Quien transite cotidianamente la Ciudad de Buenos Aires podrá apreciar el avance de las desarrollas inmobiliarias a lo largo de los últimos años. Pero en algunos casos se percibe de manera literal, como ocurre con el terreno donde una firma quiere construir el Palacio Roccatagliata, en el barrio de Coghlan, impedida hasta el momento por violar los parámetros permitidos que establece el Código de Planeamiento Urbano (CPU). El martes, el lugar amaneció con un enorme cartel donde se escracha a “las personas que se oponen a la continuidad de esta obra”, poniendo los nombres y apellidos, y las direcciones de cada uno de los vecinos que reclaman por la ilegalidad de esa construcción.

“Estos son los vecinos que se oponen a la terminación de esta obra (…) Son los responsables del estado actual de abandono de la zona. Somos 270 compradores de departamentos, muchos de nosotros vecinos del barrio, perjudicados por la acción de unos pocos opositores a todo, con el apoyo del inefable ex legislador Gustavo Vera. Perjuicio para todos; propietarios, vecinos y CABA. Reaccionemos ya o será muy tarde!!!”, expresa el cartel, firmado por “Compradores autoconvocados hartos de demoras”. Para Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, “no cabe dudas que detrás de esta firma difusa se encuentra Palacio Roccatagliata S.A., propietaria del predio y desarrolladora del proyecto, que cómo mínimo ha autorizado la instalación de estos carteles en el inmueble de su propiedad. La ética del dinero, la obtención de alta rentabilidad por especulación, ha llevado a esta desarrolladora inmobiliaria a sobrepasar los límites legales y los morales de convivencia democrática”. 

El mensaje de los “compradores autoconvocados hartos de demoras” cierra aseverando que “los jueces de la CABA Oteguy, Seijas, Centanaro y Zuleta no le conceden al Gobierno el recurso extraordinario. Tienen cajoneado el expediente desde octubre de 2017 pues están en guerra con el Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. El procurador de la CABA tiene que presentar el recurso de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la CABA ya mismo. Basta de demoras. Basta de justicia politizada. Rechacen ya la cautelar y el fallo que impide la continuación de la obra”. 

Baldiviezo sostiene que “este escrache público constituye sin lugar a dudas una intimidación y un hostigamiento amenazante por parte del poder inmobiliario hacia vecinos que tuvieron el coraje de enfrentarse a un proyecto que simboliza el paradigma de la especulación inmobiliaria con connivencia estatal”. 

Hasta el momento el Poder Judicial de la Ciudad dictó cinco sentencias donde reconoció que el permiso de obra otorgado a Palacio Roccatagliata S.A. para construir en Franklin Roosevelt 3101 es ilegal, al ir en contra de lo definido por el CPU. Por ejemplo, supera los m2 permitidos (una de las dos torres planeadas llega a los 28 pisos), sobrepasa la altura de la zona y ocupa de forma ilegítima el pulmón de manzana. El gobierno porteño no sólo aprobó los planos, sino que además acompañó a la desarrolla en las apelaciones de cada instancia. 

De hecho, más allá que el cartel en Villa Roccatagliata es firmado por “compradores autoconvocados hartos de demoras”, existe un grupo de “compradores autoconvocados” que demandó judicialmente al Gobierno de la Ciudad y a la desarrolla inmobiliaria por la mala defensa judicial y por vender unidades funcionales a partir de un proyecto que iba en contra del Código de Planeamiento. Baldiviezo agrega que el abandono de la obra, que generó un principio de incendio hace más de un mes, “es otra estrategia para presionar con la continuidad de la obra”.