En el suntuoso salón de las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, podría empezar a corregirse mañana una de las grandes injusticias de la historia: el encierro territorial de Bolivia como consecuencia de un acto de fuerza protagonizado por Chile, que en 1879 invadió el país a instancias de los poderes imperiales. Gran Bretaña, por entonces. La CIJ podría anunciar que Chile está obligado jurídica, histórica y moralmente a dialogar para encontrar una fórmula que permita acabar con la condición mediterránea de Bolivia. No puede expedirse sobre la cuestión de fondo, pero sí sobre el reclamo del gobierno de Evo Morales, en cuanto a que Santiago «negocie de buena fe un acuerdo pronto y efectivo».

En el altiplano, los bolivianos aguardan con la ilusión de celebrar como un triunfo el simple hecho de sentarse a hablar con la otra parte. Para que todos celebren y participen con su aporte en lo que se vendría, Morales amnistió a los expresidentes que estaban bajo proceso judicial y mañana estarán todos acompañándolo en La Haya, en la audiencia de divulgación del fallo. En Chile, como si previera una derrota, el gobierno enviará una delegación de funcionarios de segunda categoría que no incluye siquiera al canciller Roberto Ampuero.

Más de un siglo después de la invasión que lo sumió en el enclaustramiento, La Paz presentó ante la CIJ la Memoria Boliviana, un alegato de 200 páginas y tres cuerpos, uno histórico y dos jurídicos. «Para los 11 millones de bolivianos el mar es irrenunciable», dijo Morales el 13 de junio de 2013, en La Haya, cuando entregó el documento a los 17 jueces de la Corte. Bolivia explicó su «derecho originario y legítimo» a recuperar sus costas y para ello acudió al «derecho expectaticio» (ver recuadro).

En la segunda mitad del siglo XIX, el hallazgo de grandes depósitos de salitre en Atacama –en el hoy norte chileno– despertó la voracidad de las compañías británicas y sus socios locales. Así, el 14 de febrero de 1879, la marina de guerra de Chile ocupó el puerto boliviano de Antofagasta y dio inicio a la denominada Guerra del Pacífico. Tras 43 meses de una cruenta contienda, Chile se quedó con 120 mil kilómetros cuadrados de territorio boliviano y 400 kilómetros de costa. Bolivia perdió sus puertos y quedó encerrado en medio del continente.

En los finales del siglo pasado y en lo que va del actual hubo tres intentos de conciliación. El primero, impulsado por el presidente Salvador Allende (1970-1973) y abortado por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El segundo, a instancias del dictador Augusto Pinochet, pero frustrado en su origen por las dificultades que oponía una cláusula que proponía un canje territorial. El tercero obedeció a una iniciativa de Michele Bachelet durante su primera presidencia (2006-2010). Se trataba de una agenda que incluía la salida marítima, pero la idea murió con el gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014). La pelota quedó entonces en el campo chileno. Por las raíces socialistas comunes con Allende, se pensó que durante su segunda presidencia (2014-2018) Bachelet haría honor al presidente muerto en La Moneda, que en agosto de 1971 había anunciado que «llegó la hora de la gran reparación histórica de una injusticia cometida contra Bolivia».

La presentación ante la CIJ se vio en pantallas instaladas en plazas y teatros. Unidos bajo una misma consigna, ese día los bolivianos vitorearon al presidente como nunca antes lo había imaginado. Con lágrimas en los ojos, la senadora ultraderechista Centa Rek abrazó a Morales y expresó su creencia de que «este gobierno nos llevará a una solución». Morales impulsó la presentación ante la CIJ seis años antes de las siguientes elecciones. Hoy, a 13 meses de esos comicios de los que saldrá el presidente del Bicentenario (6 de agosto de 2025), si se acuerda una salida justa para Bolivia, Morales pasará a integrar la galería de los héroes y Bolivia se habrá asegurado la permanencia durante 19 años del presidente que lo ha llevado a tener los mejores indicadores sociales y económicos de América Latina.

Qué es el derecho expectaticio

Tras la Segunda Guerra Mundial el derecho internacional amplió sus miras para que los países pudieran hacerse nuevos reclamos entre sí. Surgió así la idea del «status expectaticio», un concepto originado en las declaraciones unilaterales que crean expectativas/obligaciones a los Estados. Los juristas lo definen como derechos latentes basados en la esperanza de alcanzar una reparación a futuro. En el caso boliviano, Chile ha realizado varias declaraciones prometiendo otorgar una salida que acabe con el enclaustramiento.
Bolivia reclamó que La Haya reconociera que, fruto de ofrecimientos formales hechos por presidentes y gobiernos de Chile —en especial el realizado en 1975 por el dictador Augusto Pinochet, que a cambio de un canje territorial ofreció un corredor de salida al mar—, el país adquirió derechos expectaticios que le permitirían negociar una salida soberana al Pacífico sobre antiguos territorios bolivianos integrados al norte de Chile desde el fin de la Guerra del Pacífico.