El caso de Daiana Abregú, la joven que fue hallada muerta en una comisaría de Laprida, reflotó un reclamo de larga data. Organismos de derechos humanos advirtieron al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por una “vieja y repudiable práctica policial” que tiene que ver con que “cuando un policía es sospechado, se resuelve su traslado a otra dependencia donde la comunidad desconoce su potencial peligro”.

El planteo fue realizado por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presentaron este miércoles un escrito conjunto al gobernador Kicillof, firmado por las máximas autoridades de ambas entidades. Entre ellas se encuentra el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Reclaman que la Policía que conduce el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, “cese con una vieja y repudiable práctica que consiste en trasladar a policías sospechados a otra dependencia donde la comunidad desconoce esa situación”.

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«Tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el propósito de trasladarle nuestra honda preocupación por el desarrollo continuo de una práctica que contraviene la función propia de las fuerzas de seguridad y genera una profunda desconfianza social hacia las mismas. Nos referimos a los traslados de efectivos policiales desde una repartición en la que han tenido una actuación sospechada de delictiva a otra repartición en la que muchas veces suele desconocerse esa circunstancia», explicaron mediante un documento que lleva la firma de Guillermo Torremare, Eduardo Tavani y Soledad Astudillo, presidentes y presidenta de la APDH, y por parte de la CPM, de su secretario, Roberto Cipriano García, su presidenta, Dora Barrancos, y su presidente, Adolfo Pérez Esquivel.

El escrito agrega que esta práctica «es habitual y se remonta en el tiempo» y «es inaceptable porque importa la convalidación de conductas sospechadas por parte de integrantes de la fuerza que debe velar, precisamente, por la prevención del delito». El planteo se ejemplificó con un caso reciente: el del comisario inspector Marcelo Amaya, quien se desempeñaba como jefe de Policía Comunal en Laprida, y el comisario Cristian Barrios, jefe de la Estación de Policía Comunal de la misma ciudad, donde el 5 de junio murió Daiana Abregú. Ambos «resultan ser -cuanto menos- responsables funcionales de su deceso, en tanto jefes respectivamente, de la fuerza que estuvo a cargo de su aprehensión y custodia y de la dependencia donde se produjo ese gravísimo hecho. Lejos de haber sido separados preventivamente de sus cargos, fueron trasladados a cumplir funciones en la ciudad de Tres Arroyos».

«La persistencia del mecanismo que criticamos es violatoria de la ley orgánica policial 13.482, cuyo espíritu propicia que las fuerzas de seguridad sean absolutamente respetuosas de los derechos humanos, lo que es tributario de los mandatos constitucionales tanto en la Nación y como en la Provincia», remarcaron, y exigieron que «se dispongan las medidas normativas necesarias para impedir la práctica aquí denunciada».

El suicidio que no fue

La versión policial tras la muerte de Daiana, de 26 años y mamá de un nene de 9, fue que se había quitado la vida en el calabozo, usando su campera para colgarse. La primera autopsia dio cuenta de marcas en el cuello, pero la segunda –realizada tras el reclamo de la CPM y del abogado querellante- en su informe preliminar echó por tierra esa versión.

Tras ese segundo análisis se concretó la detención de cinco policías, en cuyas declaraciones indagatorias se expusieron contradicciones e irregularidades como alteraciones en los libros de guardia de la Comisaría de Laprida.

La familia de Daiana desde un primer momento había denunciado el accionar de la policía local y había cuestionado la versión del suicidio, con marchas tanto en Laprida como en La Plata. “Cuando la policía me comunicó que Daiana había decidido quitarse la vida, no lo creí posible. En ese mismo momento supe que algo le habían hecho en esa comisaria. Daiana se iba a ir a vivir a La Plata para estudiar enfermería, estaba muy entusiasmada con un nuevo proyecto con su hijo Tobías”, contó María Laura, madre de Daiana.

El mensaje de Amnistía

En las últimas horas, la organización Amnistía Internacional también se pronunció por el caso de Daiana Abregú y reclamó que “la investigación por su muerte debe avanzar sin demoras ni irregularidades”.

“Desde Amnistía Internacional acompañamos el reclamo de sus familiares para que se garantice una investigación imparcial y urgente que esclarezca los hechos y la participación de todas las personas involucradas en la detención de Daiana, su muerte e intento de ocultamiento de los hechos. Nuevamente nos encontramos ante hechos intolerables de violencia policial. El mensaje de la justicia debe ser urgente y contundente: no más impunidad y no más muertes por violencia institucional en Argentina. A la vez, todos los poderes del Estado deben trabajar de manera seria en una estrategia para combatir la repetición de estos casos”, concluyó Mariela Belski, directora ejecutiva de esa entidad.