Ya en modo campaña, el gobernador Gerardo Morales se jactó en las últimas horas de que eso que «logró» en su provincia lo harán a nivel nacional si ganan las elecciones junto a Horacio Rodríguez Larreta. Se refería a que él llama un «Golpe de Estado».
Sin embargo, si hay algo que recuerda a modos de actuar de la última dictadura cívico militar parece ser justamente lo que está realizando el Ejecutivo que Morales comanda, sobre todo su policía: en los últimos días, al menos 18 familiares de detenidos aquél martes de represión frente a la Legislatura denunciaron ante la sede local de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación que están siendo hostigados, seguidos y vigilados en las calles por policías.
«Hay familiares de víctimas del 20 de junio que fueron seguidos hasta su trabajo por personal de la policía, son todas actitudes intimidatorias, están buscando sin duda de que todos los liberados que han visto, presenciado o sufrido en el Penal situaciones más que irregulares, no hagan denuncias. Están asustando a la gente», cuenta a Tiempo uno de los profesionales del área.
Esta metodología se suma a otras que ya viene efectuando esto que organizaciones, docentes y pueblos originarios definen como el «Estado parapolicial» jujeño: primero, las detenciones arbitrarias; luego, la violencia contra esas personas detenidas tanto física como verbal dentro de la cárcel de Alto Comedero; y después, las camionetas sin identificación (algunas, propiedad de empresarios constructores contratistas del gobierno de Morales) recorriendo los barrios y subiendo gente sin orden ni placas.
En las últimas horas Casación avaló que la Justicia Federal intervenga en los casos de violencia institucional ejercidos desde el Estado provincial. El mayor ejemplo son las denuncias por maltratos y torturas sufridas por las víctimas dentro de Alto Comedero, algo que padeció la mayoría del casi centenar de personas detenidas el día que juraron la nueva Constitución reformada de forma exprés por orden del mandatario.
«Mi hijo con autismo no siente los golpes y aguantó que lo golpearan por su hermano»
El caso emblemático es el de los chicos autistas detenidos ese día 20 de junio. En realidad se trata de un muchacho de 21 años con discapacidad física y su hermano, efectivamente con síndrome de espectro autista, que fueron presos, sufrieron violencia dentro del Penal, salieron casi una semana después y buscaron denunciarlo a través de su padre, que presentó pruebas contra la policía ante organismos de derechos humanos.
Pero un día antes, el 28 de junio, la casa donde viven fue allanada. Los policías que realizaron el operativo encontraron una balanza y estupefacientes en el interior. La familia denunció que se los «plantaron». A raíz de eso, el hijo mayor fue detenido nuevamente.
“Pensaba que esto iba a pasar, que tomarían represalias. Entraron, golpearon a uno de los chicos, lo redujeron, no me justificaron por qué. No mostraron oficio ni acta de allanamiento, solo mostraron un celular donde había un escrito de un fiscal que los autorizaba. Relacionan a mi hijo con la venta de drogas y robos”, relató el padre, Marcos Domínguez, al medio local Jujuy al Momento.
“Entraron sin orden, redujeron a los chicos, plantaron las pruebas. Cuando los testigos pasaron requisaron las habitaciones y no encontraron nada. Mágicamente, cuando uno de los muchachos, supuestos infiltrados (entró), descubrió que había una balanza en un agujero de una puerta. Mis hijos estaban esposados y bajé la cabeza porque quería que esa pesadilla terminara rápido”.
“Siguieron la requisa y salimos porque querían revisar nuestro automóvil y motocicletas. Se llevaron las dos motocicletas de mis hijos, y cuando estaban viendo las motocicletas con testigos afuera, escuché que discutían adentro. Mi familia vio que discutían con un policía infiltrado que plantó las pruebas. Solo uno de ellos tenía identificación policial. Eran tres mujeres y diez hombres, uno solo uniformado y el resto con ropa deportiva”, agregó. Horas después hicieron un operativo con características similares en la casa de Milagros Sala.
“Los testigos vieron que durante el procedimiento no se encontró nada, pero luego el infiltrado puso una prueba. Llamaron nuevamente a los testigos y los obligaron a decir que el procedimiento recién se estaba realizando”, continuó contando el padre sobre la situación con sus hijos en la casa.
“Cuando estaba afuera hubo una discusión. Entré a ver y uno de mis hijos estaba discutiendo con uno de ellos, al que vieron pasar y tirar una bolsa verde con droga en el piso, en medio del piso donde no había nada. Apareció mágicamente otra prueba plantada por ellos”.
