La polarización extrema y creciente en la región genera un enfrentamiento entre poderes de gobiernos que atenta con obstaculizar, torcer el rumbo, e incluso hacer fracasar a gestiones, independientemente de su color político. Pedro Castillo, en Perú, y Guillermo Lasso, en Ecuador, sostienen una dura pelea con sus parlamentos unicamerales que amenazan, en el caso más extremo, con desplazar a Castillo de su cargo, y en el de Lasso, de avanzar con la mayoría de sus políticas de corte conservador y liberal. Ambos presidentes se reunieron ayer en Ecuador en el marco del 14º Gabinete Binacional, un encuentro con todos sus ministros para trabajar en el diálogo y en la coordinación política entre países vecinos con histórica relación. Acaso compartiendo una realidad semejante y pensar soluciones iguales para conflictos similares. La alianza menos esperada entre dos políticos de signos diametralmente opuestos.

A pesar tener el bloque mayoritario, los actuales 32 diputados del bloque oficialista Perú Libre no constituyen una mayoría capaz de imponer la línea de gobierno, y mucho menos el quórum requerido para un Congreso de 130 miembros, aun sumando los eventuales aliados como Juntos por el Perú, Cambio Democrático y Perú Democrático, que reúnen apenas 12 legisladores. Esto sin contar las dos corrientes que se manifiestan dentro del bloque oficialista; y las escisiones que les hicieron perder cinco diputados de los 37 obtenidos tras el magro 19% logrado en la primera vuelta electoral. El Congreso, presidido por la opositora María del Carmen Alva, está virtualmente tomado por los partidos de derecha y extrema derecha, entre ellos Fuerza Popular, de Keiko Fujimori; Renovación Popular y Avanza País. Los sectores de derecha se valen de las cláusulas constitucionales que le confieren autoridad sobre los nombramientos del Gabinete de ministros, la posibilidad de rechazarlo en pleno o parcialmente, como lo ha venido haciendo desde la asunción de julio del año pasado, obligando al presidente a renovar su plantel completo en cuatro oportunidades. La actual Constitución además otorga al legislativo una cláusula para declarar incapaz al presidente ante los reiterados desacuerdos y declarar la “vacancia”. Ya existen los antecedentes de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, destituidos en el transcurso de dos años. En ambos casos tuvo una participación central Keiko Fujimori, derrotada en la segunda vuelta de 2021. Contra Castillo hubo ya dos intentos, en diciembre y principios de abril, aunque no prosperaron. Esta semana, una Comisión de Fiscalización parlamentaria informó que tiene “evidencias suficientes de actos de corrupción” del presidente, que podrían derivar en una nueva moción de censura. Por su parte, la presidenta del Congreso rechazó el reciente proyecto presidencial de incluir una consulta popular sobre la posibilidad de una nueva Carta Magna en las elecciones locales del 2 de octubre. Para Alva, el gobierno podría ser objeto «de una denuncia» ante la Justicia por esa propuesta que no pretende más que cumplir con la promesa de campaña de instaurar una Asamblea Constituyente. En tanto la imagen de Castillo se sigue derrumbando. En medio de protestas por alzas de precios en alimentos y combustibles, un sondeo reciente afirma que solo el 19% aprueba su gestión, contra el 76% de rechazo.

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En Ecuador

El presidente ecuatoriano viene sosteniendo una disputa pública con la Asamblea Nacional, al punto de que anunció que promoverá una consulta popular para aprobar una ley que el congreso le rechazó. Se trata de un proyecto de inversiones clave en su plan económico, que impulsa las Asociaciones Públicas-Privadas. Lasso, con la escasa representación legislativa de 13 diputados (de 137) calificó a los opositores de “corruptos y ladrones”, denunció un “bloqueo” y amenaza con aplicar la “muerte cruzada”, una cláusula constitucional que permite disolver el Parlamento ante reiterados rechazos.

La oposición, mayormente de izquierda, se concentra en el partido Unes, que contiene al sector que responde a Rafael Correa, con 48 legisladores, y el indígena de Pachakutik, dividido en un sector crítico y otro más dialoguista. En un contexto de crisis económica pospandémica, logró bloquear varios proyectos de Lasso, entre ellos reformas laborales y tributarias. La oposición ahora busca remover a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de Pachakutik, tras una solicitud de destitución por supuesto incumplimiento de funciones presentada por Partido Social Cristiano (PSC). Llori denunció por ello a 81 diputados por «incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente».

En tanto, impedido de aplicar sus políticas centrales, Lasso enfrenta una crisis de gabinete. En los últimos días se produjeron cuatro renuncias: el miércoles dimitió el de Defensa, Luis Hernández, y 24 horas después, el de Energía, Juan Carlos Bermeo. El jueves 28 llegó también la noticia de la salida de Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, y, en la tarde, de Pedro Álava, hasta entonces ministro de Agricultura. Así suman 16 cambios en las principales entidades del Gabinete presidencial en once meses. «

El correísmo advierte sobre nuevas persecuciones

Luego de la campaña política y mediática en su contra por haber otorgado la excarcelación a Jorge Glas, el ex vice de Rafael Correa y condenado a ocho años de cárcel por cohecho, el juez Diego Moscoso fue suspendido por 90 días por el Consejo de la Judicatura. La decisión fue tomada por otro caso aunque, según pudo saber Tiempo, desde el correísmo hay pleno convencimiento de que el hecho se enmarca en la persecución judicial al espacio, ya que Moscoso debía hacer o no lugar a la apelación presentada contra el hábeas corpus.Glas cumplía una sentencia de seis años por asociación ilícita y otra de ocho años por el delito de cohecho. También está procesado por un caso de peculado que fue apelado. El ex vicepresidente dejó la prisión el 10 de abril tras permanecer recluido desde finales de 2017. Ayer se presentó ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas como parte de las disposiciones establecidas en el beneficio de excarcelación y echando por tierra la idea de posible fuga instalada por el oficialismo y el poder mediático.Para desplazar temporalmente del cargo a Moscoso, la CJ tomó una declaración jurisdiccional previa, de febrero, determinada por la Corte de la provincia de Santa Elena, oeste de Ecuador, a la que pertenece el juez, por “negligencia manifiesta” en otro caso.Moscoso es el tercer juez al que sanciona el CJ. El lunes, la jueza de Manglaralto, Erika Moriel, fue suspendida por 90 días tras otorgar ese beneficio a un ciudadano holandés requerido por los Países Bajos en un trámite de extradición por tráfico de drogas. El fallo emitido por Moscoso el 9 de abril permitió la salida del también ex vice de Lenín Moreno (2017-2021) del centro de rehabilitación regional de Cotopaxi, en el centro del país.