La ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza se convirtió en el suceso más mortal para los corresponsales que cubren conflictos, aseguró el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

«Al corte del 2 de noviembre, entre las 10.000 personas muertas desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, al menos 36 fueron periodistas y trabajadores de medios», indicó el organismo en un comunicado recogido por la agencia de noticias Sputnik.

El reporte se conoció poco después de que se informara que el periodista de la cadena Palestina TV Mohamed Abu Hatab murió en la noche del jueves junto a 11 miembros de su familia tras un bombardeo del Ejército de Israel contra la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, anunció la agencia de noticias palestina Wafa, citada por Europa Press.

Abu Hatab había estado trabajando en directo tan solo una hora antes de su muerte, y con él ya son cuatros los periodistas de la cadena que han muerto en los bombardeos iniciados tras el cruento ataque que el movimiento islamista palestino Hamas realizó el pasado 7 de octubre en territorio israelí, y que dejó unos 1.400 muertos y 240 rehenes.

El último reporte oficial de las autoridades de Hamas cifró en al menos 9.061 los palestinos que murieron y en unos 32.000 los heridos en tres semanas y media de bombardeos israelíes, entre ellos 3.760 menores y 2.326 mujeres.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP), junto con más de 70 asociaciones y sindicatos de periodistas de todo el mundo, exigió el jueves a Israel que tome medidas para proteger la vida de los trabajadores de prensa que cubren la guerra en Gaza, de acuerdo con el derecho internacional, comunicó la organización en su sitio web.

«El número de trabajadores de los medios de comunicación que han perdido la vida en tres semanas de conflicto no tiene precedentes», indicó un comunicado, que llamó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a «seguir rigurosamente el derecho internacional que requiere que los combatientes tomen todas las medidas razonables para tratar a los periodistas como civiles y salvaguardar sus vidas».