El joven fue detenido, y tras casi un día de que su familia no supiese nada de su paradero ni de su situación, fue liberado. “Sufrió mucho y siguen tomando represalias con él. Lo que están haciendo está muy mal. Pensé que no me pasaría pero sucedió, están tomando represalias porque mi hijo tiene videos, reconoció quiénes lo golpearon y torturaron. En los celulares están las pruebas y fotografías. Allanaron mi casa un día antes de hacer la denuncia. Teníamos las pruebas para hacer las denuncias en organismos de derechos humanos. Me sacaron todas las pruebas porque los comprometen. Muchas personas que denunciamos estos hechos tenemos miedo”.
“Mi hijo tiene discapacidad motriz y ellos se burlan. Uno de ellos decía que caminaba bien. Sigo teniendo miedo y sabía que pasaría algo. Están buscando la forma de ensuciarnos. Los obligaron a firmar una causa porque no se conformaron con lo que vieron en casa”.
Y añadió: “Ellos no fueron parte de los disturbios, no llevaban bandera ni nada. Trabajan con infiltrados que tiran piedras. Rompen un vidrio y culpan a los de los costados. Los infiltrados eran policías o personas enviadas por el gobierno. Mi hijo no pudo correr y lo atraparon porque no puede correr. Mi hijo con autismo no siente los golpes y aguantó que lo golpearan por su hermano«.
Flagrancia parapolicial
Cuando sus dos hijos fueron liberados la primera vez, Marcos los llevó a la guardia del hospital Pablo Soria por los golpes. Pero sucedió algo que ya denunciaron otras personas heridas: el personal de salud evita atenderlos. “Me dijeron que las heridas no eran visibles; tenía golpes y moretones. No se quieren hacer cargo porque tienen miedo de todo esto. Los mismos médicos temen y no quisieron darme nada. Le dieron un calmante a cada uno y los mandaron a casa.
«Esperaba que el gobernador recapacitara y viera lo que está haciendo la policía. Todos obran como en la dictadura militar –concluyó Marcos Domínguez–. Están sembrando miedo para que no sigamos adelante. No sé si todos los que padecieron la detención están denunciando lo ocurrido, yo lo hice no solo por mí sino por todos”.
Junto al joven fue detenido este miércoles en la madrugada su pareja adolescente de 17 años, Belén Ontiveros, tras un allanamiento “ilegal” y “sin orden judicial” en el domicilio ubicado en el barrio Coronel Arias, en la capital jujeña.
Así lo denunció su abogada jujeña, Alejandra Cejas: “Ingresaron 10 efectivos de infantería –vestidos de esa manera– con armas de fuego largas, y otros tanto de civil, uno identificado con una pechera que decía narcotráfico, siendo entre 8 a 10 masculinos y 3 mujeres”.
Cejas relató que los policías “irrumpieron de forma violenta, sin pedir permiso ni autorización, los redujeron a todos los miembros de la familia, los obligaron al padre y madre del joven a tirarse al piso, y le daban la orden de que guarden silencio”.
En el momento del ingreso policial, Domínguez estaba con su novia Belén Ontiveros en su dormitorio viendo TV. “Pasados 20 minutos aproximadamente, un policía aparentemente se presentó y le explicó al padre del joven que iba por flagrancia y que no necesitaban orden de allanamiento, porque un fiscal le dio la orden para que ingresen”, precisa el documento judicial que publicó Télam.
“Claramente el allanamiento denunciado es una continuación de la tortura recibida, y un acto de intimidación a Domínguez y su familia”, agregó Cejas.
Revolucionaria
Esta semana el Instituto Nacional del Teatro denunció que la docente, actriz y bailarina, Camila Müller fue agredida verbal y físicamente en la madrugada del 28 de junio en su domicilio. Antes de irse, le dijeron «No te hagas la revolucionaria, ya te tenemos junada».
«Entendemos que la represión que se hizo brutalmente visible en las calles de nuestra ciudad capital, ejercida por las fuerzas de seguridad de la provincia, hoy persisten en este tipo de actos que pretenden sembrar el miedo y el silencio –resaltaron desde el Instituto–. Responsabilizamos al gobierno de Juntos por el Cambio de la violencia ejercida contra nuestra compañera y de cualquier agresión que alcance a cualquier otro/a artista de nuestra comunidad».
Desde la represión y detenciones arbitrarias del 20 de junio, se van sumando más denuncias de la violencia institucional de la policía jujeña. En las últimas horas la Cámara Federal de Casación Penal declaró la competencia de la justicia federal de Jujuy para intervenir en el habeas corpus presentado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS) y por la organización Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) con motivo de la represión a las protestas ocurridas en Jujuy.
Los jueces de la Sala Cuarta hicieron lugar a los recursos planteados por CELS y Andhes y revocaron así las las decisiones del juez y de la Cámara Federal de Salta que habían otorgado competencia a la Justicia provincial para intervenir en el habeas corpus presentado por esas instituciones.
