Hace exactamente un mes, la explosión en una escuela rural de Neuquén por una presunta fuga de gas provocó la muerte de tres personas: los operarios Mariano Spinedi y Nicolás Francés, que fallecieron en el momento, y la docente Mónica Jara, quien agonizó durante diez días. Para visibilizar el caso, que pese a la gravedad pasó bastante desapercibido a nivel nacional, y para reclamar justicia y exigir escuelas seguras, la comunidad educativa provincial convocó a un paro y movilización. Denuncian que la escuela no tendría que haber estado habilitada y piden la renuncia de la ministra de Educación y otros funcionarios.

“La idea es visibilizar este hecho que desde el primer momento señalamos que tiene que ver con una negligencia del gobierno de la provincia, que no se trata de un accidente”, definió Ariel Pino, secretario general de la Asociación de Trabajadorxs de la Educación de Neuquén capital (ATEN). Y agregó, en diálogo con Tiempo: “Queremos poner en debate qué es lo que decimos cuando hablamos de escuela segura. Cuando planteamos la importancia del seguimiento del gobierno de las condiciones edilicias y de mantenimiento y qué pasa cuando eso no sucede y queda recargada la responsabilidad de los equipos directivos”. El paro provincial de protesta se repetirá el 12 de agosto, cuando se cumpla un mes del fallecimiento de la docente Jara.

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Ella estaba en su primer día como maestra presencial en la Escuela Albergue 144 del paraje Aguada San Roque, a 150 kilómetros de la capital neuquina, cuando una explosión tuvo consecuencias fatales. “La causa está caratulada como homicidio culposo, eso indica que en la investigación se va a avanzar sobre responsabilidades en la obra. Pero no hay imputados. Y otra de las definiciones que tomamos es el pedido de renuncia de la ministra de educación, María Cristina Storioni, y el subsecretario de Obras Públicas, Ricardo Deza”, completó Pino.

El referente de ATEN explicó que tanto la ministra como Deza expresaron que la escuela no estaba en condiciones de ser habitada y que desconocían por qué había docentes y niños ese día si no estaba finalizada la obra. “Pero tras las primeras investigaciones se encuentra un documento firmado por el subsecretario de Obras Públicas que decía que estaba en condiciones de habitabilidad y estaba finalizada la obra. Nos parece gravísimo que se haya habilitado eso”.

“El gobierno provincial ha sido muy hermético con sus declaraciones. El gobernador (Omar Gutiérrez) no dijo nada. Lo cual también genera algún marco de sospecha sobre cuán dispuestos están a avanzar en una investigación transparente. En Neuquén estamos acostumbrados y acostumbradas a cabalgar con esa dificultad: tenemos los antecedentes de Carlos Fuentealba y Silvia Rogetti”, dijo Pino en referencia al maestro asesinado durante una represión policial en 2007 y la docente fallecida tras una herida con un hierro en una obra en ejecución en una escuela en el año 2000.

La causa tramita en el Juzgado Penal de la ciudad de Cutral Co. Las familias de Jara y de uno de los operarios fallecidos se presentaron como querellantes en la causa. ATEN también pidió hacerlo, pero fue rechazada en primera instancia y está pendiente de resolución la apelación.

Por otra parte, en el marco del reclamo, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) organizó una jornada nacional de para exigir el cumplimiento de los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional sobre Escuelas Seguras.