A 50 años del golpe de Estado en Chile, la fecha que recuerda aquella ruptura democrática de 1973 en el país no es día feriado y que lo sea, no es reivindicación del campo popular. Son la derecha pinochetista y la extrema derecha, mediante el diputado de la Unión Demócrata Independiente Álvaro Carter, quienes han propuesto a mediados de julio al congreso chileno que ese día vuelva a ser feriado, como lo fue desde que la dictadura lo instituyó en 1981 como Día de la Liberación Nacional y hasta que se eliminó como feriado en democracia, en el año 1998.
En los años ’90, cuando en Chile se instalaba el primer gobierno democrático post dictadura, se vivía una transición compleja. Pinochet siguió siendo comandante en jefe del ejército hasta el año 1998 y, bajo su propia constitución, asumió el cargo de senador vitalicio hasta que renunció al cargo en 2002.
En ese Chile, la coalición de partidos que encabezaba aquel proceso y gobierno fue la denominada Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición que iba de socialistas a democratacristianos, quienes se instalaron tibiamente –siempre con temor palpitante de los movimientos de tropa cerca de La Moneda– cuando se comenzaron a revisar las causas de Derechos Humanos, los crímenes cometidos durante la dictadura, así como el «caso cheques» que involucraba al hijo de Pinochet. En aquel momento, mayo de 1993, los uniformados hicieron ejercicios militares extraños, uno de ellos conocido como «el boinazo»: un grupo de comandos boina negra se plantaron cerca del palacio de gobierno para demostrar que había temas que todavía no se podían tocar.
La Concertación hablaba de cambios «en la medida de lo posible» y finalmente terminaron siendo artífices del perfeccionamiento y la profundización del modelo neoliberal heredado de la dictadura con paquetes, privatizaciones y concesiones de distinto calibre y con todo lo que se pudiera privatizar en el país.
El legado en Derechos Humanos de este periodo está relacionado a la constitución de la Comisión Rettig y Valech, mecanismos de búsqueda de verdad y reparación a las víctimas de la dictadura, momento en el que se comenzaron a abrir causas a militares de bajo rango o mandos medios pero nunca el alto mando de la junta militar.
¿Por qué no es el Día Nacional de la Memoria como lo es el 24 de marzo en Argentina?
La fecha del golpe militar en Chile, es decir, el 11 de septiembre, no fue reivindicada por la Concertación. Por el contrario, sus gobiernos optaron por barrerla bajo la alfombra, primero con un timorato cambio al nombre del feriado, llamándolo Día de la Unidad Nacional, y de paso cambiando la fecha exacta, pues ya no sería el 11, sino el primer lunes de cada septiembre, un feriado impopular que duró tres años y terminó siendo eliminado el año 2001.
Cabe recordar que en Chile quienes reivindican hasta hoy el 11 de septiembre como fecha conmemorativa y feriado no son precisamente los de la Concertación, ni los partidos que quedaron pululando de ella, ni tampoco el gobierno del presidente Gabriel Boric, ni los partidos de izquierda tradicional chilena. El 11 de septiembre como feriado es una de las demandas de la derecha pinochetista y la extrema derecha.
Antes de eliminarse como feriado en 1998, varias calles del país se llamaban así: 11 de septiembre. Pero la referencia a la fecha no se hacía como en Argentina para recordar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. O como sociedad chilena, reflexionar y decir nunca más. Por el contrario, el 11 de septiembre se festejaba en Chile la victoria de las Fuerzas Armadas frente al comunismo y hasta este año, es la derecha la que insiste en volver a ese feriado como Día de Reflexión, Unidad y Conmemoración, pero con la perspectiva de, precisamente, estigmatizar la conmemoración, en base a señalar que es una fecha donde se desata el vandalismo y las personas no pueden volver tranquilas de sus trabajos y centros de estudios.
A 50 años del golpe
Con este panorama, no resulta extraño que el gobierno de Boric se haya enfrentado y ejercido a su vez la desidia de esta conmemoración.
Primero, enfrentando la crisis ocasionada por Patricio Fernández, escritor y periodista que hasta hace unas semanas fungía como asesor presidencial para las actividades oficiales que se están preparando para conmemorar los 50 años del golpe. Las declaraciones de Fernández en un programa radial provocaron la molestia de 160 agrupaciones de Derechos Humanos y de familiares de víctimas de la dictadura, al relativizar las razones del golpe.
Por otra parte, Boric llamó infructuosamente a la oposición a firmar juntos una declaración respecto a los 50 años del golpe, pero la respuesta de la derecha, a través del diputado Frank Sauerbaum, fue decir que no están «disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada».
Para colmo, hace pocos días las declaraciones del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle cayeron como balde de agua fría sobre la conmemoración cuando decidió apelar a que Chile no siga «discutiendo los 50 años, si van a pasar 100 años, 200 años y no va a haber una verdad oficial». Pues sucede que el propio expresidente, es también una víctima directa la dictadura, ya que su padre, el expresidente Eduardo Frei Montalva, fue asesinado por agentes de Pinochet con gas sarín y Frei hijo recibió a Pinochet en el aeropuerto después de apoyarlo como Estado durante la detención del dictador en Inglaterra.
Por si no fuera poco, los 50 años se dan en un contexto de un gobierno progresista debilitado y el auge de la extrema derecha encarnada en el Partido Republicano, misma agrupación que hoy encabeza holgadamente el nuevo proceso constituyente que busca reemplazar la actual constitución de Chile implantada en 1980 por la dictadura de Pinochet.
