El Congreso de Perú aprobó un nuevo debate para tratar la posible destitución del presidente Pedro Castillo, a quien citó para el próximo miércoles 7. Es la tercera vez que el mandatario enfrenta un juicio político y según una mirada demasiado existista de la oposición de extrema derecha, se contaría con los 87 votos necesarios (de un pleno de 130) para desplazarlo del cargo por «incapacidad moral permanente» derivada de supuestos actos de corrupción, pese a que en la sesión donde se trató la moción de pasar o no al debate, fueron 73 los votos positivos.
La situación de Castillo es, a nivel legislativo, más frágil todavía de lo que era en los intentos anteriores, en que uno ni siquiera superó la instancia previa requerida. Con el bloque original partido en cuatro; Perú Libre (PL) declarado fuera del oficialismo y reducido a un bloque de 15 diputados y los diez del bloque magisterial, que responden directamente al Ejecutivo, más algunos pocos aliados, es escaso el poder defensivo del gobierno. Sin embargo, las cuentas todavía no están cerradas. Más allá de sus críticas por izquierda y su alejamiento, el partido con el que Castillo fue electo presidente ya manifestó su rechazo a la moción de «vacancia», un estamento establecido en la Constitución peruana. «Hoy tendrán una victoria pírrica, pero al final no va ser aprobada esta moción», señaló en la sesión del jueves el parlamentario de PL Alex Flores, a propósito de la aprobación del juicio político.
Para el legislador Edward Málaga, impulsor de la moción, la vacancia del presidente devolvería «la democracia» y sería «el primer paso de cara a un adelanto de elecciones» con «un espíritu de control político». Los legisladores que votaron a favor pertenecen en su mayoría a los partidos derechistas Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular y Alianza para el Progreso.
El mismo día se trataron también otros proyectos: la Comisión de Constitución aprobó, por un lado, uno que busca incorporar al Reglamento del Congreso el procedimiento para la suspensión del presidente con 66 votos; y por el otro, le dio visto bueno a adelantar las elecciones generales del 2026 al 2023, lo que implica comicios presidenciales para el año próximo. Todo cuadra con un escenario de «golpe parlamentario», tal como describió el propio presidente, similar a los que afrontaron los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020.
Quien coincidió en la visión golpista fue Vladimir Cerrón, nada menos que el presidente de PL y exaliado de Castillo. «Conseguir 87 votos para lograr adelanto de elecciones es extremadamente difícil, todos saben que no sería más que un golpe de Estado encubierto. Tendrían que ir a referéndum y ahí debemos aprovechar preguntar sobre la viabilidad de la Asamblea Constituyente», señaló. Su hermano Waldemar, jefe del bloque partidario en el Congreso, continuó: «La solución a la crisis del bicentenario es la Asamblea Constituyente con el auténtico poder soberano de todos los sectores productivos del país. Las condiciones políticas para el cambio de constitución están dadas, debido las agudas tensiones entre poderes». La mención a la Asamblea Constituyente no es casual. Fue el principal lema de campaña de Castillo, recibido con gran expectativa por todos los sectores populares y de izquierda del país. Recientemente, el gobierno avanzó muy inteligentemente en ese sentido planteando al Congreso una «cuestión de confianza» para que tratara un proyecto del Ejecutivo para convocar a un referéndum de reforma constitucional. Lo hizo a través del entonces premier, Aníbal Torres, quien renunció tras el rechazo legislativo. Esto abrió un nuevo escenario que podría favorecer a Castillo, si supera el nuevo juicio político del miércoles. Por un lado, tras la salida de Torres, el presidente renovó parte de su gabinete convocando a su hasta ahora ministra de Cultura, Betssy Chávez, para ocupar el lugar de Torres, una jefatura de gabinete con atribuciones de primer ministro. Chávez proviene de Perú Libre aunque hoy integra una de las fracciones tras la ruptura. En otros casos, el presidente nombró a funcionarios que vienen de los otros partidos de izquierda que lo apoyan, como si en este momento crítico volviera a recostarse en ese sector. El punto a destacar es que Castillo insistirá, con este nuevo equipo, en el pedido de tratamiento al Congreso para avanzar con la reforma, y si el cuerpo lo negara, podrá nuevamente invocar la cuestión de confianza y hasta pedir la disolución del Congreso y llamar a elecciones legislativas, tal como establece la Constitución peruana. «
La OEA pide una «tregua»
En plena crisis política, el grupo de alto nivel de la OEA que evalúa la situación en Perú recomendó «una tregua política» en el país mientras se busca «encauzar un diálogo formal» en la sociedad para alcanzar una salida a la pugna entre Ejecutivo y Legislativo.
Para este equipo que arribó al país el domingo pasado, ese diálogo podría contar con el apoyo de «un tercero» o de «organizaciones internacionales». La misión consideró importante que en el marco «del diálogo nacional» se aborde el racismo y la discriminación y llamó a «ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial».
Las recomendaciones se analizarán en un próximo Consejo Permanente para votar una resolución sobre una «tregua de cien días», afirmó por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro, «consciente de que es el comienzo de un trabajo».
Las partes políticas en Perú «deberían abstenerse de innovar» y realizar actos que afecten a «la institucionalidad actual», aseguraron.
