La justicia boliviana pedirá a Estados Unidos la extradición de el ex ministro de Gobierno de Arturo Murillo, detenido en ese país por lavado de dinero y corrupción en una causa por el cobro de coimas para la compra de gases lacrimógenos y armas para la represión tras el golpe contra Evo Morales de noviembre de 2019. El que fuera hombre fuerte del régimen encabezado por Jeanine Añez deberá enfrentar este lunes una audiencia en una corte del distrito sur de Florida en la que su defensor, como es de rigor, pedirá la libertad bajo fianza hasta que se sustancie el juicio.

Murillo es un oscuro personaje responsable último de las matanzas de Sacaba y Senkata contra manifestantes contra el golpe de estado que terminó con el gobierno democrático de Evo Morales. Enconado enemigo del MAS y los cambios registrados en Bolivia desde la llegada de Morales al poder, en 2005, ya tenía causas abiertas en Bolivia desde 2016 por haber falsificado documentos para presentarse a elecciones.

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El caso de los sobornos en la compra de material para uso represivo ilustra el trasfondo de quienes protagonizaron el golpe. Fue tan burda la operación que las pruebas en contra de Murillo y quienes lo secundaron que sería difícil aliviarles una condena. Incluso porque “los servicios prestados” para sacar del poder a Morales no lograron impedir que el MAS volviera a gobernar un año más tarde. Lo que quizás explique el repentino gesto de transparencia de organismos de EE UU cuando nunca actuaron igual, por ejemplo, con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ex ministros de Defensa y de Hidrocarburos por la represión de 2003 contra protestas populares, reclamados por genocidio en 2008.

Murillo fue detenido el 22 de mayo junto su ex jefe de Gabinete -Sergio Rodrigo Méndez- y los dueños de una firma proveedora de equipo policial con sede en Florida -Bryan Berkman y su hijo Luis- y un intermediario de nacionalidad estadounidense con residencya y oficinas en Buenos Aires para actividades comerciales e inmobiliarias, Philip Lichtenfeld.

La empresa de los Berkman -que tienen doble nacionalidad boliviana y estadounidense- Intermediary Company, aparece como la compradora de gas lacrimógeno a una firma de Brasil, Cóndor, por 3,3 millones de dólares, pero el Banco Central de Bolivia giró a intermediarios 5,6 millones por ese material. El contacto entre los funcionarios de facto y la fábrica de armamento “no letal”, Lichtenfeld, es accionista del consorcio World Trade Center (WTC) Santa Cruz, pero se quedó finalmente sin el pan y sin la torta. WTC informo ahora que “activó los mecanismos empresariales” para dejarlo afuera de un megaproyecto inmobiliario en el oriente boliviano

Otro involucrado en el proceso es el ex ministro de Defensa Luis Fernando López. Aparte de los documentos firmados por Murillo y compañía hay mensajes de WhatsApp y mails donde los implicados hablan con tal naturalidad de la maniobra que evidentemente pensaban que se iban a quedar indefinidamente en el poder. Todos ellos huyeron poco antes de que Añez dejara el gobierno luego de las elecciones que ganó Luis Arce en octubre pasado.

El régimen ultraderechista quería elementos para reprimir las manifestaciones contra la interrupción constitucional. Por eso en un principio pidieron un préstamo de gases lacrimógenos al gobierno de Lenin Moreno. Lo jugoso del caso es que el préstamo nunca fue devuelto, según señaló el abogado de dos exfuncionarios que quedaron salpicados por la maniobra. “Se prestaron un avión de la Fuerza Aérea y le pidieron al Gobierno ecuatoriano el valor equivalente a 9 millones de bolivianos (1,3 millones de dólares) de gas para suplir hasta que llegue esta compra”, dijo Gary Prado Aráuz, hijo del general Gary Prado Salmón, quien dirigió la patrulla que en octubre de 1967 capturó al Che Guevara. Moreno se apresuró a cumplir con el pedido de un “gobierno amigo”, corroboró Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación de Añez. «