión Directiva tendrá una duración de 2 (dos) años, pudiendo ser reelegidos, excepto para los cargos de Presidente, Tesorero y Secretario los cuales podrán ser reelegidos por única vez. En caso de no presentarse nuevos postulantes para los cargos a elegir, podrán volver a presentarse los mismos miembros, de manera excepcional por un solo período”.

Pero quizá el artículo más polémico es el 16, que propone que “la Comisión Directiva no podrá utilizar la Cooperadora Escolar para promover actividades con fines comerciales, político partidarios, religiosos y cualquier otro que sea ajeno a las funciones propias de las Cooperadoras”. Para el vicepresidente de la cooperadora del Normal 7, Pablo Cesaroni, el problema de este punto es “quién es el que va a definir que una persona tiene militancia política dentro de una cooperadora. Cuáles van a ser esos criterios. Pero lo que nos preocupa es el espíritu de la Ley que pone límites y persecución política a los que tienen militancia partidaria”, señala. El referente de la agrupación Cooperadores en Movimiento, manifestó que hubo todo un periodo de diálogo “porque nosotros siempre quisimos consensuar la Ley, pero en ese diálogo el oficialismo nos prometió cosas que hoy a las 7 de la mañana cuando nos enviaron el proyecto, nos dimos cuenta que nos mintieron porque prácticamente no se modificó nada”. Cesaroni adelanto que las cooperadoras que rechazan esta ley, «en los próximos días vamos a evaluar qué tipo de medidas vamos a tomar».